Francisco Gómez, Enviado / El Universal
Cd. de México.- Justo en el momento en que las camionetas del comando de sicarios tomaron posiciones frente a sus oficinas, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa tuvo conocimiento de ello. De inmediato marcó desde el celular 044 19 56 80 25 858 para pedir ayuda de la policía. Y nunca llegó.
Faltaban menos de diez días para las elecciones para alcalde, celebradas el 11 de noviembre, en las que compitió como candidato del Partido del Trabajo (PT) y que más tarde impugnó. También fue el presagio de su muerte, la cual ocurrió el pasado 29 de noviembre y nadie duda en esta ciudad que tuvo que ver con la labor del extinto político, dos veces alcalde. Guajardo Anzaldúa fue asesinado junto con cinco acompañantes más, dos de ellos sus escoltas.

El grupo de sicarios se estacionó más de 30 minutos frente a sus oficinas. Le mostró su poder de violencia. Rifles R-15 y AK-47, granadas de mano, pistolas, y varios llevaban cananas. Salvo la policía, no hubo nadie que a lo largo y ancho de este municipio no supiera de ese episodio

La ostentación del grupo armado fue un claro mensaje a Guajardo Anzaldúa, el ex diputado federal que desde el tiempo en que fue presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos no sólo denunció de complicidad del al gobierno estatal con el narcotráfico, sino también de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde septiembre, este hombre que hoy fue sepultado en el cementerio Valle de la Paz, preocupó a muchos de sus colaboradores y miembros del PT. Públicamente acusó al gobernador Eugenio Hernández Flores y alcaldes priístas de promover protestas contra el Ejército y con ello propiciar la impunidad del crimen organizado en la entidad.

Bajo ese clima se llegó al atardecer del aquel día de inicios de noviembre pasado. Jesús Antonio Guajardo Anzaldúa no tuvo más remedio al ver al grupo armado. Se parapetó en sus oficinas, situadas en la llamada Casa de Ladrillos en espera de la ayuda, pero no de la policía, sino del Ejército, que -según sus colaboradores- anteriormente le brindó protección.

Al comando armado nunca le llegó la orden de tomar por asalto las oficinas del candidato del PT. Permanecieron ahí mientras que el tiempo pasaba. Al final, así como llegó, el grupo de sicarios desapareció momentos antes de la llegada de un contingente militar y de policías federales.

La denuncia de esta amenaza, explica el coordinador estatal del PT, Agustín Maldonado, se presentó ante la Procuraduría estatal. Una denuncia similar fue hecha en las oficinas de la PGR en la ciudad de México.

A partir de ese momento, elementos de la AFI fueron comisionados a la custodia de quien también fue el director general del Grupo Empresarial Guajardo. "Pero de nada sirvió", señala Maldonado. Los dos agentes que lo cuidaban igualmente murieron.

En la denuncia ministerial nuevamente, según sus colaboradores, responsabilizaba al gobierno estatal y diversas autoridades de lo que le pudiera suceder. Así, llegó el domingo 11 de noviembre, la fecha de las elecciones en todo Tamaulipas para elegir alcaldes en los 43 municipios. Río Bravo fue uno de los ayuntamientos en donde se reportaron irregularidades dentro de la jornada electoral.

El PT, con Juan Antonio Guajardo Anzaldúaa la cabeza impugnó el proceso. Las acusaciones fueron por rebase del tope de gastos del aspirante del PRI, Roberto Benet, el apoyo que recibió del alcalde Juan de Dios Cavazos Cárdenas y otras anomalías más.

"Estaba seguro que iba a tumbar la elección", explica Agustín Maldonado. Y explica que la muerte de Guajardo a manos de sicarios, obliga a que, como el PAN lo exigió en una carta abierta el 1 de octubre pasado, se limpien las elecciones y se investiguen estos signos de narcopolítica.