FGR gira 3 órdenes de aprehensión por caso de mina en Sabinas
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Desde el pasado 5 de agosto, la FGR comenzó el procedimiento de investigación por los hechos ocurridos en el pozo minero, propiedad de la empresa minera ‘El Pinabete’ S.A de C.V.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se han girado tres órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas, por los hechos ocurridos en la mina de Coahuila ‘El Pinabete’, donde se encuentran 10 trabajadores atrapados.
Desde el pasado 5 de agosto, la FGR comenzó el procedimiento de investigación por los hechos ocurridos en el pozo minero, propiedad de la empresa minera ‘El Pinabete’ S.A de C.V.
La FGR informó que las órdenes de aprehensión son por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Entre los ahora considerados prófugos por estos hechos, se encuentra Cristian Solís, dueño de la mina, quien es buscado por su probable responsabilidad en el delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El pasado 11 de agosto la fiscalía solicitó audiencia judicial por los hechos ocurridos en El Pinabete, a la cual se citó a Solís y sus dos coacusados, quienes sin embargo, no acudieron a comparecer ante el juez, por lo cual se solicitó al juez que librara las órdenes de aprehensión.
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El 149 indica que“se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado”.
Por otra parte, el artículo 150 señala que: “La pena señalada en el artículo anterior se impondrá a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente”.
Con información de El Financiero
