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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Oaxaca medidas cautelares, las cuales fueron aceptadas, en favor de los integrantes de la radio comunitaria "La voz que rompe el silencio".
La protección también es para los deudos de las locutoras Triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, quienes fueron asesinadas presuntamente por el trabajo periodístico que desempeñaban en favor de esa comunidad indígena.

En un comunicado, la CNDH explicó que también se solicitaron esas medidas para las personas que acompañaban a las dos locutoras y que fueron lesionadas el día del crimen, y para los defensores de derechos humanos que interpusieron la queja y solicitaron el esclarecimiento de los hechos.

El organismo defensor detalló que cuenta con los testimonios de los lesionados, del personal de la radiodifusora comunitaria, que se emite en San Juan Copala, en la zona de Putla de Guerrero, Oaxaca, así como familiares de las agraviadas.

Además solicitó información sobre los hechos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad.

La CNDH atrajo el caso en apego a su normatividad vigente y en función de la trascendencia de los hechos y la petición de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de las garantías fundamentales.

Ante esa situación inició su investigación al día siguiente de lo ocurrido y continuará las actuaciones que sean necesarias hasta emitir una resolución, abundó la CNDH.

Las actuaciones se efectuarán con estricta confidencialidad y tras la integración del expediente y el análisis lógico jurídico de las evidencias se emitirá la resolución correspondiente, puntualizó.