Narcomenudeo en libertad

Si las más de 38 mil personas que han sido detenidas por el delito de narcomenudeo en Coahuila en los 5 años recientes estuvieran en prisión, se necesitaría 13 veces más la capacidad actual de los cinco centros penitenciarios que tiene el estado.

Sin embargo, en el reciente lustro, únicamente hay registro de 477 sentencias condenatorias por alguna modalidad de narcomenudeo, según datos del Poder Judicial del Estado entregados a través de una solicitud de información.

Lo anterior, a pesar de que Coahuila ha ocupado en este mismo periodo los primeros cuatro lugares con la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los últimos dos años, inclusive, ocupó el segundo lugar.

¿Qué ha ocurrido con esas 38 mil personas detenidas que podrían llenar el estadio completo del Santos Laguna y un tercio extra de su capacidad?

De ese total de carpetas de investigación abiertas únicamente una cuarta parte ha sido judicializada, es decir, han llegado a un juez, según datos entregados por la Fiscalía General de Coahuila a una solicitud de información.

El delito de narcomenudeo, entendido como el espacio intermedio entre la dosis personal permitida y lo que se empieza a considerar como narcotráfico, que es mil veces la dosis personal, es un delito difícil de enmarcarlo porque no suele haber detenciones en flagrancia, dice Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna.

“Tienes que determinar una intención de comercializar”, explica.

Es complicado comprobar ese interés de vender porque es un delito conocido como de “realización oculta”, comenta el abogado penalista, Mario Mendoza Flores.

“¿Cómo lo demuestras?”, pregunta el abogado. Salvo que se encuentre al vendedor y al comprador en un momento determinado, es difícil acreditarlo.

“¿Cómo justificas la flagrancia?”, vuelve a cuestionar Mendoza Flores. Es más fácil justificar la posesión, pero no la finalidad.

“Solo es demostrando en el momento que se hace la compraventa o suministro, o que el imputado lo acepte, que normalmente no lo van a aceptar”.

Dice que normalmente el delito se reduce a posesión simple o posesión agravada dependiendo de la cantidad de narcóticos que pudiera tener la persona. Con todo y eso la persona alcanza beneficios y suele llevar el proceso en libertad.

Sin embargo, el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, asegura que la mayoría de los casos sí se encaminan a buscar comprobar el fin de venta de la droga.

Enfatiza que a diferencia de otros delitos, en las carpetas de narcomenudeo se va más allá y se privilegia investigar el entorno social del probable responsable, de quién recibe la droga, cuánto le cuesta, cómo le hace para pagarla, quién le vende, si implica un riesgo a la salud y su vida o de la familia.

Asegura que con estos métodos han logrado aclarar delitos de alto impacto como el homicidio o el secuestro. Marco Zamarripa del CCI Laguna afirma que las detenciones sí han ayudado en la reducción significativa de los homicidios dolosos.

Los datos de cinco años refieren que de las más de 38 mil carpetas iniciadas por narcomenudeo, más de 22 mil se siguieron como narcomenudeo con fines de comercio o suministro, y el resto, poco más de 16 mil, terminaron reduciéndose a alguna modalidad de la posesión simple, según la relación de carpetas iniciadas por la Fiscalía entregada a través de una solicitud de información.

El Fiscal presume que a comparación de otros estados, Coahuila sí lleva un registro confiable.

En 2009 se reformó la Ley General de Salud donde se estableció que los estados resolvieran lo que se considera como narcomenudeo.

Alejandro Hope, analista de seguridad, dice que el problema es que desde entonces se les aventó a los municipios y estados una cantidad “monumental” de trabajo sin dotarlos de los recursos necesarios para enfrentarlos.

Opina que esta decisión ha generado una fuente de extorsión y corrupción entre las policías o corporaciones.

“Los pusiste a cazar narcotienditas en lugar de atender el desorden y la violencia que surge del comercio de drogas”, considera.

Por eso, para el especialista en seguridad, las carpetas abultadas de este delito reflejan un indicador de procesos, de cuánto tiempo le dedican los policías y ministerios públicos al problema, pero no sobre los fenómenos subyacentes.

“Estás mandando a mucha gente a la cárcel o estás criminalizando a mucha gente por delitos que no ameritan mucha atención por el estado”, expone Hope.

Aunque a pesar de tener muchos expedientes, en cinco años hay 950 órdenes de aprehensión por posesión simple de narcóticos y apenas 36 por posesión de narcóticos con fines de comercio, de acuerdo con datos de la Fiscalía.

El director del CCI Laguna, Marco Zamarripa, respalda que la mayoría de las detenciones terminan clasificándose como otro delito, al manifestar la persona que la droga es para consumo propio.

“Muchas de las veces a quienes se detiene es a personas adictas”, comenta Zamarripa.

Un total de 27 mil 135 personas imputadas por el delito de narcomenudeo quedaron a disposición de un juez desde 2017, según datos del Poder Judicial del Estado.

¿Dónde están esas personas?

La interminable puerta giratoria

La Ley General de Salud establece cantidades máximas de droga para consumo personal como 500 miligramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, 5 gramos de mariguana o 40 miligramos de metanfetamina, la droga conocida como cristal que está provocando que los centros de rehabilitación del país estén abarrotados.

En lugares como el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, actualmente casi 7 de cada 10 personas que acuden por primera vez, refieren la adicción al cristal.

Rafael Mora Garza, director del CIJ, menciona que el tema del narcomenudeo pareciera que es una puerta de entrada y salida constante, pues se detiene a una persona, parece que no se sigue el proceso, salen y luego vuelven a entrar y vuelven a salir.

“Es complicado porque se tiene que diferenciar entre alguien que se dedica a la venta, al negocio, con alguien que parte de un consumo”, comenta.

Rafael Mora reconoce que no es sencillo porque con las dosis máximas permitidas por la Ley, si alguien se dedica a la venta simplemente lleva consigo cierta cantidad permitida, va, la vende y regresa por más. Y si lo atrapan argumenta que trae lo permitido. Y así continúa esa puerta giratoria interminable.

El abogado penalista Raúl Mendoza Flores comenta que depende de muchas circunstancias el poder seguir un proceso por este delito.

Ejemplifica que si se encuentra a una persona afuera de una escuela con 10 bolsitas de una sustancia, ahí se presume un interés de venta. Pero no siempre es así.

El abogado dice que la Ley no establece penas tan grandes y además tienen derecho a beneficios. Dependiendo de la cantidad puede ser una suspensión condicional. Se está en libertad y se cumplen ciertos requisitos de sanción.

El Fiscal Gerardo Márquez reconoce que en la mayoría de los eventos existen salidas alternas donde el probable responsable puede afrontar el proceso en libertad con solo una vigilancia.

De acuerdo con el artículo 475 de la Ley General de Salud, se impondrá prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400 días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos.

El artículo 476 dice que se impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 80 a 300 días multa, al que posea algún narcótico siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

Y el artículo 477 dice que se aplicará pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla y que por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente.

En los tres casos siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto previsto en la tabla de consumo máximo.

De acuerdo con los datos entregados por el Poder Judicial de Coahuila, en 6 de cada 10 sentencias por narcomenudeo se dictaron penalidades de 2 años o menos.

En todas las 477 sentencias registradas, salvo una, se resolvieron a través del procedimiento abreviado, la figura del sistema penal en que el responsable acepta su culpa a cambio de una pena menor.

Marco Zamarripa, director del CCI Laguna, comenta que es un problema porque muchos salen aprovechando el sistema y vuelven a recaer, y vuelven a detener a la misma persona.

El Fiscal Gerardo Márquez reconoce que en este contexto de salidas alternas, el nivel de reincidencia en las detenciones es de cerca del 30%.

Zamarripa dice que por lo general los detenidos exhiben una garantía económica acompañado de una presentación periódica frente al juez.

“Una vez que pasan el proceso penal, se determinan algunas medidas para que pueda resarcir el daño, como el pago de una multa, abstenerse a medidas como ir a un centro de atención contra las adicciones, conseguir algún empleo, capacitarse u otra medida cautelar dentro del proceso penal”, explica Zamarripa.

El abogado Mario Mendoza Flores asegura que todos los casos deben pasar a una canalización con un centro de adicción. Lo que sucede, dice, es que los imputados incumplen.

“La Unidad de Medidas Cautelares tiene la obligación de vigilar, de estar revisando continuamente y hacerles el antidoping, pero el sistema requiere recursos y los estados no los tienen”, considera el penalista.

Semanario buscó a la encargada regional de la Unidad de Medidas Cautelares, pero no respondió a la solicitud de entrevista.

Para el Fiscal Gerardo Márquez no se trata de un problema necesariamente de la Unidad de Medidas Cautelares, sino de la necesidad de fortalecer los centros de rehabilitación y los medios para rehabilitar a las personas.

“No hay suficientes centros”, reconoce el Fiscal.

En Coahuila hay tres clínicas reconocidas y certificadas por la Comisión Nacional contra las Adicciones y 21 centros de rehabilitación autorizados en Coahuila. Estos centros tienen que atender a las personas detenidas que son canalizadas, pero también al ejército de enfermos que cada día buscan un lugar para rehabilitarse.

Y por eso dice el Fiscal que generaron un acuerdo donde todos los organismos empresariales asumirán un compromiso para realizar un proyecto de prevención al interior de las empresas y exportarlo a la sociedad en general.

Rafael Mora, director del CIJ, cuenta que sí hay ocasiones en las que la Unidad de Medidas Cautelares envía a los adictos, pero reconoce que están rebasados en la posibilidad de darle seguimiento a los casos.

“En un proceso normal cuando un paciente deja de venir, el terapeuta le llama, la trabajadora social lo busca. Pero luego en estos casos no hay personal que esté exclusivamente dedicado a darle seguimiento”, reconoce.

Dice que en este delito llega un momento en que no se reconoce cuál es el problema real: si la persona que consume sustancia o si se dedica a la venta.

Agrega que independientemente de si vende o no vende, es necesario extraerlo de su situación de dependencia y adicción.

“Pero no es sencillo”, admite

Rafael Mora asegura que se han hecho varios intentos de atender esta problemática donde está de por medio el menudeo, el tráfico, la venta. Convencer a las personas detenidas, darles la oportunidad de hacer un cambio a través de un apoyo terapéutico.

¿Criminalizar o atender al enfermo?

Los expertos entrevistados coinciden que el problema del narcomenudeo no se resuelve con detenciones ni con la cárcel.

Alejandro Hope, analista de seguridad, menciona que poner énfasis en la supresión del narcomenudeo conduce a una lógica “hiperpunitiva” que genera prácticas de extorsión y corrupción, además de que pone a las corporaciones en la mira de la delincuencia organizada en muchos sentidos.

“Lo que deberían de hacer las corporaciones es atender la violencia, el desorden de los mercados, de algunas modalidades de venta de droga. No todas”, expone.

Para Marco Zamarripa se tiene que adoptar otro tipo de medidas cautelares, identificarlas y supervisar que las realicen; que realmente acudan a los centros de rehabilitación y atiendan el problema de adicción.

Zamarripa crítica que se sigue sin atacar el problema de raíz.

“Son muchas las detenciones, es bueno, pero se está criminalizando al consumidor. Debería tratarse como un tema de salud”, considera.

“La solución no es deteniéndose, sino rehabilitándolos”, amplía el abogado Mario Mendoza Flores y agrega que el marco legal abona a una reincidencia, y por eso es necesario no criminalizar, sino atender el problema desde la educación, desde la prevención.

El artículo 478 de la Ley General de Salud establece que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal.

Por el contrario, la autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

Sin embargo, en la realidad, lo que ocurre es que las autoridades policiacas aprovechan, dice Rafael Mora Garza, y en lugar de que digan que traía poquito, pues “vamos a decir que traías muchito”.

“La criminalización ha ocurrido durante mucho tiempo”, recalca el director del CIJ.

Hope dice que estas prácticas desafortunadas de extorsión no solo son con adictos, sino con el usuario casual, que según comenta es el grueso de los usuarios.

Para Rafael Mora es necesario tener la visión del enfermo, de buscar sanarlo, pues hay toda una historia de atención que se debe procurar.

Lamenta que hay un descuido de muchos años en el sistema de salud y políticas públicas, pues se ha tenido una visión cortoplacista de la atención y prevención al tema de las drogas como un asunto de salud.

“No se ve la importancia que tiene que desde las escuelas haya gente dedicada a apoyar a los chavitos, chavitas. Sobre todo, del sector educativo. Y que no se tiene la visión que, si atiendes eso ahorita, te vas a evitar que en un futuro esté colapsado todo”, comenta.

“Ya llegó el momento en que tenemos que afrontar la prevención”, reconoce el Fiscal Gerardo Márquez Guevara. Dice que ya redujeron los delitos de alto impacto casi al mínimo, por lo que es necesario atender la prevención de las adicciones.

Sobre el tema de la criminalización de la persona adicta, comenta que es un tema que se debe vincular a la prevención.

Sin embargo, Alejandro Hope considera necesario cambiar el enfoque y no reducirlo solamente al tratamiento. Explica que el problema no es que se venda droga, sino el desorden y violencia que generan ciertas formas de comercio de droga.

“Habría que asumir una reducción de daños que de supresión del mercado”, opina.

Hope explica que se ha asumido que el objetivo de la política pública debe ser que la gente no consuma drogas y que no se vendan drogas. Sin embargo, cree que se debe ser más creativo y pensar que a lo mejor el objetivo es que lo consuman de manera segura. Que si han de comprar, que no genere violencia.

“No necesariamente requiere legalizar nada, requiere priorizar cosas distintas, tener métricas distintas, afrontar el problema de otras ópticas”, aclara.

Refiere que si se amplían los objetivos más allá del consumo o no consumo, que no sea problemático y que genere los menores costos colaterales posibles, entonces surgirán otras aproximaciones.

“Una puede ser el tratamiento y otra no”, dice.

Ejemplifica que en California han venido descubriendo que la mejor manera de que la gente no consuma es literalmente dándoles dinero.

“Tiene mejores resultados que darles tratamiento, darles dinero genera incentivos a que dejen de consumir por cuenta propia La inmensa mayoría de los usuarios de droga van a dejar de consumir por cuenta propia”, explica.

Asegura que son muy pocas las personas “problemáticas” que necesitan tratamiento.

Añade que hay otros programas en Estados Unidos que han asumido que en vez de mandarte a tratamiento, parte del condicionamiento es que no se consuma drogas y si no pasa una prueba toxicológica, te vas al equivalente al “Torito” 24 horas.

“Ha tenido muchos más resultados que los programas más caros de tratamiento porque la sanción es inmediata”, añade.

Hope dice que hay varias aproximaciones que combinan el garrote y la zanahoria en diferentes modalidades, con diferentes intensidades que pueden dar mejores resultados.

Droga asegurada

Datos entregados por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila refieren que de 2017 a 2021 se incrementó en 1,142% las dosis de cristal asegurada en Coahuila, aunque en 2020 la cifra representó un aumento de 2,199% a comparación de 2017.

En 2022 se aseguraron 35 mil 834.5 gramos de cristal, seis veces lo asegurado en los cinco años anteriores. En 2017 se aseguraron mil 773 envoltorios de cristal, y en 2022 ya se duplicó esa cifra en cuatro meses.

“La droga se comercializa de muchas maneras, y la venden en 10, 20 pesos, y drogas tan adictivas como el cristal que te venden en mínimas cantidades”, comenta el abogado Mario Mendoza Flores.

Los centros contra las adicciones refieren al cristal como la principal droga de consumo entre los usuarios que llegan.

El martes autoridades estatales y la iniciativa privada acordaron impulsar una campaña de prevención del consumo de cristal donde se abordan diferentes problemáticas y efectos. Inclusive la Secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, dijo que se pidió a los empresarios retomar las pruebas antidoping entre sus trabajadores.

En entrevista durante el anuncio, Villarreal reconoció que el cristal está detonando delitos como la violencia familiar y robos.

“Cuando investigamos los robos nos damos cuenta de que hay un consumo de la droga”, aseguró.

El experto en seguridad, Alejandro Hope, comenta que existen muchos mitos alrededor del narcomenudeo, entre ellos que se asume que están en todas las esquinas y en todas las colonias.

Dice que hay un mito que son como un Walmart de la ilegalidad, que forman parte de grandes cadenas vinculadas necesariamente por estructuras jerárquicas a grandes cárteles de la droga.

“Es mucho más descentralizada la operación, hay muchos más actores independientes de los que asumimos, está mucho más atomizado. Suponer que es el Walmart de la ilegalidad es un error”, explica.

Comenta que es necesario salirse de la lógica “ultra prohibicionista y ultra prohibitiva” de que nadie debe consumir drogas nunca jamás.

“Decir ‘nunca nadie debe de vender la droga ilícita bajo ninguna circunstancia’, es ponerte una meta imposible. Las corporaciones deben ponerse métricas más realistas para tener mejores resultados”, opina Hope.

En ese sentido dice que el tema no es que haya narcomenudeo, sino que haya narcomenudeo ultra flagrante que genere balaceras, homicidios, extorsión, prostitución, desorden urbano.

“Tu objetivo no es eliminar el narcomenudeo sino todos estos efectos colaterales”, apunta.

Y sí, es difícil eliminar el narcomenudeo. Según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 38.8% de la población refirió que se consume droga en los alrededores de su vivienda y 22.9% dijo que se vende droga en los alrededores de su vivienda.

En términos generales, al menos una cuarta parte de la población en Coahuila tiene conocimiento de que venden drogas en los alrededores de su vivienda.