Albañilería electoral

¿Se atreverán los principales partidos de oposición, PAN y PRD, a consumar con el apoyo del PRI la desaparición del IFE para crear una institución farragosa, el Instituto Nacional de Elecciones (INE)?

Lo que se está cocinando en materia electoral (lo político se cuece aparte), sin una reflexión a fondo, es una aberración que, de concretarse, tendrá duros impactos de todo orden y supondrá un retroceso democrático.

Uno de los vicios más arraigados en la política mexicana es abandonar o, incluso, suprimir las instituciones, en vez de fortalecerlas. Por eso, en lugar de atender los déficit que ciertamente tienen el IFE y la legislación electoral, lo que se propone es su reemplazo, un reemplazo "desordenado, caótico y confuso", como lo expresa Jorge Alcocer, uno de los estudiosos más reconocidos de esta materia.

Con la alternancia, la nulidad de los "aprendices de brujo" favoreció que los gobernadores de todo signo se apropiaran de todos los poderes de sus estados. Por las buenas o las malas, los tribunales superiores de justicia y los congresos fueron metidos al redil.

El resultado de este agandaye, favorecido por la docilidad de las oposiciones y la precariedad de la sociedad civil, fue acentuar el manejo caprichoso del poder, mayor corrupción, gasto dispendioso, frivolidad. Son muchos los ejemplos: la Coahuila de los Moreira, el Veracruz pintado de rojo por Fidel Herrera; el incremento monstruoso de la deuda pública de Félix González Canto en Quintana Roo, Andrés Granier en Tabasco y Juan Sabines en Chiapas.

El regreso del PRI a la Presidencia ha enviado un mensaje inequívoco: no más "soberanía" de los estados como pretexto para la prevaricación y otros excesos. Detrás de algunas de las iniciativas de principios de sexenio está el propósito, no desdeñable, de limitar los abusos de las autoridades estatales a costa de lastimar al federalismo.

En esa misma dirección camina el proyecto de reemplazar al IFE por el INE, un disparate que, se supone, evitará la apropiación por los gobernadores de estas instancias electorales y reducirá los costos asociados a los procesos electorales. Van por buen camino. Desde el "impoluto" centro se definiría la integración de los consejos locales y, seguramente, se evitará que esos nuevos y confiables consejeros no sean sometidos, vía corrupción o intimidación, por los gobernadores o los partidos.

Pero el remedio centralizador será más dañino que la enfermedad feuderal, entre otras cosas, porque no responde a un diagnóstico acucioso de la realidad. No ha tomado en cuenta, por ejemplo, que las presiones de los gobernadores sobre las instancias electorales no han impedido la alternancia estatal en los últimos lustros; en muchas entidades los gobiernos pasaron, a través de elecciones, del PRI al PAN o al PRD y de regreso.

Tampoco se compadece de las cifras: los tribunales electorales de los estados, que podrían desaparecer, han emitido resoluciones que sólo en un porcentaje menor han sido impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y éste, sólo en 17 por ciento las han corregido.

No sólo despropósitos sino muchas dudas acompañan esta reforma. Si no desaparecen los institutos locales y sólo verán mermadas sus funciones, ¿dónde queda el ahorro presupuestal que se cacareaba?, ¿el nuevo funcionariado cobrará con los tabuladores que rigen en los estados o con el del IFE? Igualmente, si se introduce el rebase de topes de campaña como causal de nulidad, ¿se tiene contemplada la cascada de reformas legislativas que permitan contabilizar "al vapor" los gastos y darle extrema celeridad al proceso contencioso administrativo y judicial -los recursos legales que puedan interponer partidos y coaliciones-?

En todas las reformas electorales las iniciativas constitucionales han estado acompañadas por sus respectivas leyes reglamentarias, no ocurre así ahora. Llevar adelante este proyecto es avanzar hacia una centralización que tendrá efectos perversos, entre ellos trasladar a la Ciudad de México los conflictos electorales, que hoy se procesan esencialmente en los estados.

Todavía están a tiempo, quienes han sido seducidos con esta propuesta desatinada, de impedir que se convierta en realidad. En su lugar, se debe revisar y corregir lo que haga falta y dejar un IFE fortalecido, que vuelva a ser fuente de certidumbre y confianza de la disputa político-electoral.

(El autor es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario)

Twitter: @alfonsozarate