Los argentinos también le dan la razón al procurador Murillo Karam

“El informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincide en lo sustancial con las conclusiones de la investigación que realizamos, porque ellos no tienen duda, igual que no la tengo yo, de que detrás de los hechos estuvo la delincuencia organizada”, afirmó el 11 de noviembre del año pasado, ocho meses después de dejar la PGR, el exprocurador Jesús Murillo Karam. Lo hizo en una entrevista con Pascal Beltrán del Río.

Murillo Karam tiene ahora una buena oportunidad para afirmar que también las conclusiones del Equipo Argentino de Antropología Forense coinciden en lo sustancial con las que difundió en la PGR sobre el caso Ayotzinapa-Iguala el 7 de noviembre de 2014 y el 27 de enero de 2015.

¿Qué concluyeron los argentinos? Si se hacen a un lado el ruido y la fraseología, descartaron la hipótesis que marcó su investigación desde octubre de 2014, para concluir que en el basurero de Cocula no ocurrió un fuego de la magnitud para calcinar a 43 personas.

—¿Eso es? —le pregunto al forense argentino Miguel Nieva.

—Esa es la conclusión. Nosotros hacemos trabajo científico y no entramos en especulaciones. Nosotros hablamos de la evidencia científica que tenemos. Nuestra discusión es científica, que es la que nos da posibilidades de llegar a conclusiones.

Si se hace a un lado el ruido y la fraseología, es la conclusión de Murillo Karam. 
Reviso la transcripción de sus dos informes. Nunca maneja una cifra de personas calcinadas en el basurero. Explica que en los testimonios de los detenidos se repiten que fueron muchas. Y sí, que ahí las mataron, quemaron y tiraron al río San Juan. 

¿Procurador, se cierra el caso?, le preguntaron el 27 de enero de 2015. “Cerrar una investigación tal vez no es la palabra adecuada mientras yo no tenga detenidos a todos los culpables”, respondió. “No puedo cerrarla, no es la palabra adecuada. Pero si usted me pregunta, los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron”.

Acto seguido vino su desafortunada expresión de la “verdad histórica”, que aceptó como un error en la entrevista con Pascal Beltrán del Río (“Debí hablar de la historia de los hechos”). Pero en el fondo, la narrativa de Murillo es la misma de la CIDH: los normalistas fueron sometidos y secuestrados en Iguala por un enjambre de grupos criminales y policías criminales. Y es la misma de los argentinos en el basurero. La controversia está en cuántos normalistas pudieron ser calcinados. “Mientras no haya cuerpos identificados, son desaparecidos”, repitió Murillo Karam en sus dos exposiciones.

Difícil panorama para los expertos de la CIDH que en un par de meses tendrán que presentar su informe final. No tienen margen para alejarse de la que, ahora sí, comienza a configurarse como la verdad histórica conjunta, y tampoco pueden marcharse derrotados. Tendrán que culpar al Estado mexicano, aunque el Gobierno mexicano coincida con sus conclusiones.  
  
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