INAH aprobó construcción de centro comercial en zona arqueológica de Valle de Bravo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó a la empresa Desarrollo Las Monjas, propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, la construcción de un centro comercial en una zona arqueológica de Valle de Bravo, Estado de México, protegida desde 1984 debido a su valor histórico.

Éste es el capítulo más reciente de edificación sobre el “importante” sitio arqueológico conocido como La Peña, definido así por los propios antropólogos.

Desde hace tres décadas empezaron estas edificaciones gracias a que el INAH avaló que inmobiliarias construyeran casas de descanso en la parte sur del terreno, sin realizar investigación ni rescate de vestigios, y a que pobladores edificaran de manera irregular, en la parte norte. Sin embargo, ahora habrá incluso un centro comercial.

Sobre el nuevo centro, el apoderado legal de Desarrollo Las Monjas, Adalberto Arrellano, aseguró que ha cumplido con todos los permisos, pero ignoraba que en uno de los tres terrenos que compraron para la obra no había autorización para construir.

Lo cierto es que en el terreno donde ahora se trabaja, el INAH había prohibido cualquier edificación desde 1989, pero en diciembre pasado cambió la decisión y liberó el terreno, es decir, avaló la edificación del centro comercial. El permiso se concedió con el argumento de que habría labores de rescate por parte de los constructores.

A partir de una filtración recibida en la plataforma Méxicoleaks, los medios y organizaciones que la integran –entre ellos Animal Político– realizaron una investigación conjunta que confirma la pérdida irremediable del patrimonio histórico en el Estado de México. Ésta es la historia.

INAH cede terreno a centro comercial Desde hace 13 años, la empresa Desarrollo Las Monjas Valle de Bravo, S. A. de C. V. inició la estrategia para construir la plaza comercial Patio Valle, que incluirá una Bodega Aurrerá, locales, restaurantes, cines y 218 cajones de estacionamiento sobre un terreno de 17 mil 355 metros cuadrados en La Peña.

La obra, que prevén terminar en cuatro meses, quedará flanqueada por bosque y terrenos que se cotizan entre mil 500 y 6 mil pesos el metro cuadrado y casas veraniegas con valor de hasta 38 millones de pesos.

El 14 de octubre de 2003 los empresarios Alejandro Martí (director y accionista de Procorp, S.A. De C.V. Sociedad de Inversión de Capitales y Grupo Martí), Alejandro Aboumrad (presidente de Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso, de donde es consejero desde hace 24 años) y Laila Kawage (esposa de Alejandro Aboumrad) compraron un terreno de dos hectáreas llamado La joya en Valle de Bravo, por 4 millones de pesos a la Asociación Civil Institución Providencial de México. En 2004 compraron otro terreno a Heriberto Robertson por 2 millones 400 mil pesos.

El 2006 Martí y Aboumrad constituyeron la empresa Desarrollo las Monjas Valle de Bravo, a la cual le traspasaron los terrenos antes comprados. El 21 de junio de 2006 tramitaron la fusión de predios para hacerlo un terreno de 29 mil 753 metros cuadrados, según se establece en el acta emitida por el notario público 99 del Estado de México, Juan José Ruiz Ortega.

La empresa siguió adquiriendo terrenos. El segundo, de 7 mil metros cuadrados, lo compró a Llilian Garibay en agosto de 2011. El tercero, de 794 metros cuadrados, en el que se encuentra el terreno Casa de ídolos, lo vendió Abel Núñez el 2 de septiembre del mismo año.

Este último terreno, al tratarse de un sitio arqueológico de resguardo, con “alto potencial” para explicar la cultura matlatzeca, era el único que no tenía permiso de construcción emitido por el INAH.

De allí rescataron esculturas con forma de cabeza de serpiente en la década de los 80, que forman parte del acervo del Museo Arqueológico de Valle de Bravo; por eso es que el INAH negó el permiso de construcción a Andrés Robertson, cuando lo solicitó en 1989, 1997 y 2000.

Para poder construir, Desarrolladora Las Monjas tramitó la manifestación de impacto ambiental, pero por los tres terrenos (una superficie total de 44 mil 694 metros cuadrados); fue autorizado por Salvador Díaz Vanegas, ex director general de Ordenamiento e Impacto Ambiental del Estado de México, el 3 de diciembre de 2012.

Con este trámite aprobado, la empresa consiguió la licencia de uso de suelo el 15 de mayo de 2013. El último paso fue la licencia de construcción concedida por el municipio de Valle de Bravo el 21 de diciembre de 2013, como consta en la licencia número DDUYOP/446/2013.

Ante la denuncia y manifestaciones de los vecinos, el delegado del INAH en el Estado de México, Ricardo Jaramillo, acudió a la zona para verificar las obras. Constató la “afectación” en el terreno, lo que “anunciaba la destrucción de patrimonio arqueológico”, por lo que el instituto detuvo la obra el 14 de febrero de 2014.

“Casa de ídolos no ha contado con una liberación; se localiza dentro de la poligonal de protección institucional; no forma parte de los predios liberados y por lo tanto es sujeto de protección de las normas en la materia de investigación arqueológica”, según se advierte en el proyecto de salvamento en su primera fase.

Una vez que la obra fue suspendida, Desarrolladora Las Monjas solicitó por primera vez el permiso de construcción para el terreno Casa de ídolos, como consta en el oficio número 144.2014/0300, dirigido al INAH y firmado por el representante legal de la empresa, Adalberto Arellano, el 17 de febrero de 2014.

El proyecto de rescate arqueológico inició en marzo de 2014 y los arqueólogos advertían su preocupación porque la obra requería haría excavaciones de cuatro metros de profundidad, por lo que “definitivamente los contextos arqueológicos localizados en el predio Casa de ídolos se verían totalmente destruidos”.

Después de la exploración, los arqueólogos propusieron una segunda fase para el salvamento de patrimonio debido a la “complejidad” del asentamiento prehispánico en el cual encontraron “vestigios relevantes del periodo prehispánicos”.

Pero esta vez hubo un compromiso más estricto: “Cuando termine cada una de las etapas de los trabajos de salvamento arqueológico, el INAH se obliga a liberar las zonas por escrito a la empresa propietaria”, según se lee en la minuta de acuerdos firmada por el delegado del centro INAH, Ricardo Jaramillo, el apoderado legal de la empresa, Adalberto Arellano, y el arqueólogo encargado, José Hernández, el 21 de agosto de 2014.

Durante los trabajos, el arqueólogo José Hernández ordenó a sus colegas encargados de la segunda fase de rescate “realizar a la brevedad, el levantamiento de los arranques de muros del nivel superficial” y dejar el área de reserva arqueológica para una “posible reconstrucción futura del pequeño basamento”, que “esperamos, algún día se lleven a cabo”.

Esto, argumentó Hernández, “se debe realizar para proceder a la liberación del área para que la empresa pueda iniciar sus trabajos de remoción del suelo”, según consta en un oficio del 26 de septiembre de 2014.

Los arqueólogos respondieron en su informe final que “se tuvo que cumplir con dicha acción aunque no se estuviera de acuerdo”.

Consultado al respecto, José Hernández, arqueólogo encargado de la investigación en la zona de 1997 a 2014, confirma que el terreno no había sido liberado en décadas pasadas. “No pudimos haber cometido un error semejante.”

Sin embargo, defiende su propuesta de desmantelar los dos pequeños altares encontrados y restaurar otra parte de la estructura de Casa de ídolos para ser expuesta como parte del centro comercial. “No puedo parar una obra de desarrollo urbano, pero podemos integrarnos con el desarrollo respetando los vestigios”.

El Consejo de Arqueología, la máxima autoridad en materia de patrimonio, rechazó la propuesta de primera instancia. Por ello, dice, el representante legal de Desarrollo las monjas, Adalberto Arellano, le llamó “muy molesto”.

“Me habló preguntándome qué hacía, pero yo le dije que yo no podía hacer nada porque el Consejo es el que dictamina y es nuestra máxima autoridad en el país”, dice Hernández.

Según Adalberto Arellano, el proyecto cumplió con todos los permisos legales, pero “no sabíamos que Casa de ídolos no había sido liberado”, por eso es que el INAH inició trabajos de inspección. Además niega que hayan destruido vestigios en la zona y, por tanto, dice, la empresa no fue sancionada.

Según establece el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien “por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

El arqueólogo Hernández insiste en que los moradores “destruyeron mucho y la constructora, sí afectó un montículo, pero el daño fue menor”.

Aunque Méxicoleaks solicitó información y entrevistas al INAH para conocer la razón sobre la falta de sanciones y la inacción para rescatar los vestigios antes de que iniciaran las obras de construcción, no hubo respuesta en dos meses.

El 17 de diciembre de 2015, el INAH finalmente “liberó” el predio, es decir, otorgó el permiso para que la empresa retomara la obra en Casa de ídolos, donde se encontraron 22 áreas de actividad (monolitos, cerámica, utensilios), 28 entierros y 112 vasijas completas, según informó el organismo a una solicitud de información realizada por Méxicoleaks.

La arquitecta María de Lourdes Toscano, quien firmó la autorización, expuso que liberaba los terrenos “sin restricción alguna”.  Y retomó la propuesta de Hernández de que las estructuras mejor conservadas fuesen restauradas y expuestas dentro de la plaza comercial.

Los empresarios tras el proyecto La falta de liberación del terreno fue el único obstáculo que había enfrentado el proyecto, pero con el aval del INAH, la empresa prevé concluir el centro comercial durante el próximo cuatrimestre, explica en entrevista el apoderado legal, Adalberto Arellano.

Asegura que sólo existe “desinformación” respecto al proyecto, pues se ha cumplido con todos los requerimientos legales. Aunque la Manifestación de Impacto Ambiental, la licencia de uso de suelo y de construcción vencieron en 2014, ya tramitan las renovaciones.

Desarrolladora Las Monjas es propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Abounrad. Éste último, además de ser presidente de Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso, es consejero independiente y a la vez suplente de Patrick Slim Domit, hijo de Carlos Slim Helú, en el Consejo de Administración de Grupo Carso.

En tanto, la empresas encargada del desarrollo de la obra es Mexico Reail Propierties, creada en 2003 por Jerónimo Marcos Gerard Rivero –cuñado de Carlos Salinas de Gortari– y John A. Blumberg, fundador del fondo de inversión inmobiliaria Black Creek Group.

De acuerdo con el perfil de MRP de la página de Equity International, se trata de “uno de los desarrolladores más activos de tiendas Walmart en México”. Opera 71 centros comerciales en 21 estados del país y renta sus espacios a 2 mil 700 arrendatarios como Bodega Aurrera, Sam’s Club y  Walmart.

Historia de la devastación La Peña fue un “monumental” centro administrativo y ceremonial de la cultura matlatzeca, tan importante como otras civilizaciones de Mesoamérica, y contemporánea de los tehotihuacanos. Sin embargo, no se sabrá más. El patrimonio arqueológico que podría explicar el resto de la historia quedó sepultado.

La Peña abarca 236 mil 421 metros cuadrados y está dividido en 136 lotes y avecinados. En 1984, el INAH emitió una declaratoria de protección a un polígono de 30 hectáreas, debido al “alto potencial” para explicar el contexto arqueológico.

De acuerdo con los informes de las excavaciones consultados por Méxicoleaks en el archivo del INAH, la zona ha sido devastada sin que alguna autoridad lo detenga. En 1989, por ejemplo, el arqueólogo Basante Gutiérrez denunció ante el Centro INAH la destrucción de estructuras en el terreno donde el gobierno local construyó un Centro de Salud.

“Desafortunadamente ninguna acción administrativa y legal fue emprendida para llevar a cabo el rescate correspondiente por lo que no se realizó exploración alguna perdiéndose valiosa información”, se explica en el archivo histórico de 1997.

En 1984, la ex delegada del INAH en el Estado de México, Silvia Gutiérrez y Vera, hizo una serie de “liberaciones otorgadas de manera irregular”, sin realizar trabajos previos de rescate, por lo que “el lado sureste de La Peña, que también contenía importantes vestigios, se perdió irremediablemente”.

La funcionaria, dice el arqueólogo José Hernández, fue despedida del INAH, pero el daño ya estaba hecho. La zona liberada alberga ahora casas de descanso cotizadas hasta en 38 millones de pesos.

Los pobladores de lado norte de La Peña, se inconformaron por haber permitido la construcción “a los ricos”, mientras que a ellos, les prohibían construir los terrenos que el gobierno les cedió desde 1947.

La única multa por construir sin permiso fue para dueño de lote 62, Francisco Rojas González, firmada por el director general de Desarrollo Urbano, Víctor Humberto Martínez Almazán en 1996.

El INAH y los comuneros logran un primer acuerdo en 1986 para que los arqueólogos iniciaran la investigación y otorgar o restringir permisos de construcción. Sin embargo, el arqueólogo Alfredo Dumaine López denunció que no concluyó el proyecto debido a la “falta de presupuesto e interés, prometido por algunas autoridades del INAH”.

Aunque el Instituto envió a arqueólogos para seguir investigando, en realidad afectaron la zona, según denuncian en los informes emitidos años después.

Por ejemplo, el arqueólogo José Hernández hizo “trabajos deficientes, sobrepasando el salvamento, sin planificación y sin prever los altos costos”.  También se desconoce la historia del terreno donde se construyó el Centro de Salud y el Conjunto de la Cruz, cuyas construcciones demostraban el alto desarrollo alcanzado por la cultura matlatzinca.

Del monumental centro ceremonial, sólo persiste la protección en las zonas conocidas como El campamento, La Mora, Los peñascos, La Palma y hasta antes de diciembre de 2015, Casa de ídolos.

Los pobladores de la zona han denunciado los saqueos, realizan marchas, levantan firmas y exigen rendición de cuentas sobre el proyecto sin que nadie los escuche. Incluso, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para demandar el respeto al medio ambiente y a la cultura.

Esperan que la carta que enviaron al presidente Enrique Peña Nieto pueda ayudar para impedir la devastación en la zona, aunque no olvidan que el político incumplió la promesa que firmó ante notario cuando era candidato a gobernador del Estado de México en 2005: “Rescatar la zona arqueológica y construir el Museo de Sitio en La Peña”.