La Jornada
La audiencia de hoy no fue para notificarle a Sandra los cargos que le imputan las autoridades estadunidenses. El vecino país la requiere como probable responsable de asociación delictuosa por importar más de cinco kilogramos de cocaína y por posesión con la intención de distribuir allá más de cinco kilogramos de esa droga.
Su presencia en el juzgado obedeció a la orden de aprehensión que libró en su contra el órgano jurisdiccional mexicano hace cinco años por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.

Las imputaciones de la PGR contra Sandra, quien también usaba los nombres de Daniela García Chávez, Sandra Avila López, Pamela Fuentes León, Sandra Luz Arrollo Ochoa, Karla Orozco Lizárraga y Andrea Medina Reyes, derivan del caso del buque Macel, asegurado en 2001 en el puerto de Manzanillo, Colima, con casi 10 toneladas de cocaína procedentes de Colombia.

Según el pliego de consignación, para lavar el dinero ilícito la mujer compró varios inmuebles entre los que se encuentran un hotel y una casa habitación en Hermosillo, Sonora; así como la casa en la que habitó hasta antes de ser detenida, la cual se ubica en el Distrito Federal; además de dos empresas de bronceado, localizadas en Guadalajara, Jalisco y dos compañías inmobiliarias en Nayarit y Sonora. En esta última entidad le fueron asegurados 225 predios y dos casas en 2002.

El historial delictivo de Sandra Avila, según la PGR, es largo. También se le atribuye "haber formado parte, junto con Juan Diego Espinosa Ramírez, de una organización criminal dedicada a acciones de narcotráfico, con funciones de administración, dirección y supervisión".


Hoy, la inculpada escuchó lo frágil de la acusación en su contra. Sólo un testigo identificado como Paulo Alejandro Espinosa Rodríguez, aseguró que sabe, "de oídas", que Sandra junto con Diego Espinosa Ramírez, se dedica a actividades relacionadas con el narcotráfico.

Dicho testigo admitió ante la PGR que trabajó para El Tigre, quien además es su tío, y este le pagaba 100 mil pesos al mes por realizar labores de mensajería. En su declaración Paulo dijo que supone que Sandra y Diego se dedican a actividades ilícitas simplemente porque "vivían de manera ostentosa". (La Jornada)



Otra prueba contra Sandra es una llamada que se efectuó en 2001 desde el buque Macel, en el puerto de Manzanillo, Colima. Esa llamada la hizo el maquinista del barco a un teléfono celular para informar que el cargamento había llegado a territorio mexicano. Contestó una persona a la que el emisor identificó como "Beltrán".



Al final de la diligencia, cuando le preguntaron a La Reina del Pacífico si quería rendir declaración, respondió que no. Sus abogados ni siquiera pidieron la duplicidad del término constitucional por lo que el próximo viernes antes de las once horas, el juzgado 18 resolverá su situación jurídica, ya sea con un auto de formal prisión o de libertad.

Ese mismo juzgado abrió ya el periodo de 60 días hábiles en espera de que la PGR presente la solicitud formal de detención con fines de extradición a Estados Unidos en contra de Avila Beltrán, quien desde el pasado sábado fue notificada del cargo que le fincaron los estadunidenses.

Antes de ser devuelta al penal de Santa Martha Acatitla -fuertemente custodiada por una veintena de agentes policacos- la protagonista de esta historia deseó "una buena tarde" a los presentes, se recogió el cabello y suspiró.