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México.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez-Icaza Longoria, afirmó que la rendición de cuentas, la transparencia y el derecho a la información son vitales en la democracia moderna.
El ombudsman indicó que estos principios son parte del proceso de construcción ciudadana que se funda en el reconocimiento de los derechos de las personas.

Durante el Foro de Consulta para la Nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, dijo que estas herramientas jurídicas ayudarán a evitar futuras prácticas de discrecionalidad u opacidad.

Expuso que en la lógica del nuevo andamiaje institucional y del fortalecimiento de la gobernabilidad de la capital, "la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública llegaron para quedarse y constituyen parte sustantiva de la relación entre representantes y representados".

Alvarez-Icaza aseveró que esto significa tener claridad en la gestión pública en materia de recursos, funciones y responsabilidades.

También se refirió al Foro de Consulta como una iniciativa que fortalece el ámbito de competencia de los diferentes OPA, que se construye desde hace años, a través de sus Congresos anuales en Culiacán (2007) y Guanajuato (2006).

Estas reuniones de las Contralorías Internas de los órganos Públicos Autónomos (OPA) del Distrito Federal, fueron desarrolladas a partir de la necesidad de construir un marco de referencias comunes que homogeneizará los procesos administrativos y ayudara a evitar prácticas de discrecionalidad u opacidad.

El funcionario advirtió que todavía en la ciudad de México hay una serie de limitaciones, producto del marco normativo.

En este sentido expuso que en el Distrito Federal, con el mayor concentrado de servidores públicos, necesitamos las herramientas jurídicas para la certeza que en los órganos de control estén fundados en ley.

"Tenemos que entender que los Organismos Públicos Autónomos debemos someternos a la rendición de cuentas, como un derecho de las y los habitantes, a través de una armonización legislativa que le dé forma y que garantice los procedimientos para los servidores públicos", afirmó.

Agregó que hoy existe una serie de debilidades normativas que generan un vaivén en el que los servidores públicos acuden a distintas instancias para que dentro de las reglas del debido proceso puedan defender sus intereses, lo cual a nadie le conviene.