'Entregan' TSJE y Fuerza Coahuila a abogado pirata

El abogado que fungió como apoderado legal de la parte demandante en la diligencia de desalojo que se llevó a cabo el pasado 6 de mayo en una propiedad de Grupo VANGUARDIA, es ‘pirata’ al no estar registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, informó la propia dependencia; con esto se habría “entregado a Fuerza Coahuila y personal judicial a un particular que no cumplía con los requisitos de la ley.

Ante esta situación, Luis Javier Castaños Garza, el representante legal de Olga Leticia Muñoz Cena, la parte demandante, debería de estar imposibilitado de participar en la acción y por tanto ésta debería de quedar sin efectos.

El documento firmado y sellado por Ana Guadalupe González Sifuentes, titular de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, señala que ante ese organismo no hay registro de inscripción de Castaños Garza, quien fungió como apoderado legal, según los oficios presentados por el actuario Óscar David Benavides López.

“Que habiendo revisado los libros de registro de títulos de abogados o Licenciados en Derecho que se llevan en esta Secretaría, no se encuentró (sic) registro alguno de título de Licenciado en Derecho a nombre de Luis Javier Castaños Garza”, dice el documento del TSJ.

Castaños Garza, al ser el representante legal de Muñoz Cena, fue quien encabezó la diligencia junto al actuario Benavides López, por lo que tuvo a su disposición a la corporación Fuerza Coahuila, quienes atendían las órdenes de él y de Benavides.

De acuerdo con el artículo 4° de la Ley Reglamentaria para el Ejercicio de la Abogacía de Coahuila, “Las personas que posean título de abogado, antes de ejercer la profesión, deberán registrarlo en el Superior Tribunal de Justicia”. Castaños Garza, en caso de contar con su título de Licenciado en Derecho, no aparece en los registros del Poder Judicial de Coahuila.

Luego, el artículo 9° del mismo ordenamiento señala que las personas que no tienen título legal de abogado o permiso especial, tienen prohibido presentarse en calidad de patronos o directores en las audiencias, vistas, juntas, embargos o cualquier otro acto o diligencia de carácter judicial en materia civil.

“Los Magistrados, Jueces, Secretarios o Actuarios de los Tribunales, deberán expulsarlas y no permitirles ninguna intervención verbal o escrita, bajo pena de multa de cincuenta pesos para el funcionario o empleado que infringiere esta disposición”, concluye el artículo 9° la Ley Reglamentaria para el Ejercicio de la Abogacía de Coahuila.

El artículo 10° -de la misma norma- estipula que esas personas serán consideradas como agentes intrusos o tinterillos y la parte contraria tiene el derecho de alegar esta circunstancia como excepción dilatoria, es decir, que se puede oponer a la demanda por inconsistencias legales de la misma.

Según expertos en Derecho consultados, tanto el juez César Saucedo como el actuario Óscar Benavides, debieron de haberse cerciorado que el litigante tuviera su papelería en orden.

La Ley Reglamentaria para el Ejercicio de la Abogacía de Coahuila contempla multas en contra de los funcionarios, y, sobre todo, dejar sin efectos la diligencia realizada ante estas irregularidades.

Esta inconsistencia se suma, luego de que VANGUARDIA publicara el pasado martes que Miriam Cárdenas, titular del Poder Judicial, dijo desconocer los detalles de esta diligencia realizada hace 27 días.

Asimismo, Víctor Zamora, titular de la Secretaría de Gobierno y por ende encargado de la corporación Fuerza Coahuila, ha guardado silencio, pese a las peticiones formales de entrevista.

A la par, hasta el cierre de edición, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila no se ha pronunciado ante la irregular diligencia.