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Aunque señalan que se ha consolidado un nuevo modelo electoral que beneficiará al país, el reto ahora, indican, es garantizar la transparencia en la elección de consejeros y la fiscalización de recursos, y además de precisar los requisitos de nulidad de una elección, entre otros puntos
Especialistas en materia electoral consideraron una prioridad precisar, en la legislación secundaria, las facultades y herramientas del Instituto Federal Electoral (IFE) que garanticen transparencia en la elección de nuevos consejeros, en la fiscalización y uso de recursos, en los requisitos de nulidad de una elección y en las reglas de acceso a nuevos partidos.

En un foro de análisis sobre la reforma electoral, organizado por EL UNIVERSAL, el ex consejero presidente del IFE José Woldenberg; el consejero de ese órgano, Rodrigo Morales; el asesor de la reforma electoral Jorge Alcocer; el constitucionalista Lorenzo Córdova, y el analista Mauricio Merino, sostuvieron que se ha consolidado un nuevo modelo electoral con nuevas reglas de competencia, que será benéfico para el país.

Y que en términos generales, termina de tajo con la relación ya muy cuestionada entre el dinero, las campañas y el costo de la propaganda en los medios de comunicación electrónicos.

Pero es la elección de nuevos consejeros, el tema base de la ejecución del nuevo sistema electoral.

Alcocer asentó en el encuentro que históricamente se había considerado la necesidad de la renovación escalonada del Consejo General, que esta vez se decidió mediante una fórmula que, si bien es polémica, ha sido aceptada por todos los partidos.

En ese camino, se debe fortalecer al IFE, pero no a gusto de los partidos.

Woldenberg, Morales, Córdova y Merino destacaron la necesidad de que el instituto pueda presentar controversias constitucionales.

El caso más sonado fue el de este 2007, cuando el IFE interpuso una controversia en contra de la Cámara de Diputados por haberle recortado recursos y violentar su autonomía; la Corte, con una votación de seis por el no y cinco por el sí, consideró que el órgano electoral no tiene facultades para ese pleito legal.

Durante más de dos horas de reunión en las instalaciones de EL UNIVERSAL, los analistas coincidieron en que la reforma electoral -que la semana pasada recibió los 16 votos necesarios de congresos locales para poder promulgarse, por tratarse de modificaciones a la Constitución- es positiva, pero requiere afinarse en la legislación secundaria.

Córdoba celebró que se hayan resuelto algunos problemas en la materia que eran ambiguos, como el mecanismo del dinero y el sistema de agenda de trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"La reforma viene a colmar lagunas y pendientes de aquellos aspectos problemáticos no considerados en la legislación, el problema de las precampañas, el de la nulidad de la elección presidencial, los secretos bancario, fiduciario y fiscal para el IFE, que para algunos era una falta de músculo, y hoy la reforma colma", dijo.

La reforma constitucional prevé cambios en 17 leyes secundarias que deberán llevarse de nuevo al pleno de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, 30 días después de que haya sido decretada.

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Jorge Alcocer -ex militante de izquierda y asesor de candidatos presidenciales- es el autor del documento base sobre el que los partidos políticos trabajaron la reforma constitucional. Detalló que había un trípode que se tenía que resolver en conjunto: dinero, medio y plazos de campaña.

Explicó que con la reforma los partidos y autoridades electorales tendrán 48 minutos al día, en cada estación de radio y televisión, administrados por el Instituto Federal Electoral.

Sobre la disminución del financiamiento de campañas, dijo que se trataba de bajar sus costos pero "no de dejar secos a los partidos, no de matarlos por la vía de quitarles el dinero".

"Si no hay reforma, los partidos recibirían el año entrante 2 mil 700 millones de pesos para gastos de campaña, para diputados, aunque no los podrían gastar porque el tope de gasto es mucho menor; si la reforma sale este año, recibirán 30% de eso, el ahorro será de mil 900 millones de pesos, y en 2012 la mitad.

"Este trípode que se resuelve es el corazón de la reforma, esto quiere decir que estamos frente a una reforma de gran calado, una reforma política que va a replantear la relación entre partidos, sociedad y papel de los medios de comunicación, es una reforma de orden político y tiene una parte institucional", expuso.

Woldenberg, ex consejero presidente del IFE, sostuvo que el punto medular de la reforma tiene que ver con las condiciones de equidad y el gasto.

Advirtió que luego de la última reforma electoral hubo mayor equidad, pero también una espiral de encarecimiento de las elecciones.

"No se necesitaba ser investigador privado para saber que la mayor parte de los recursos se iban a radio y televisión y empezó a surgir un clamor social, y en las instituciones públicas se reconoció que había esta espiral creciente de encarecimiento. Y los legisladores se hicieron cargo de esto", dijo.

Sobre si esta reforma acota la libertad de expresión, explicó que de ninguna manera se vulnera este derecho.

Reconoció además que aún está en duda el método por el cual se determinará qué o cuál es una campaña sucia y cuál no, pues no podría determinarse un juicio único.

El consejero Morales consideró que la reforma aprobada fue "hiperdiagnosticada", que no hay sorpresa del temario que se desahogó y que la modificación tiene que ver con cómo cambiar en sentido positivo los modos de hacer proselitismo en México, "esto es lo estratégico de la reforma".

Mauricio Merino, ex consejero del IFE, aseguró que es hora de "abrir la ventana" para saber qué pasa con la negociación de la reforma secundaria.

"Es prioritaria la transparencia de los partidos, nos la deben, porque cuando se reformó el artículo sexto constitucional que garantiza el acceso a la información, los partidos se quedaron pendientes y se dijo expresamente que sería en el Cofipe en donde se pusieran las reglas; esta fue una promesa de los legisladores que debe cumplirse".

"Los partidos todavía mantienen una puerta abierta al financiamiento privado de sus militantes y todavía mantienen el derecho de recursos de las entidades federativas", advirtió Merino.