El gobernador de Texas, contra el control en la venta de armas

Washington. Una medida del gobierno estadunidense para tratar de frenar el tráfico de armas a México mediante el control de ventas masivas de rifles enfrenta crecientes críticas, tanto del gobernador de uno de los estados afectados como del poderoso cabildero de las armas, la Asociación Americana del Rifle (NRA por sus siglas en inglés).

"En vez de imponer arbitrariamente esta política equivocada y cuestionable constitucionalmente, la administración de Barack Obama debería ir contra verdaderos criminales y no contra los ciudadanos", señaló en un comunicado el gobernador de Texas, el republicano Rick Perry.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) comenzó desde el lunes a exigir a las armerías de los estados fronterizos con México: Texas, Arizona, California y Nuevo México que notifiquen las ventas "múltiples" de rifles semiautomáticos de cierto calibre a una misma persona.

Con esta medida, el gobierno de Barack Obama busca disminuir el tráfico ilegal de armas hacia México, que nutre a los violentos cárteles de la droga.

Obama debería preocuparse más bien por garantizar la seguridad fronteriza y detener "el tráfico hacia el sur y hacia el norte de drogas, personas, armas y dinero, paso de fugitivos y vehículos robados", dijo Perry.

"Ir contra los vendedores legales de armas tendrá poco o ningún impacto" en los cárteles mexicanos, señaló Perry.

Ochenta por ciento de las armas incautadas a los cárteles provienen de Estados Unidos, según México. Apenas se conoció el lunes la medida, la NRA anunció que la impugnará en las cortes.

"La ATF y el gobierno no tienen la autoridad legal para hacer esto", señaló el director ejecutivo de la NRA, Chris Cox, en un comunicado.

Cox acusó al gobierno de Obama de intentar desviar la atención del escándalo por un programa de la ATF que permitió entre 2009 y 2010 el ingreso a México de casi 2 mil armas con la idea de que sirvieran de señuelo para atrapar a grandes traficantes de armamento.

La ATF perdió el rastro de algunas armas y dos de ellas aparecieron en la escena del crimen de un agente estadunidense asesinado en diciembre pasado en un enfrentamiento con supuestos miembros de un cártel mexicano en Arizona, lo que desató la polémica y llevó a la suspensión del programa.

"Es la mayor hipocresía que la administración Obama restrinja los derechos de los ciudadanos de la frontera cuando permitió con conocimiento que fueran traficadas armas a México", estimó el legislador republicano Lamar Smith, jefe de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes.

La ATF afirma que la medida no contraviene la segunda enmienda de la Constitución estadunidense, que garantiza el porte de armas.

El gobierno de México, donde han muerto 40 mil personas en los pasados cuatro años y medio por la violencia del crimen organizado, aplaudió la medida.

"México reconoce este esfuerzo del gobierno estadunidense, lo reconocemos como un paso positivo en la dirección correcta. Sin embargo, continuamos reiterando la importancia de que en Estados Unidos se detenga el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país", dijo la canciller Patricia Espinosa.

Los expertos estiman en 9 mil las armerías en los estados fronterizos con México.