Saltillo: candidaturas de espaldas a la transparencia

Una de las reglas que deben cumplir, quienes aspiran a un cargo de elección popular en México, es el de entregar, al momento de su registro como candidatos, tres declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses. No se trata de una cuestión optativa, sino de una obligación establecida en la ley.

Sin embargo, los partidos políticos −que definen las reglas electorales a través de sus representantes en los poderes legislativos− han omitido establecer la obligación de que esa información se transparente. Y tampoco han dotado a los órganos electorales de facultades para que hagan pública la información que reciben.

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Ante dicho vacío, la sociedad civil organizada impulsó, desde hace más de un lustro, la idea de que los órganos electorales provean, a quienes buscan convertirse en nuestros representantes, de una plataforma para que “voluntariamente” pongan dicha información a disposición del público.

Así se construyó el mecanismo que en el actual proceso electoral se denomina “Candidatas y candidatos, Conóceles”, mediante el cual el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) invita, a quienes aspiran a encabezar los 38 ayuntamientos de la entidad, a transparentar su información personal.

Dicha plataforma no solamente buscan que se pongan a disposición del electorado las tres declaraciones citadas líneas arriba, sino que también permite a las personas candidatas difundir sus propuestas de campaña y los aspectos relevantes de su curriculum personal.

Sin embargo, la información relevante, la que representa un compromiso con la transparencia de cara a los electores, es la contenida en las referidas declaraciones. Y lo es porque se trata de los datos que nos permiten conocer el patrimonio de las figuras públicas y, en caso de resultar electas, darle seguimiento al mismo.

Pero, como lo consignamos en esta edición, en el caso específico de Saltillo, cuatro de las seis candidaturas han afirmado no contar con una declaración de impuestos, por no encontrarse en ninguno de los supuestos legales que obligan a su presentación; una más solicitó que sus datos no fueran publicados y solamente uno de los aspirantes la ha revelado.

En tres de los casos, la información complementaria proporcionada a la autoridad electoral plantea dudas respecto de si deberían o no contar con una declaración de impuestos.

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Lo que revela esta realidad es la inexistencia de un compromiso con la transparencia que debe llamarnos a preocupación, sobre todo si tomamos en cuenta que, hace más de dos décadas ya, se creó en el país un sistema que, al menos en teoría, habría de combatir la opacidad gubernamental.

No estamos hablando de un asunto trivial, sino de uno de la mayor relevancia. Porque si quienes aspiran a gobernarnos son incapaces de mostrar, cuando apenas son candidatos, un compromiso tangible con la transparencia, poco puede esperarse de ellos como gobernantes.