La Jornada
Por su parte el consejero de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar reconoció que en caso de ser enviada a Francia, Cassez podría ser beneficiada por algún recurso de preliberación, porque la facultad de preliberación depende de cada país.
México, D.F..- La creación de una comisión binacional para decidir sobre el caso de la francesa Florence Cassez vulnera la independencia del Poder Judicial Federal, además el presidente Felipe Calderón tenía que haberse abstenido de intervenir en este asunto, porque no es de la competencia del ejecutivo federal, señalaron fuentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otros funcionarios entrevistados señalaron que la presidencia de la República debe aclarar de entrada, quiénes conformarán tal comisión, cuáles son sus alcances y qué se puede esperar de la misma, en pocas palabras, transparentar su actuación.

Por su parte el consejero de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar reconoció que en caso de ser enviada a Francia, Cassez podría ser beneficiada por algún recurso de preliberación, porque la facultad de preliberación depende de cada país.

Precisó el funcionario que la sentencia de 60 años por el delito de secuestro se mantiene inalterable y que la eventual extradición no tendría impacto alguno en su culpabilidad establecida por un tribunal federal.

En tanto, entrevistados con respecto a la comisión acordada por los gobiernos de México y Francia para seguir el caso de la francesa sentenciada a 60 años de prisión por un tribunal federal, los funcionarios cuestionaron la postura de Calderón, porque tenía que hacer valer la independencia y autonomía de los poderes.

Cuando Nicolás Sarkozy le planteó analizar la extradición, poniendo en duda el sistema de impartición de la justicia en el país, el presidente de la República tenía que haberse abstenido de hablar sobre el tema y dejar en claro que no era un asunto de su competencia.

Lamentablemente no actuó así, indicaron.

Otros funcionarios señalaron que hay muchas dudas sobre los alcances y fines reales de la comisión referida y que el gobierno mexicano está obligado a transparentar la actuación de la misma.

El presidente francés también hizo alusión al tratado de Estrasburgo y las reservas que hizo su país, con lo que se abre la puerta a una preliberación para Cassez en caso de ser entregada a Francia. En este caso, apuntaron, el gobierno mexicano tiene que hacer públicos, desde su punto de vista, cuáles son los alcances de dicho acuerdo y si hay alguna limitación para su aplicación en el caso concreto.

Sobre este punto, los entrevistados comentaron que existe, por ejemplo, un acuerdo de cumplimiento de sentencias con Estados Unidos en los que los nacionales de ese país son repatriados para cumplir sus sentencias, pero sin la posibilidad de que los detenidos obtengan la preliberación, por lo menos en el caso de delitos graves como el de secuestro del que se acusa a la francesa.

En todo caso, la petición del gobierno francés y la aceptación de su contraparte mexicano dejan muy mal parado al sistema de justicia en el país a nivel internacional, aceptaron.

Por su parte, Luis María Aguilar dijo en entrevista, realizada en el marco de la toma de protesta de nuevos magistrados y jueces federales en la sede de la Corte, que se siguió "debidamente" el proceso penal de la francesa, "aquí no ha habido ninguna influencia por el hecho de que fue una persona extranjera o porque tuviera algún apoyo, simplemente los jueces (en primera y segunda instancia) se han conducido con toda imparcialidad y han resuelto lo que ellos creen que procedía sancionar".

Y en el caso concreto, determinaron que ésta mujer participó en al menos tres secuestros, indicó el consejero quien dijo que la creación de la comisión citada "no deja en mal a nadie".