La primera es la causada por la incompetencia de quienes deben investigar, perseguir y castigar las conductas delictivas; la segunda es la provocada por la corrupción, es decir, por la complicidad de ciertas autoridades a cambio de una parte del botín y, finalmente, la que podemos considerar como la más dañina: la provocada por la participación de agentes públicos en la actividad delictiva.
