LA JORNADA
México, D.F. .- En su dictamen sobre el caso Lydia Cacho Ribeiro, una vez que concedió "audiencia" y conoció los alegatos del gobernador Mario Marín Torres y de los funcionarios de Puebla y Quintana Roo involucrados en el asunto, el ministro Juan N. Silva Meza confirmó la responsabilidad política del mandatario poblano en la violación grave de las garantías individuales en perjuicio de la autora de libro Los demonios del Edén, y por haber violentado los principios de federalismo y división de poderes.
Silva Meza propone que las conclusiones se entreguen a las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia de Puebla; a las cámaras de Diputados y Senadores; al Congreso poblano, así como al Ejecutivo federal para que actúen política y legalmente de acuerdo con su competencia.El documento ya fue entregado a la instancia correspondiente para ser turnado al pleno; sin embargo, falta ver si el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, convence a sus compañeros para que resuelvan este asunto antes de las vacaciones de fin de año.En el texto se da cuenta del intento de las autoridades involucradas en "borrar huellas" de su actuación concertada; también se pone en evidencia que los funcionarios mintieron en muchas de sus declaraciones ante la comisión investigadora -que encabezó Silva Meza- al afirmar que no conocían hechos o personas y que después resultó lo contrario."Todos y cada uno de los testimonios de los funcionarios (empezando con el gobernador) tienen respuesta, y además se señala claramente en dónde se contradijeron", explicó un alto funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo acceso al expediente.Después de que el 26 de junio pasado el pleno rechazó el proyecto de dictamen de Silva Meza con el pretexto de que para la elaboración no había respetado la garantía de audiencia de Marín Torres y de los otros funcionarios investigados, y luego de que semanas después el pleno estableció un reglamento para regular la actuación de las comisiones de investigación, el ministro concluyó su nuevo dictamen en el que ratifica prácticamente los señalamientos en contra de funcionarios poblanos.Pero además, señala el documento que en sus alegatos en contra del dictamen inicial, el gobernador Marín Torres no demostró su inocencia en los hechos que se le imputan, es decir, en orquestar una serie de acciones para afectar a la periodista.Marín argumentó que no había en el expediente una sola imputación directa en su contra; sin embargo, el dictamen da cuenta de la serie de irregularidades en el proceso penal en contra de Cacho Ribeiro, desde que el empresario textilero Kamel Nacif Borge interpuso la demanda en su contra por la publicación del libro Los demonios del Edén, pasando por la forma expedita como se consignó la demanda, se integró la averiguación previa y se giró la orden de detención en la procuraduría poblana, bajo las órdenes de Blanca Laura Villena, así como la forma en que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, bajo el mandato de Bello Melchor Rodríguez, se sumó a esta serie de irregularidades, junto con la participación ilegal de particulares en los hechos.Anomalías "de punta a punta"Las irregularidades ocurrieron durante "toda la etapa procesal de punta a punta", comentaron funcionarios consultados, quienes añadieron que además hubo alteración de pruebas, desaparición de documentos y cambio de funcionarios para evitar que testificaran quienes tuvieron conocimiento de los hechos.De lo cual se infiere la existencia de una decisión oficial para entorpecer la investigación y tratar de encubrir a los funcionarios involucrados.En su alegato, Marín Torres (por conducto de su defensa, encabezada por Fabián Aguinaco, hijo del ex presidente de la Suprema Corte, Vicente Aguinaco Alemán) insistió en que las escandalosas grabaciones en la que le comentaba a Nacif Borge que le había dado una lección a Cacho, no debían ser tomadas en cuenta en este asunto, porque habían sido grabadas ilícitamente. Sin embargo, en su dictamen Silva Meza recuerda que éstas no fueron tomadas en cuenta como "pruebas", sino como un elemento más de la indagatoria.Marín cuestionó también el procedimiento, el reglamento y la forma de actuar de la comisión, lo cual, en todo caso, quedó superado, ya que fue el pleno el que marcó la pauta en la indagatoria.Las conclusiones ponen énfasis en que todas y cada una de las declaraciones de los funcionarios involucrados (empezando por Marín) tienen una respuesta concreta, en la que se destacan las contradicciones entre sus dichos y los hechos, para demostrar que hubo una concertación de autoridades orquestada por Marín Torres.