Excélsior
Le impedían a niña violada ese derecho; viajará mañana lunes al DF para interrumpir su embarazo
CHIHUAHUA, CHIH.- Ante la negativa del director del Hospital Regional de Delicias para practicar un aborto legal a una niña de 13 años que fue violada, "aun con una orden judicial", integrantes de una asociación civil promovieron un viaje al Distrito Federal para que sea allá donde se realice el aborto.

Luz Esthela Castro, asesora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer A.C., informó que mañana lunes viajarán a la Ciudad de México para internar a la niña en el hospital Balbuena, donde se le practicará el aborto.

Explicó que fue la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito del Distrito Federal, Ana Lorena Delgadillo, quien los apoyó, y añadió que será el Gobierno del Distrito Federal el que cubrirá los gastos de la hospitalización

Castro dijo que esta situación pone en tela de duda la efectividad del nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua, que recién se estrenó este año, con la introducción de juicios orales y jueces de garantía, ya que los jueces y el Ministerio Público actúan con base en prejuicios morales y no conforme a la aplicación de la justicia.

Antecedentes

Autoridades judiciales del estado le impedían a una niña de 13 años, que quedó embarazada tras ser víctima de dos violaciones, se practicara un aborto de manera legal, tal como lo permite la legislación en la entidad.

El artículo 146 del Código Penal estatal establece que la interrupción del embarazo se permite cuando éste "sea resultado de una violación, siempre que se practique dentro de los primeros 90 días de gestación (...)".

Sin embargo, Luz Esthela Castro, asesora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer AC, advirtió que ni la Procuraduría General de Justicia del Estado ni el Poder Judicial local habían aceptado el caso para autorizar la realización del aborto, a pesar de que el vocero de la primera dependencia, René Medrano, había confirmado que el abuso sexual se cometió e incluso se tenía ya a un detenido como probable responsable.

El pasado 5 de agosto, en la comunidad rural de Meoqui (localizada a 100 kilómetros al sur de la capital), la menor fue atacada sexualmente por un desconocido que rondaba su casa. El hecho se repitió al día siguiente, perpetrado por el mismo sujeto, lo que llevó a la niña a denunciar ilo ocurrido, que por temor y vergüenza había decidido callar el primer día.

Una historia que se repite

De acuerdo con la familia de la menor, el sufrimiento de la pequeña se agudizó el día en que se presentó a denunciar lo ocurrido.

En primer lugar, recuerdan, la agente del Ministerio Público que la atendió la amenazó con enviarla a la cárcel en caso de mentir. Luego, el médico legista Moisés Silva asentó en el reporte de la auscultación a la niña que ésta tenía 21 años.

"En primer lugar, es muy difícil que una víctima se atreva a denunciar una violación, porque ha dejado de creer en el sistema de justicia, y las pocas que se atreven a hacerlo están topándose con investigadoras totalmente insensibles y con jueces misóginos que no tienen una perspectiva de género", acusa Castro.

No obstante, esta negativa a practicarle un aborto a una mujer que ha sido víctima de violación no es la primera que ocurre en el estado. José Chávez Aragón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, reconoce que como juez le ha tocado saber de varias situaciones parecidas.

"Urge legislar sobre esto, porque ya se presentó este caso (el de la niña de Meoqui) y no crea que es el primero. Yo, como juez, varias veces vi (situaciones similares), nomás que ya no se volvió a ver a la víctima de este delito, porque a lo mejor se fue a otra parte a abortar, se fue a El Paso".

Luz Esthela Castro comentó, por su parte, que Rosario Ruiz, regidora del municipio de Meoqui, había reportado más casos de jóvenes estudiantes de secundaria víctimas de abuso sexual.

Chávez Aragón aseguró que no le correspondía al Poder Judicial otorgar el permiso para la interrupción del embarazo, sino al Ministerio Público. E intentó explicar:

"(Saber) quién debe girar la instrucción para que la mujer que no desea de ninguna manera el producto de la concepción porque le fue impuesto por la violación, es un problema que todavía la doctrina se pregunta si es mandato judicial o es mandato del Ministerio Público.

"Mandato judicial no es porque no hay en el Código de Procedimientos Penales, hasta ahorita, la reglamentación para establecer cómo se va a actualizar esa excusa obligatoria. A quien le incumbe la persecución de los delitos es al Ministerio Público y es él quien debería, pero tampoco tiene la normatividad, autorizar el aborto, porque el aborto es un delito".