En junio de 2006, el Comité sobre los Derechos del Niño presentó sus Observaciones finales al Estado mexicano, en las que se muestran los principales rezagos persistentes en el país. Foto Archivo
Mario Luis Fuentes/Excélsior
México, D.F..- El próximo jueves se cumplen 20 años de haberse aprobado la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Una de las principales aportaciones que hizo esta Convención (aprobada el 20 de noviembre de 1989) en el marco de la teoría de los derechos humanos, fue el establecimiento explícito de la defensa del interés superior de la niñez. En su artículo tercero, fracción 1, la Convención dice: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderán será el interés superior del niño".

Lo anterior implica que, al diseñar sus políticas y programas, así como al construir marcos jurídicos o disposiciones administrativas, los Estados deben garantizar que las niñas y niños serán siempre considerados primero.

Los países que han ratificado la Convención tienen la responsabilidad de informar cada cinco años sobre el grado de avance y cumplimiento de su aplicación.

De México destaca que el último informe, el de 2005, se presentó con un año de retraso y sus contenidos no dan pleno cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Convención.

Al respecto, en junio de 2006, el Comité sobre los Derechos del Niño presentó sus Observaciones finales al Estado mexicano, en las que se muestran los principales rezagos persistentes en el país. Las Observaciones constan de 78 puntos en los que se hace manifiesto el enorme rezago que tiene México, dado su grado de desarrollo relativo, en el cumplimiento de los contenidos y acuerdos derivados de la Convención.

Para ilustrar el grado de incumplimiento, basta citar el numeral 5 de las Observaciones, que dice: "El Comité insta al Estado parte a que haga lo posible por tener en cuenta las recomendaciones anteriores, que sólo se han aplicado en parte o no se han aplicado en absoluto, así como las recomendaciones que se hacen en las presentes observaciones".

Lo anterior es consecuencia del abandono de la agenda de los derechos de los niños en los últimos ocho años, y a la desestructuración de las capacidades, programas y recursos de las dependencias que tienen la responsabilidad de garantizarlos.

El 24 de julio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Ejecutivo federal por el que se creó el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia (Coia), como una comisión intersecretarial permanente, responsable de la coordinación de políticas, estrategias y acciones para garantizar los derechos de los niños en México.

La presidencia del Coia fue asignada al entonces comisionado para el Desarrollo Social y Humano, de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, figura que ya no existe, y ante cuya desaparición no se han hecho ni siquiera las adecuaciones requeridas al acuerdo de creación del Coia.

En el artículo 7 del acuerdo se establece que esta instancia debería sesionar al menos una vez al año, mientras que el artículo octavo señala que deberá presentarse un informe anual sobre las actividades del Consejo.

Al menos por la información disponible, no se ha cumplido con ninguna de estas dos responsabilidades.

El documento Un México apropiado para la infancia y la adolescencia: programa de acción 2002-2010 21 metas que deberían alcanzarse en 2010.

Como no se han presentado informes periódicos sobre la ejecución de este programa, es difícil llevar a cabo una evaluación de los logros que se han alcanzado en los últimos siete años.

Es tal el desconocimiento que este gobierno ha mostrado sobre la agenda de la niñez, que la Convención aparece mal citada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y considera como uno de los derechos de los niños el "mantenerse alejado de las malas influencias".

Los progresos que se han obtenido en materia de protección de los derechos de los niños son limitados o se han conseguido de manera muy lenta.

Para ilustrar lo anterior vale la pena destacar sólo tres dimensiones, en las que se pueden sintetizar las enormes carencias que siguen afectando a la niñez mexicana.

Cada año, según las estadísticas de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México mueren más de 30 mil niños menores de un año. De éstos, casi 10% fallece por deficiencias nutricionales y, en general, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que 30% de las muertes en menores de cinco años están relacionadas con la malnutrición.

Por otro lado, el Tercer Informe de Gobierno señala que en 2008 se registraron en México tasas aún muy altas en materia de mortalidad por enfermedades altamente prevenibles, es decir, muertes evitables.

La mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco años fue de 14.4 muertes por cada 100 mil niños en ese rango de edad. La tasa de muertes por enfermedades respiratorias fue de 28.8, mientras que la tasa de muertes por deficiencias nutricionales fue de 6.3. Si la población media en 2008 estimada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) para menores de cinco años fue de nueve millones 693 mil 424, entonces en ese año habrían muerto mil 395 niñas y niños por enfermedades diarreicas; dos mil 790 infantes, por enfermedades respiratorias, y 610, por hambre.

Adicionalmente, la cobertura en vacunación de menores de un año fue en 2008 de 94.5%, mientras que para los niños de uno a cuatro años fue de 97.9%.

Llama la atención que la proyección del gobierno para este año, para este grupo de edad, se situó en 97.5%; reducción mínima, pero injustificable, ya que desde 2005 se presenta una tendencia a la baja en las coberturas de vacunación para ambos grupos de edad.

El derecho a la educación es considerado uno de los principales "derechos habilitantes", porque su adecuado cumplimiento permite la generación de capacidades para el cumplimiento de otros derechos de los menores.

De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2007), en México había en ese año 3.074 millones de niñas y niños entre cinco los 17 años que no asistían a la escuela.

Todo esto se traduce en un enorme rezago educativo que limita las posibilidades de desarrollo, afectando sobre todo a las zonas rurales e indígenas.

Según el documento Mujeres y hombres en México, 2009, con datos del Conteo 2005, en México sólo 17.75% de la población mayor de 15 años en localidades de menos de dos mil 500 habitantes cuenta con educación básica completa.

Los menores tienen el derecho a vivir alejados de toda forma de maltrato, abuso y violencia. En México esto está muy lejos de ser realidad.

En primer lugar, hay una enorme cantidad de niñas y niños que trabajan. Según la ENOE, había ese año más de 3.6 millones de menores trabajadores.

Además, México no ha logrado reducir las tendencias de mortalidad por causas violentas para las niñas, niños y adolescentes, las cuales se han mantenido constantes desde 1990.

Así, sólo en 2007, el porcentaje de niños de cero a cuatro años fallecidos, con respecto del total de muertes en ese grupo de edad, fue de 7.3%; el porcentaje para niñas y niños de cinco a nueve años fue de 32.2%; la proporción crece para el grupo de diez a 14 años, para situarse en 40.6%; y, finalmente, para el grupo de 15 a 19 años, representó más de la mitad, pues en ese año el porcentaje fue de 56.9%.

Destaca que en este tipo de muertes hay una alta incidencia de suicidios, pues del total cometido en 2007, 6% fue de jóvenes entre 15 y 19 años, el tercer grupo de edad con mayor incidencia.

También sobresale el grupo de diez a 14 años, en el cual se concentró 1.5% de los suicidios, tasa mayor a la que registraron todos los grupos quinquenales a partir de los 55 años.