Fiscalía alemana confirma venta ilegal de armas a México
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Refiere que fusiles de asalto G36 fueron detectados en estados como Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Investiga responsabilidad del fabricante Heckler & Koch.
Berlín. La Justicia alemana confirmó la presencia de armamento alemán en estados mexicanos que no podían recibirlo por encontrarse sumidos en violentos conflictos internos, según publica hoy el diario Tageszeitung.
"Aparecieron armas en sitios donde no debían aparecer", dijo al diario Claudia Krauth, portavoz de la Fiscalía de Stuttgart.
La portavoz aclaró que ahora hay que determinar si la venta fue responsabilidad del fabricante alemán Heckler & Koch o de autoridades locales. La fiscalía pidió asistencia al gobierno de México en su investigación. La compañía alemana no comentó las acusaciones.
La Fiscalía de Stuttgart investiga desde 2010 a Heckler & Koch por la supuesta exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a la policía de los estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.
El gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006 con la condición de que no enviara armas a esos estados, considerados especialmente peligrosos. Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que el requisito se violó.
Según el Tageszeitung, también un escrito del Ministerio de Defensa mexicano confirma ahora las sospechas y señala que casi la mitad de las 9 mil 652 armas enviadas por Heckler & Koch llegaron a las regiones vetadas.
El diario ya había publicado en marzo que en un enfrentamiento entre policías y estudiantes en Guerrero los agentes llevaban fusiles G36. La empresa lo negó.
La Fiscalía de Stuttgart investiga también a Heckler & Koch por su presunto pago de sobornos a partidos políticos alemanes a cambio de permisos de exportación.
El grupo admitió que donó cerca de 93 mil euros a partidos en los últimos diez años, pero aseguró que los pagos no pretendían influir en decisiones políticas ni comerciales.
La guerra entre bandas del crimen organizado y la estrategia de seguridad lanzada por el gobierno del presidente Felipe Calderón dejó en los últimos años más de 60 mil muertos, según estadísticas de organizaciones civiles.
