Envía gobierno panameño tropas y armamento a ciudad sublevada

Ciudad de Panamá. El gobierno de Panamá envió tropas especiales a la ciudad caribeña de Colón, 50 kilómetros al norte de la capital del país, donde hoy sábado proseguían las protestas contra la aprobación de una ley que permite la venta de tierras en la zona franca de la ciudad.

En medio de un clima de tensión, unidades guardafronteras equipadas con armamento pesado tomaron posiciones en la vía Transístmica. El traslado de fuerzas en arreos de combate coincidió con la movilización de miles de peregrinos que recorren carreteras para asistir a la fiesta del Cristo Negro de Portobelo, en Colón.

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) convocó para el lunes marchas en la capital panameña y en las ciudades de David, en la provincia de Chiriquí, y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica.

Los sindicatos apoyan las protestas que adquirieron intensidad el viernes, cuando un niño de nueve años de edad murió en los choques entre policías y manifestantes que se oponen a la privatización de la zona franca, cuyas áreas son arrendadas a unas 3 mil empresas.

Jóvenes enardecidos destruyeron símbolos de autoridad y una estación de gasolina de propiedad del gerente de la zona franca, Leopoldo Benedetti. Los incidentes pusieron a prueba el plan de privatización esgrimido por el presidente Ricardo Martinelli.

Colón es la segunda ciudad en importancia económica del país, pero sus habitantes rechazan que el principal recurso, la zona franca conocida como Zona Libre de Colón (ZLC), termine en poder de las multinacionales. En 2011, el eje comercial importó y rexportó mercancías por 29 mil millones de dólares.

Durante los incidentes, miles de airados jóvenes que salían de los vetustos caserones que forman el bolsón de pobreza de la ciudad caribeña se enfrentaron al gobierno, que hizo oídos sordos a la solicitud de retirar el polémico proyecto de ley de la Asamblea Nacional (Parlamento).

En paredes y murallas aparecieron grafitis con el lema "Colón no se vende", una consigna de obreros, transportistas y educadores. Pero las críticas contra la legislación aprobada provienen, además, de comerciantes y usuarios de la ZLC.

Martinelli afirmó que hay "incitadores" que financian al "noble pueblo de Colón" para que proteste, y sostuvo que su gobierno ha hecho en la ciudad más que las tres administraciones anteriores.

La ley 72, sancionada por el mandatario, permite destinar 30 por ciento de los recursos provenientes de la venta de tierras a un fideicomiso para obras públicas y 70 por ciento al Tesoro Nacional. Sin embargo, la promulgación provocó el rechazo entre empresarios y políticos de oposición.

Sin embargo, Milton Henríquez, del opositor Partido Popular, dijo que el gobierno busca "tapar un hoyo" en las finanzas públicas causado por el gasto descontrolado, lo que causa enojo.

Alfredo Berrocal, de la Federación Nacional deServidores Públicos (Fenasep), aseguró que en Panamá impera un "totalitarismo", encabezado por Martinelli, y llamó a la resistencia.

Ante la posibilidad de que el conflicto alcance a otras regiones, la Iglesia católica solicitó al presidente que reflexione y escuche al pueblo. A su vez, la Federación de Cámaras de Comercio lamentó los actos de violencia, pero desaprobó la venta de tierras.

En ese contexto, la no gubernamental Alianza Ciudadana pro Justicia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que exija al gobierno informes sobre la cantidad de detenidos, heridos y la muerte del niño.