Crimen y cuerpos de seguridad causan desplazamientos forzados en El Salvador

SAN SALVADOR.- Los desplazamientos forzados en El Salvador son provocados en más de 90 % por grupos criminales, aunque los cuerpos de seguridad también tiene su responsabilidad (3,4 %), según un estudio revelado hoy y que analiza, por primera, vez el papel del Ejército y la Policía en la materia.

El estudio, denominado Informe sobre situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador, fue realizado por un conglomerado de 13 organizaciones sociales del país.

Celia Medrano, de la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado, explicó a la prensa que los éxodos propiciados por el Ejército y la Policía se comenzaron a reportar a partir de mediados de 2015 y que "es un punto que no estaba registrado en años anteriores".

Atribuyó el fenómeno a un "enfoque equivocado de seguridad pública" que se manifiesta con "acciones de uso de la fuerza" y "acoso hacía los familiares de pandilleros por parte de las instancias estatales".

Según el "Informe sobre situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador", estas organizaciones atendieron un total de 146 casos en los que 623 personas se vieron obligadas a escapar de sus hogares entre agosto de 2014 y diciembre de 2015.

El informe detalla que las pandillas son los causantes del desplazamiento en el 86,30 % de los casos, el crimen organizado y narcotraficantes en un 4,79 %, y los cuerpos de seguridad en un 3,4 %, el restante 5,51 % lo constituyen "particulares" y "desconocidos".

Respecto a los desplazamientos causados por los cuerpos de seguridad, ejemplifica que en un caso "donde un homicidio generó que una familia se desplazara por temor", la Policía es señalada "como agente agresor".

En otro caso, la Fuerza Armada es acusada de una desaparición forzada que obligó a "un grupo grande de personas a abandonar sus hogares".

El informe señala que las mujeres representan el 33 % de los desplazados, los hombres el 29 %, los adolescentes el 15 % y la niñez el 23 %.

Los departamentos con más desplazados son San Salvador con el 60,95 % y La Libertad (centro) con el 8,21 %.

Para Medrano, la situación es "muy grave" y que se recrudece por la falta de "reconocimiento por parte del Estado de la existencia del problema".

Lamentó que el Gobierno no posee ninguna institución que se encargue de tratar a las víctimas o que lleve un registro y que muchas personas no denuncian porque "el sistema las vulnera más".

"Las personas son apoyadas por la Policía únicamente para sacarlas de la zona de conflicto, donde hay dominio territorial por parte de pandillas", detalló.

Explicó que los desplazados en El Salvador "primero van donde un familiar" y si "allí persiste la situación que los obliga a huir,(...) muchos comienzan a tomar la decisión de la migración internacional".

Por su parte, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, secundó a Medrano respecto al papel del Gobierno en este problema.

"Encontramos una alta desconfianza de las víctimas, mucho temor de sufrir represalias por las pandillas si interponen la denuncia" porque la información se puede filtrar, explicó.

Añadió que "la cifra oculta" de desplazados "debe ser muy grande" porque no se tiene un registro oficial.

Señaló que "las víctimas han sido las eternas olvidadas de las políticas de seguridad" porque "el Estado no creó planes de atención", incluso después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992).

Expuso que junto a otras 3 instituciones "hemos propuesto al Gobierno un plan de atención urgente para las familias que huyen por la violencia que comprende una red de albergues a nivel nacional y atención integral".

Asimismo, el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Jaume Segura, señaló durante la presentación del informe que "el imperativo inmediato es proteger a las personas que lo necesitan" y "reflexionar e ir a las causas profundas del fenómeno".

También hizo un llamamiento a "retomar el espíritu de los Acuerdos de Paz para buscar un gran consenso nacional para la solución de la violencia".

El Consejo Noruego para los Refugiados dijo en mayo de 2015 que los desplazados por la violencia en El Salvador ascienden a unas 289.000 personas.