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El fiscal general de Coahuila, Jesús Torres Charles, opinó que en México la pena de muerte para secuestradores es una sanción viable para castigar a personas que hacen daño a sus víctimas y familiares.
Este tema debe discutirse de manera seria ya que más de 60 por ciento de los ciudadanos encuestados están de acuerdo con aplicar esa penalidad, lo cual debe ser considerado por expertos en la materia, expresó el fiscal.

Al participar en los foros de debate "Catálogo de delitos graves, cadena perpetua y pena de muerte" que se realizan en la Cámara de Diputados, destacó que el país está sumido en una grave crisis.

En este sentido, Torres Charles indicó que la violencia de la delincuencia organizada se ha acrecentado, por lo que es prioritario analizar la posibilidad de implantar la pena de muerte contra los secuestradores que mutilan y asesinan a sus víctimas.

En contraparte, el director general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ontiveros Alonso, consideró que es un mito que la violencia se combata con más violencia.

El funcionario señaló que sólo en países antidemocráticos se establece la pena de muerte y precisó que lo que debe hacerse es eficientar la impartición de justicia.

El derecho penal tipifica derechos jurídicos y la vida es el más importante, por lo que se pronunció a favor de que exista un solo Código Penal Federal y que las sentencias se cumplan a cabalidad.

En tanto, el diputado Martín Stefanonni Mazzocco, de la Comisión de Seguridad Pública, comentó que con la reforma penal se hará eficaz la procuración de justicia con respeto a los derechos humanos.

"La pena de muerte no inhibe las conductas ilícitas, lo que es necesario es atender a las víctimas y castigar con cárcel a los delincuentes", puntualizó el legislador del Partido Acción Nacional.