Notimex
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados solicitó la revisión de la sentencia de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien fue condenada a 21 de prisión y al pago de una multa de dos mil días de salario mínimo.
México.- A Jacinta, quien se dedicaba a vender aguas frescas en el tianguis del poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, se le acusa de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

La presidenta de la comisión, Omeheira López Reyna, informó que pedirán la revisión del caso, ya que hay indicios de que es inocente. "Este asunto es evidencia de los casos que ocurren en este país, donde hay deficiencia en el sistema de justicia".

Además se trata, dijo, de un ejemplo del "por qué era necesario una reforma judicial y del por qué necesitamos poner más atención a nuestro sistema de acceso a la justicia, sobre todo para quienes viven en extrema pobreza o son indígenas".

En conferencia de prensa, la diputada federal del PAN señaló que "solicitaremos desde el Legislativo que la señora Jacinta pueda tener una revisión de su caso y que las autoridades judiciales que llevan el proceso lo resuelvan lo más pronto posible".

Asimismo que el caso se lleve y revise con justicia plena y expedita, como lo establece la ley, para que se haga realmente una buena investigación, expresó López Reyna.

Informó que hubo reuniones con magistrados que llevan el caso para que integren bien las averiguaciones previas y se sancione a quienes debe ser para que no sólo se cumpla por ser un dato más a la estadística de detenciones, sin ver que es gente inocente.

Esto demuestra que en México no puede imponerse la pena de muerte como lo quieren hacer algunos grupos parlamentarios. "Es un caso que no lo podemos dejar pasar porque se trata de una mujer indígena y es un llamado de atención a todas las autoridades", resaltó.

Jacinta Francisco Marcial fue sentenciada por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro contra servidores públicos, y se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil en San José el Alto, Querétaro.

Ella y dos compañeras llevaban a cabo sus labores habituales en el tianguis, cuando miembros de la AFI irrumpieron en busca de discos piratas, pero al dañar mercancía de puestos, comerciantes del lugar los sometieron y obligaron a pagar los daños causados.

Después de que un agente del Ministerio Público y un jefe policiaco acudieron al lugar de los hechos y reconocieron los destrozos y aceptaron se pagaran, Jacinta fue detenida en agosto de 2006 y dos años después sentenciada a 21 años de prisión y a pagar una multa de dos mil días de salario mínimo.