Buenos Aires.- Los productores agropecuarios renovaron esta noche sus protestas y los cortes de rutas en Argentina tras el anuncio oficial de que parte de la recaudación de los derechos de exportación de la soja será enviada a las provincias.
El conflicto entre el gobierno y el agro se profundizó tras el fracaso este jueves por falta de quórum de la sesión convocada por la oposición para debatir un proyecto para eliminar o reducir los derechos de exportación de la soja, según el nivel de producción.

Las protestas se endurecieron en reacción al anuncio de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de que los ingresos por los derechos de exportación (retenciones) de la soja se destinarán en un 70 por ciento al Estado nacional y en un 30 por ciento a las provincias, cuando hasta el momento todos los fondos quedaban a disposición de la nación.

Las provincias recibirán así "1.776 millones de dólares, 6.520 millones de pesos, más del once por ciento de lo que hoy se distribuye en masa coparticipable", precisó la mandataria en un acto realizado en la residencia presidencial de Olivos.

"No es poco, es mucho, significa también una disminución de nuestro superávit fiscal, pero creemos que sostener las cuentas de la nación significa sostener las cuentas de las provincias y los municipios", destacó.

El gobierno decidió así no responder a la demanda rural de reducir la alícuota del 35 por ciento que paga la exportación de soja, principal cultivo argentino y del cual se vende casi su totalidad al exterior, sino destinar parte de su recaudación a las provincias, muchas de ellas en una asfixiante situación financiera.

La medida generó fuertes críticas de los dirigentes rurales. El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, afirmó que el gobierno "busca poner la plata de la soja en la campaña electoral" y advirtió que "esto precipita el conflicto".

"Nos decían que las retenciones no se tocan pero ahora sí se tocan según el interés político" de cara a las próximas elecciones legislativas, afirmó.

En tanto, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, aseguró que es "una jugada política que tiene como fin confundir a los argentinos". "Los productores nos sentimos usados una vez más", sostuvo.

Los titulares de las opositoras Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmaron en una declaración conjunta que es "otra declaración de guerra contra el campo". "Y en esta guerra el gobierno quiere sumar a su ejército a gobernadores e intendentes", denunciaron.

"La presidente sigue sin entender las cuestiones centrales para enfrentar la crisis: si vamos a producir más o no en el país, y si las provincias van a recibir los fondos que les corresponden. La presidente será la única responsable del enfrentamiento. El país reclama diálogo y consensos que aseguren el trabajo y la producción en paz", sostuvieron.

El conflicto con el agro se extiende desde hace un año, cuando comenzaron las huelgas y protestas por el alza de los derechos de exportación a los granos, que finalmente fue suspendida al fracasar su ratificación parlamentaria.

Pero la situación del agro se agravó en los últimos meses ante la fuerte presión fiscal, la caída de los precios internacionales, las restricciones a la exportación, los precios fijos para sus productos y la sequía que causó millonarios daños a su producción.

Hace un mes se reanudaron las negociaciones entre el gobierno y los dirigentes rurales, pero los productores están insatisfechos por las medidas dispuestas por las autoridades.

Fernández de Kirchner admitió hoy que la recaudación fiscal cayó en los últimos meses "y esto ha tenido impacto en los municipios y provincias", pese a que destacó que la nación todavía contabiliza superávit fiscal y comercial.

"Llegó la hora de apuntar con medidas el sostenimiento de la actividad económica dirigidas a las provincias argentinas y a los municipios", declaró la presidenta.

Estableció que los fondos provenientes de los derechos de exportación de la soja sean destinados "a infraestructura social, escuelas, viviendas, agua potable, cloacas, de modo tal que la resignación que la nación hace de esta parte del superávit vaya al sostenimiento de la actividad económica e impacte en la calidad de vida de la gente".

La mandataria instó en tanto a todos los sectores a colaborar para enfrentar la "espinosa situación de carácter internacional que no hemos provocado pero que nos golpea". "La patria somos todos, no hay posibilidad de que algunos se salven mientras otros se caen", afirmó.

El acto fue convocado de forma sorpresiva y sin revelar su contenido, pocas horas antes de la partida de la presidenta a Brasil, lo que generó la circulación de todo tipo de rumores políticos y económicos.