¿Sin disposición para sancionar las anomalías?

Cada año, las auditorías Superior del Estado y de la Federación presentan sendos reportes sobre irregularidades administrativas y financieras en las que incurren las instancias públicas del estado y del país.

En el caso de Coahuila, el ente fiscalizador local muestra en varios momentos del año diferentes reportes sobre presuntas anomalías en las que incurre la administración pública, ya sea de cualquiera de los tres poderes establecidos, los municipios, los organismos autónomos y otros entes que reciben dinero público.

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Si bien es cierto que en los últimos años las irregularidades de carácter financiero han venido a la baja, persisten yerros en materia administrativa que generan dudas sobre si no hay actos de corrupción en el actuar de los funcionarios públicos.

En esta edición se da cuenta del reporte de la Auditoría Superior del Estado, en su Informe de Seguimiento a los Resultados, al primer semestre del 2023, en donde se muestra cómo los órganos de control interno de los distintos entes públicos han dejado pasar faltas administrativas no graves.

Si bien el hecho pudiera pasar como anecdótico, al no ser anomalías a gran escala, también puede representar un termómetro sobre la disposición que tiene la administración pública de castigar a quien no hace su trabajo correctamente.

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En promedio, menos de una quinta parte de las instancias públicas, a las cuales se les ha detectado estas faltas administrativas, ha informado sobre las sanciones que han aplicado, de acuerdo a lo que reporta la Auditoría en su informe.

Esto se da a pesar de que la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior establece que los Órganos Internos de Control deben informar a la ASE, en un plazo de 30 días hábiles siguientes de recibida la promoción de responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación respectiva o procedimiento contra algún servidor público por una práctica a su labor.

Situaciones como estas deberían apelar a la conciencia de todos, principalmente de la administración pública, ya que parece ser uno de esos casos en los que la ley queda en letra muerta.

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A pesar de estar legislado claramente, las instancias públicas prefieren no reportar sanciones (en caso de que éstas se hayan aplicado), sin que haya una consecuencia clara por sus omisiones.

Como se dijo en líneas previas, Coahuila ha tenido avances en los últimos años en materia de fiscalización, dando mayor certidumbre sobre el destino del gasto público, por lo cual dejar pasar este tipo de faltas administrativas de menor calado, no debiera ser una puerta para que se tengan retrocesos en la materia.

Se esperaría que los distintos entes públicos muestren una mayor apertura para, en primera instancia, atender los llamados de la Auditoría para sancionar anomalías y, en segundo término, transparentar que se están combatiendo malas prácticas. Eso es lo que se esperaría en una sociedad democrática como la que aspiramos tener.