Salvavidas para el Ejército

Propios y extraños preguntan todavía porqué el presidente Enrique Peña Nieto impulsó a Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia. Se deshace de un buen embajador en Estados Unidos en momentos difíciles para el gobierno, para hacerlo ministro, sin importarle restaurar la crecientemente tensa relación con el gobierno de Barack Obama. Medina Mora no estaba en horizonte para la Suprema Corte, donde el procurador fiscal, Javier Laynez, era el candidato para ocupar la silla vacante de Sergio Valls, hasta que una eventualidad cambió la estrategia. ¿Qué vio el presidente que no vemos la mayoría de los mexicanos? ¿Qué es lo que no puede esperar hasta finales de otoño, cuando se designen otros dos ministros?

Lo que puede plantearse, como hipótesis de trabajo, es que obedece al juicio que enfrentarán las Fuerzas Armadas, sobretodo el Ejército, por supuestas violaciones a los derechos humanos. El énfasis será en lo que hizo el Batallón 27 de Infantería, con sede en Iguala, la noche del 26 de septiembre pasado, cuando mientras policías y criminales desaparecían y mataban a decenas de normalistas de Ayotzinapa, los soldados sellaban la ciudad. Pese a los actos delincuenciales en flagrancia, que les permitía intervenir espontáneamente, no actuaron para salvar a los jóvenes. Esa inacción los ha convertido en responsables del crimen.

El caso del comportamiento militar en los eventos de esa noche que cambiaron la historia del gobierno de Peña Nieto, va a terminar en la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente necesitará quién defienda a los soldados. El gobierno no puede defenderlo, y hay molestia entre los altos mandos con el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, porque sienten los están acusando injustamente de actos que, a su juicio, fueron en defensa del Estado Mexicano, sin que él logre frenar las imputaciones.

La tensión en el Ejército es mucho más fuerte de lo que se aprecia, y quedó de manifiesto durante una reunión de generales con el secretario en diciembre pasado, donde le hicieron el reclamo. La constante deferencia presidencial hacia el Ejército no ha sido suficiente para los altos mandos castrenses, porque consideran que Peña Nieto no puede impedir su juicio. Necesitarán la validación de sus acciones en la Suprema Corte de Justicia, donde parece inevitable que termine el litigio.

El Ejército está jurídicamente inerme. Se puede argumentar que el Batallón 27 de Infantería siguió el procedimiento estándar desarrollado en Michoacán desde febrero de 2013, cuando en el combate a Los Caballeros Templarios el gobierno utilizó a criminales y narcotraficantes, junto con michoacanos desesperados para combatir criminales. El presidente Peña Nieto aprobó el uso de paramilitares para combatir la delincuencia, en detrimento del Estado de Derecho. Desde el gobierno se autorizó la depuración de criminales por criminales, con el respaldo del Ejército que los armó y protegió. Se violó la Constitución para restaurar la ley y el orden, y  se utilizó a las Fuerzas Armadas para ese propósito.

El fin, pensaron, justificaba los medios. En Michoacán el Ejército sellaba las comunidades mientras que los paramilitares –autodefensas- liquidaban a sus enemigos templarios. Dentro de los paramilitares había exmiembros de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, de los cárteles del Pacífico y del Jalisco Nueva Generación, que habían perdido el control del negocio de las metanfetaminas en el sur del estado y habían sido excluidos de la venta de hierro a los chinos.

El gobierno peñista impulsó una estrategia que tenía como objetivo que no hubiera bajas militares ni de policías federales, como en el gobierno de Felipe Calderón. Esa necesidad existencial en el arranque de la administración, fue la causante que en los primeros meses del gobierno peñista no se combatiera a los cárteles de la droga. Cuando se vio el fracaso de la estrategia, regresaron las fuerzas federales a la calle, pero en Michoacán, donde la pasividad y ausencia había llevado a punto de la guerra civil, los paramilitares fueron la solución.

La tropa acompañó permanentemente a los grupos de autodefensa a quienes armó, incluso, con equipo de uso reglamentario del Ejército. Los soldados se acostumbraron a cohabitar con criminales en Michoacán. Sellaban las comunidades mientras liquidaban a templarios, y no dejaban entrar o salir a nadie mientras duraba la operación de depuración.

Cuando el Batallón 27 de Infantería salió a las calles de Iguala la noche del 26 de septiembre, lo que estaban experimentando era similar a lo vivido en Michoacán. No entendían de razones de que las víctimas fueran normalistas –no hubo ningún jefe que así se los advirtiera-, ni realizaron valoraciones sociopolíticas –no era su función no están entrenados para ello-. Sabían que en esa región de la Tierra Caliente guerrerense había dos bandas criminales enfrentadas, y actuaron bajo los procedimientos seguidos en Michoacán, dejar pasar y dejar hacer.

Los soldados, salvo que se comprobara una vinculación directa con los criminales –no establecida hasta ahora-, no fueron responsables de lo que sucedió esa noche en Iguala. Las responsabilidades y culpabilidades le pertenecen a otros, a los civiles en el gobierno, por desplegar una estrategia de seguridad pública donde los guardianes del orden eran mayoritariamente criminales. Pero los que serán juzgados son los militares, no los civiles. El Ejército necesita de amigos en los más altos tribunales, porque los políticos en el gobierno, como históricamente ha pasado, los empujaron al abismo. Hipotéticamente, esa es la razón de la apuesta por Medina Mora.

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