Hace un año que la ley minera se reformó para limitar las operaciones de un sector que en tres décadas provocó daños profundos al medio ambiente y al entorno social. Sigue sin aplicarse, y quienes aspiran a gobernar el país, o se pliegan a la industria o negocian con opacidad.
Durante casi siete años, un grupo de pobladores de La Laguna de Durango se organizaron para impedir la instalación de la empresa Chemours Company que pretendía producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio... a menos de un kilómetro de sus casas.
Uno de los datos más reveladores que arrojó la investigación fue la cantidad de bosques y vegetación que fueron destruidos por el negocio de la minería ilegal
La más reciente tragedia minera no es un infortunio de la vida sino el único resultado esperable de mezclar la ambición económica y el abandono de las responsabilidades públicas
Debido al aumento de demanda de minerales, está llevando a algunos países y corporaciones mineras a pensar en el surgimiento de una nueva industria, la minería submarina, cuyos efectos al planeta aún son desconocidos
Con el objetivo de no quedarse rezagados con respecto a Tesla y las empresas automovilísticas chinas, muchos ejecutivos occidentales del sector automotriz están comenzando a invertir miles de millones de dólares en acuerdos con empresas mineras de litio
El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, consideró que es un “gran triunfo” para el sindicato minero que Estados Unidos exija al gobierno mexicano que como parte del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC se revise la situación de los trabajadores de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas.
Una de estas zonas es la Clarion-Clipperton Zone (CCZ), que es una enorme región en el océano Pacífico, de alrededor dos veces más grande que la India, que fue dividida y asignada a empresas para la exploración minera comercial
En la anterior legislación los permisos para la explotación minera en el país se daban por 50 años con opción de prórroga por un plazo similar, con lo que sumaba una centuria
Lo anterior es resultado que en México, estas empresas pagan entre 8 y 188 pesos semestrales por cada hectárea que recibieron del Estado mexicano en concesión durante las anteriores administraciones