Por todo lo anterior, es importante que los compromisos y las líneas de acción de los Estados -en sus tres niveles de gobierno- partan de la visibilización, análisis y el involucramiento de cada una de las categorías y estructuras que atraviezan cada grupo en situación de vulnerabilidad, pues sólo a través de la herramienta de la interseccionalidad será posible que las distintas políticas públicas, leyes, y mecanismos puedan garantizar la erradicación de las múltiples estructuras de discriminación y violencia existentes en cada grupo poblacional.

Sobre ese punto es importante mencionar que la Constitución mexicana impone la obligación a la Fiscalía y a las distintas corporaciones policiales a cumplir con los fines de seguridad contenidos en la Ley de Seguridad Pública, que en esencia comprenden la salvaguarda de derechos y la protección de libertades.

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