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La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó ‘detalles’ administrativos o daños al erario, y su castigo ‘máximo’ fue un día de suspensión

La Auditoría Superior del Estado (ASE) aplicó castigos de “risa” por presuntas irregularidades administrativas o de daño contra la Hacienda Pública en el 2014; el castigo más “fuerte” por la vía administrativa fue un día de suspensión, no hay información del resarcimiento de recursos, y tampoco se han presentado denuncias penales.

Han pasado dos años de que la ASE hizo la revisión de la Cuenta Pública 2014, por lo que emitió observaciones, así como acciones por presuntas regularidades administrativas, e inició procesos resarcitorios, sin embargo, los castigos son poco severos.

El castigo más “fuerte” por irregularidades administrativas detectadas fue para el tesorero del Ayuntamiento de Allende, Sergio Alfonso Rodríguez, a quien se le impuso un día de suspensión laboral.

La auditoría revisó y emitió inicio de procesos administrativos en los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero en ninguno hubo sanciones que pasaran de apercibimientos.

También la Auditoría pidió iniciar procesos administrativos en organismos públicos autónomos y paraestatales, así como sistemas de agua potable y DIF de los municipios, pero en ningún caso hubo castigo ejemplar a lo que se detectó.

La ASE no explica si en los expedientes de la revisión de la Cuenta Pública 2014 existen o no indicios de irregularidades que ameriten una denuncia penal, pero se informa que no se han interpuesto querellas.

Vanguardia

“Esta Auditoría Superior no ha presentado denuncia alguna sobre hechos correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2014, ya que se encuentra en la etapa de valoración de las observaciones no solventadas por las entidades fiscalizadas”, señala en el Informe del Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior, al primer semestre de 2017.

La Auditoría también inició 89 procedimientos de responsabilidades resarcitorias contra funcionarios públicos de los tres poderes, a fin de que regresen el presunto daño económico, pero todos siguen en trámite.

La mayoría de las contralorías municipales, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como los órganos internos de control que recibieron notificaciones para investigar y en su caso castigar irregularidades administrativas optaron por el sobreseimiento, los apercibimientos públicos o privados, así como absolver por completo a los funcionarios.