Francisco J. Rodríguez
Con armas viejas, chalecos antibalas que ya caducaron y violencia laboral, así opera la corporación de Torreón, que presume ser la mejor policía del norte del país. 550 policías han creado una asociación para defenderse de las injusticias a las que son sometidos, y demandarán al municipio
El asesinato de dos policías en Torreón, escoltas del Director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Castellanos, y las declaraciones de autoridades estatales, entre ellos Fausto Destenave Kuri, Secretario de Seguridad, vienen a reforzar lo que una asociación civil, creada por los mismos policías, aseguran: la policía de Torreón pende de un hilo.

Mientras las autoridades municipales se preocupan por declarar que un botón que enciende el Código Rojo no sirvió, una controversia más se ha despertado: ¿Quién mantiene la seguridad en Torreón? Destenave Kuri declaró a Vanguardia en torno a la muerte de Víctor Hugo Montelongo Gaytán, de 35 años y Martín Manuel Veliz Hernández, de 29 años, quienes fueron acribillados por armas calibres .223, R15 y ametralladoras AK-47: "La policía de Torreón ha bloqueado más de una vez el trabajo de las autoridades estatales y en otras se ha mantenido al margen de hechos contra el crimen organizado. Qué el alcalde dé la cara".

Homero Ramos Gloria, Secretario de Gobierno, aseguró que hace tres meses se le advirtió al alcalde José Angel Pérez sobre la vulnerabilidad de los cuerpos policíacos y de su política pública de seguridad. Pero no pasó nada. Tanto es así, que un par de policías de Torreón que fueron despedidos, y otro grupo de cuatro suspendidos por crear una asociación civil, dan a conocer una lista de irregularidades de la "mejor policía del norte del país", donde involucran a comandantes y al Director Alfredo Castellanos Castro.

Actualmente, elementos preventivos son descendidos de rango; su delito: pertenecer a la Asociación para la Defensa y el Bienestar Social de los Miembros de las Corporaciones del Orden y Protección Social de Torreón, Coahuila A.C.

Una historia de abusos y represalias
El tres de octubre los policías Joel Alvarado y Heriberto Montalvo, fueron despedidos de la Policía de Torreón, luego de crear una asociación civil, que revela irregularidades y malos tratos del director Alfredo Castellanos Castro y comandantes a su cargo.

A la fecha, cuatro elementos más han sido suspendidos de su cargo y otros han sido descendidos de rango, su delito: pertenecer a la Asociación para la Defensa y el Bienestar Social de los Miembros de las Corporaciones del Orden y Protección Social de Torreón, Coahuila A.C.

Pero aquí en la ciudad pocos saben de ella. Quizás porque los espectaculares que citan: "Vamos por la mejor policía del norte del país", los opaca. "¡La mejor policía!, por favor", expresa con ironía Joel Alvarado Roldán, presidente de la Asociación y ex policía desde hace mes y medio.

Despidos sospechosos
Todo inició el 21 de mayo de este año, cuando un grupo de más de 600 agentes (la corporación tiene alrededor de 950 elementos policíacos) decidieron hacer un paro de labores. El motivo: la ola de crimen organizado que se vivía.

Lo que exigían los trabajadores era: más equipo, mejor armamento, chalecos, horarios de ocho horas (trabajaban 12 por 12) y un aumento de sueldo. Se logró, después de 36 horas, un aumento de 700 pesos.

Pero un grupo de elementos no se conformó. A partir de entonces, una espina quedó sobre su mente. Para agosto de este año, formaron la asociación civil, que desde su fundación se ha desatado una "cacería de brujas" en su contra, según ellos mismos afirman.

"Cuando íbamos a presentar la asociación, en una rueda de prensa en La Majada, nos aplicaron un 4 (una denuncia, una queja). Todo fue fabricado por ellos, para golpetear a la asociación", asegura Joel, el presidente.

- ¿Es una asociación sin fines políticos?, le cuestiono a Joel.

- "Sí, esto es apartidista, sin fines políticos, tampoco es ningún sindicato como lo quieren hacer ver ni tiene línea de gobierno, sólo queremos resguardar nuestra seguridad. El director no se tomó un tiempo para leer nuestros estatutos".

- ¿Cuáles son los fines?
- "Los fines no es meternos en el sistema operativo. Nunca hemos estado en contra, ni de cursos ni de nada, todo ha sido por buscar lo mejor. Buscamos becas para nuestros hijos, despensas, verdaderos fondos de pensión, servicios funerarios dignos. Tener fondos de desempleo. Tener sustento jurídico cuando haya alguna queja."

El 12 de septiembre, a las 10 de la mañana, un patrullero acudió a la rueda de prensa y le dijo a Joel: "El director te solicita, que vayas". "Estoy fuera de mi horario de trabajo", le contestó.

Cuatro horas después, Joel tendría que presentarse a declarar ante el departamento de Asuntos Internos, que dirige Mario Arcos Landeros.

Este departamento le dio una carta donde se le informaba que "quedaba suspendido por tiempo indefinido, sin goce de sueldo, sujeto a investigación". Las causas: "faltas de propiedad, honradez y desacato injustificado a las órdenes de sus superiores". Y es que un día antes, una persona de nombre Javier García Castro, originario de Frontera, Coahuila interpuso una queja en contra de Joel, por una extorsión de 100 pesos.

Documentos a los que tuvo acceso Semanario, exhiben las irregularidades en este proceso y ponen en duda la credibilidad de la dependencia.

Joel y su compañero Enrique Caro acudieron al auxilio que les comunicó el 066 (en el sector sur, uno de los más delictivos) por auto sospechoso (Javier García). Otra unidad, la 35587, llegó como apoyo. Sólo Joel fue acusado. Diez minutos después, según las declaraciones, el comandante José Canales, quien también es de Frontera, asegura haber recibido una llamada del supuesto quejoso.

En base al artículo 74 del Reglamento Interior de la Corporación, Joel exigió pruebas para demostrar su inocencia: careo con el quejoso, testimonio de su compañero, testimonio de tres agentes y del comandante José Canales. Esto se realizó mes y medio después, cuando debió ser en un plazo de 10 días. El quejoso nunca se presentó.

La causal "desacato de órdenes", era imposible ya que Joel no se encontraba en su horario de trabajo.

No debió ser dado de baja hasta que se comprobara su culpabilidad. Jamás existió investigación.

Las quejas se dieron en la madrugada, cuando el departamento que recibe éstas, trabaja en horario normal de oficina. El 3 de octubre, sin pruebas que demostraran su culpabilidad, Joel fue dado de baja y con esto, dejó de percibir los 2 mil 800 pesos quincenales con los que sostenía a sus tres hijos y esposa.

Heriberto Montalvo, también cabeza de la asociación, fue dado de baja casi de la misma forma: Las diferencias fueron que a él se le acusó de una extorsión de 200 pesos; la supuesta extorsión se da una hora antes que Joel y el quejoso no era de Frontera sino de Lerdo, Durango.

"El mismo día de la rueda de prensa, para dar a conocer la asociación, el director dijo que tenía una queja en contra de nosotros", asegura Heriberto.

Al día siguiente, el día 13 de septiembre, se publicaron dos notas en el periódico Noticias: una era sobre la creación de la asociación y otra decía: "Al mismo tiempo que dan a conocer la asociación, uno de los fundadores (Heriberto) es acusado de presunta extorsión". En la nota sale la fotografía de Heriberto y del quejoso.

Actualmente Heriberto, que en marzo próximo cumpliría 20 años como policía, vive de atender una miscelánea. Joel, con ocho años ininterrumpidos y casi 20 en total, ayuda en un taller mecánico. Ninguno había tenido alguna queja en su historial.

"Hay quejas de policías que han golpeado gente o de otros que han extorsionado hasta por mil pesos, nuestro despido fue sólo por la asociación" asegura Joel, el fundador.

Elementos son descendidos de puesto
Un grupo de elementos preventivos, entre ellos Alvaro Reyna Téllez, han sido bajados de patrulleros a servicios especiales debido a estar adheridos a la Asociación Civil. La diferencia: cuando se es patrullero el policía tiene derecho a dos compensaciones. Una de mil pesos siempre y cuando no existan eventos (delitos) en su sector, y otra de 250 pesos por el resguardo de la unidad. En servicios especiales sólo se permanece en cierto lugar, por ejemplo a Alvaro, lo mandaron al centro comercial Galerías.

"Para que te bajen es necesario un motivo y aquí no lo hay, sólo por ser de la asociación", asegura el oficial Reyna Téllez, con más de 10 años de carrera policial.

De este tema surge otro punto irregular que, me confiesan los oficiales, siempre ha existido en Seguridad Pública: la "compra-venta" de patrullas.

Es decir, existen elementos que ofrecen hasta mil pesos a los mandos medios para que estos los elijan como nuevos patrulleros y les asignen una unidad.

"A ellos (los mandos medios) les conviene que bajen a uno porque va a haber quien se pelée por subirse a las patrullas. Además, un comandante me dijo, que la consigna era que todos los que salieron en televisión con lo de la asociación, fueran bajados a servicios especiales", confiesa el oficial.

Malos tratos
El 15 de septiembre de este año, tres días después de haber dado a conocer la asociación, hubo un evento en la Unidad Deportiva. Ahí llegó el Director Alfredo Castellanos.

"Nos empezó a gritar, nos decía; `¡órale cabrones, qué no se van a formar!'. De repente a mí me vio y me gritó: `¡tú qué, a qué vienes, lárgate a la verga, no te quiero ver en mi vista!'", me comparte el ex policía Alvaro Reyna.

Fernando Campa, otro oficial, se une a la charla. Él es un hombre grande, de casi 1.90 metros y voz dura.

- ¿Cómo es el director?, le pregunto a Campa.

- "Nosotros conocemos todo de Castellanos. No tiene ninguna sensibilidad. No tiene tiempo para atender a los elementos. Es muy déspota. Trata a cualquier elemento con la punta del pie".

- ¿Cómo se siente usted, se puede trabajar así?
- "Es que es muy prepotente y se siente el amo y señor. Yo siento mucha impotencia. Se siente uno que no puede hacer nada. Da mucho coraje. Si tuviera un altercado con él, le doy de." Fernando levanta el brazo y cierra el puño. No puede terminar la frase. Frunce el ceño. Y se lleva las manos a los ojos. Algunas lágrimas caen en el rostro de ese hombre grande, que en los últimos meses me asegura, agarró a un violador e impidió dos robos de casa habitación..

Prefiere callar y retener las lágrimas. Además, se tiene que retirar porque él, hasta el momento, aún se viste de azul.

Les bajan el sueldo
En el último mes, un grupo de oficiales se dieron cuenta que en su recibo aparecía una compensación económica, pero ésta venía acompañada de un "impuesto sobre riesgo de trabajo".

En recibos a los que Semanario tuvo acceso, se exhibe cómo desde hace un mes, los elementos de seguridad pública reciben por concepto de compensación 595.18 pesos.

Sin embargo, esta compensación es reducida del sueldo base, por lo cual, el salario final sigue siendo el mismo pero la base no. Lo que repercute en menos cantidad de prestaciones, aguinaldos, pensión... Nunca nadie fue notificado.

Están los que quiere el director
El grupo de oficiales adheridos a la Asociación Civil, aseguran que existen mandos medios que no se encuentran avalados por el servicio policial de carrera; cuando es una obligación que lo estén.

"Sabemos que no es así, él dispone a quien quiera. Cerca del 50% de los mandos medios no tienen servicio policial de carrera. (Castellanos) Quita y pone a su antojo", expresan los oficiales.

Armamento deteriorado
Hace algunos meses, el Gobierno del Estado y el Municipio definieron que de un monto de 40 millones de pesos del Fideicomiso de Seguridad Pública, dos millones fueran destinados para la compra de chalecos anti-balas y radios tipo Matra.

Sin embargo, lo único nuevo, de los 250 chalecos, son los forros. La Dirección de Seguridad Pública mandó tapizar los chalecos de los elementos, a un costo de 230 pesos por pieza. Es decir, la malla, que es lo que protege, sigue enlas mismas condiciones.

- Explique lo de los chalecos- le pido al oficial Miguel Angel Rodríguez, miembro de la asociación
- "Son las mismas mallas de hace 10 años, cuando su caducidad es de cinco años. Si vienen a inspeccionar sin aviso, se van a dar cuenta que las armas están viejísimas".

- ¿O sea que combaten al crimen sin armas?
- "Se podría decir. Antes sólo teníamos revólveres 38, después de los tiempos del narco sacaron del polvo los R15. Las armas están viejísimas, dijeron que iban a traer nuevas y nada; algunos gatillos no sirven, los cartuchos se echan a perder y ni siquiera se utilizan de práctica".

- ¿Es decir que las balas se van a la basura?
- Sí, muchas ya ni sirven y dijeras pues se usan para práctica, pero nada, después de la academia eso se acaba".

Otras anomalías
Los R15 y revólveres (armas que utilizan) tienen 15 y seis tiros, respectivamente. Si algún oficial desea tener más cartuchos en caso de algún altercado mayor, los tiene que comprar por su propia cuenta. Si no existe justificación válida de los tiros, tienen que reponerlos.

Las patrullas están aseguradas, pero en caso de choque por culpa de los oficiales, ellos son los responsables de pagar el deducible de impuestos.

Está prohibido para cualquier elemento participar en mítines políticos. "Dieron de baja a uno por `falta de confianza', que por verlo en un mitin político en su día de descanso", asegura Joel Alvarado.

Las unidades si no son lavadas no son recibidas; "hay veces que por tiempo las tenemos que mandar lavar y gastamos de nuestra lana", asegura un oficial.

"Nos hacían firmar en blanco las compensaciones de mil pesos. A veces decían que estaban castigadas las patrullas y aún así mandaban los mil pesos de compensación", asegura Joel Alvarado. ¿Quién se quedaba con tal dinero?, pregunta.

El director viste a algunos elementos de civil para que sean sus escoltas particulares: "Esos elementos deben de darle un servicio a la ciudadanía, no a él", se queja Heriberto.

Los costos de CALEA
La Dirección de Seguridad Pública Municipal ha buscado durante el último año, la certificación de la Comisión de Acreditación para Instituciones de Seguridad Pública (CALEA por sus siglas en inglés).

Esta es una comisión estadounidense dedicada a fortalecer las corporaciones policíacas, creada desde 1979. Sin embargo, nunca se han dado a conocer los costos.

Según la página de Internet de CALEA, los montos para las agencias en México son (para más de mil empleados): 7 mil 90 dólares para el reconocimiento inicial, mil 711 dólares anuales para la continuación del reconocimiento, 18 mil595 dólares para la transición al programa de acreditación inicial, 22 mil 900 dólares para la acreditación inicial y 8 mil 565 dólares anuales para la continuación de la acreditación. Lo que da un total de 58 mil 861 dólares.

- ¿Qué opina del asunto de CALEA?, le cuestiono a Heriberto.

-"Es unabandera del director, un parapeto. No dicen cuál es el nivel, son como cuatro. CALEA necesita que acrediten equipo sofisticado, debemos estar apegados a la realidad. Hay un examen que se le hizo a Castellanos y no pasó, es un secreto a voces".

`En la poli hay de todo'
Afuera de la asociación, los policías coinciden con las demandas.
- ¿Es cierto que hay quienes prefieren no tener contacto con la gente de la asociación, por miedo a represalias?, le pregunto a un policía en una avenida, quien pide su anonimato.

- Sí, ta' cabrón. Las cosas que hacen se respetan y la verdad están en su lugar pero, pos' uno tiene que cuidar el jale, con lo que le dan a uno no alcanza como para andar en esas cosas y luego que nos corran. Mucha gente se acerca pero con miedo, se siente hostigada.

- ¿Cómo es el trato que reciben?
- Ellos (las autoridades) sólo quieren que te veas bonito, nunca te preguntan cómo te sientes, cómo te va; sólo se fijan en lo material.

- ¿Y cómo ves la corporación?
- Hay de todo, hay elementos buenos y malos, hay quienes andan en las drogas, quien las vende, quien protege y quien en verdad no se mete en esas cosas. Hay quienes sí darían la vida por la seguridad de la gente y hay quienes no.

Mientras tanto, Semanario buscó en varias ocasiones al director Alfredo Castellanos, pero no hubo respuesta. Hasta el cierre de esta edición, una decena más de policías se habían adherido a la asociación: 550 en total, según el mismo grupo. Asímismo, Joel y Heriberto siguen sin trabajar y sin haber recibido alguna liquidación. Quienes fueron descendidos de puesto, no les queda otra opción que acatar las órdenes.

Sumado a esto, un grupo de mujeres policías ya reparten volantes al interior de la corporación, expresando su desacuerdo en la disminución del salario.

La asociación por su parte, demandará al municipio por la reducción del sueldo e interpondrá otra demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en contra de personas como el Director Alfredo Castellanos y el alcalde José Angel Pérez, por el despido injustificado de Joel y Heriberto. Habrá que esperar.