El Universal
México, D.F.- Los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación presentaron un decálogo de acciones para reposicionar al sector fabril como el motor que impulse la economía hacia tasas mayores de crecimiento y que contribuya a enfrentar los efectos de la inminente recesión en Estados Unidos.
Su presidente, Miguel Marón Manzur, pidió a la administración calderonista la reducción de las tarifas eléctricas en horario punta, y asumir un compromiso real con las empresas de menor tamaño, mediante la aplicación y otorgamiento del Fondo Pyme, ya que éste constituye la verdadera palanca de desarrollo de la industria.

Ante el titular de la Secretaría de Economía, Eduardo Sojo, Garza-Aldape aclaró que los afiliados a la Canacintra rechazan el mecanismo de subasta en reversa en las licitaciones públicas, acción que pretende implantar la Secretaría de la Función Pública.

También dijo que en las licitaciones internacionales se debe dar preferencia a las empresas nacionales por encima de las extranjeras, y solicitó que se haga una revisión de los tratados comercial que se tienen firmados.

Conminó al titular de la SE para que interceda ante las autoridades correspondientes para evitar que se afecte de manera importante a las empresas de menor tamaño.

Ingresos excedentes

Asimismo, que intervenga ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los ingresos excedentes con que cuente el Gobierno se inviertan en programas que apoyen al sector productivo.

Dijo que las condiciones macroeconómicas están dadas para ajustar a la baja las tasas de interés, tarea que le corresponde al Banco de México.

"No es posible que los empresarios tengan que pagar tasas 2 ó 3 veces mayores que sus competidores". Igualmente pidió que se impulse la modernización de las empresas con instrumentos fiscales, financieros y tecnológicos similares a los que aplican los principales socios comerciales de México.

Marón Manzur planteó el análisis de la normatividad que rige en las compras de Gobierno, a fin de que las pequeñas empresas no enfrenten impedimentos legales o administrativos para que sean proveedoras del sector público.