En España casi 32,500 familias perdieron en 2012 su hogar
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Según los datos, obtenidos mediante una encuesta a los bancos que gestionan más del 85 por ciento total del crédito hipotecario destinado a la compra de viviendas
Madrid, España.- Cerca de 32,500 familias en España perdieron en 2012 la vivienda en la que vivían al no poder hacer frente al pago de las hipotecas a los bancos.
La cifra la dio hoy el Banco de España, que por primera vez publicó una estadística de este tipo.
El organismo supervisor actúa así en medio de la alarma social y la preocupación que los desahucios causan en una España sumida desde hace casi cinco años en crisis económica.
Según los datos, obtenidos mediante una encuesta a los bancos que gestionan más del 85 por ciento total del crédito hipotecario destinado a la compra de viviendas, el año pasado hubo algo más de 39,100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales.
Cerca de 3,000 familias se encontraban en esas viviendas en el momento de ser desahuciadas.
Al cerrarse 2012, el número de hipotecas en vigor ascendía a algo más de 6.7 millones, por lo que las entregas de viviendas supusieron un 0.58 por ciento (0.53 por ciento en el caso de las habituales).
Algo más de 15,800 ejecuciones hipotecarias tuvieron lugar bajo la forma de dación en pago, una fórmula mediante la cual el deudor cancela la deuda que tiene con el banco entregándole la vivienda.
La dación de pago universal y con carácter retroactivo es la medida principal reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ahora mismo, la medida queda a la voluntad del banco.
El objetivo es aliviar el drama que atraviesan las familias que son desahuciadas y que, pese a perder su vivienda, tienen que seguir pagando al banco, ya que el valor de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.
El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy dejó sin embargo esa medida fuera de la nueva ley hipotecaria aprobada definitivamente esta semana en el Parlamento español gracias a su mayoría absoluta y con el rechazo de toda la oposición. El Ejecutivo argumentó que hubiera dañado las garantías hipotecarias y el acceso a préstamos.
