Fusiona EU iniciativas antinarco

NUEVA YORK, EU.- México y Colombia serán ejes de una estrategia integral antinarcóticos a nivel hemisférico que el Gobierno de Estados Unidos está desarrollando, informaron ayer los encargados de estas políticas en el gobierno de Barack Obama.
El director de la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Richard Gil Kerlikowske, indicó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que se busca entretejer los proyectos regionales (Iniciativa Mérida, Estrategia Antinarcóticos de la Frontera Suroeste, Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana, Iniciativa de Seguridad de la Cuenca Caribeña, Iniciativa de Desarrollo Estratégico Colombiana, entre otras), en una llamada Estrategia Antinarcóticos del Hemisferio Occidental. La elaboración de este mecanismo, que se espera tener lista a mediados de año, "abordará persecución, desmantelamiento de organizaciones criminales trasnacionales, fortalecimiento institucional, construcción de comunidades fuertes, y reducción de demanda de drogas", resumió.

William Brownfield, encargado de asuntos antinarcóticos en el Departamento de Estado y ex embajador en Colombia (2007-2010) y Venezuela (2004-2007), dijo que esta nueva estrategia se logrará tanto al "recompensar" a gobiernos que rinden cuentas como "al mejorar nuestras asociaciones con México y Colombia para que otorguen su propia asistencia a la región".

A la vez, indicó que se requiere una estrategia más coordinada e integral aunque se debe tomar en cuenta que hay diferencias entre las organizaciones delictivas en la región.

Brownfield señaló que los grupos criminales en México emplean "cantidades espantosas de violencia" en su guerra contra el gobierno, pero, en contraste con sus contrapartes en Colombia o Perú, no tienen mayores "aspiraciones políticas", más que proteger sus intereses criminales.

En su testimonio, presentado por escrito, Brownfield resumió que "hoy día estamos enfrentando amenazas complejas y en evolución de una amplia gama de organizaciones criminales trasnacionales, narcotraficantes establecidos, agrupaciones terroristas extranjeras y bandas violentas de jóvenes en la región", y agregó que los narcóticos son la principal fuente de financiamiento para todas estas organizaciones. Agregó que aunque la erradicación de los narcóticos continúa como prioridad mayor, "reconocemos que estos esfuerzos no pueden ser sostenidos sin un apoyo integral para el imperio de la ley, medida de manera más importante por la seguridad de los ciudadanos en cada país".

En el caso de México, Brownfield recalcó que ese país está enfrentando "niveles de violencia sin precedente", y repitió que aunque los cárteles mexicanos "no tienen las motivaciones políticas de las FARC o el ELN, la magnitud de la violencia ya superada por Colombia sugiere que el apoyo de instituciones fuertes es también esencial en México".

Detalló que con la Iniciativa Mérida se ha logrado avanzar en estos rubros, al señalar quedesde diciembre de 2008 Estados Unidos ha entregado un total de 408 millones de dólares en equipo, asesoría técnica y capacitación a México y que en 2011 Washington tiene el compromiso de enviar 500 millones en asistencia.
Resumió lo realizado hasta la fecha: capacitación de más de 57 mil oficiales de la policía y el sector judicial, entrega de 29 millones en equipos de inspección, 11 helicópteros incluyendo 8 Bell 412 y tres UH-60M Black Hawk. Alabó la creciente capacidad en compartir inteligencia y uso de equipos entre ambos países, y sus resultados en detenciones exitosas de capos.

Pero insistió en que las instituciones son la clave para el futuro, y ante la diversificación de actividades de los cárteles más allá de drogas -a secuestros, tráfico humano, extorsión y más-, indicó que Estados Unidos tendrá que apoyar a sus socios mexicanos para enfrentar estas amenazas "a largo plazo", y por lo tanto la asistencia cambiará cada vez más de proveer equipo a la ampliación de capacidad institucional y la capacitación.

A la vez, Brownfield alertó que "la amenaza más reciente en el hemisferio es la que enfrenta Centroamérica", donde habrá mayor enfoque ahora de Washington, como lo anunció el presidente Obama en su gira por El Salvador.

Kerlikowske resumió la iniciativa hemisférica citando el discurso de Obama durante su gira por la región realizada este mes, donde declaró que se trabajará con "nuestros socios de Colombia a México y nuevas iniciativas regionales en Centroamérica y el Caribe" para combatir estas amenazas del crimen organizado, al incrementar la asistencia para fuerzas de seguridad, la seguridad fronteriza y la policía, pero también para promover el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil. Citando al presidente, de nuevo, afirmó que se necesita realizar esto ya que "nunca romperemos el dominio de los cárteles y las bandas a menos que abordemos las fuerzas sociales y económicas que nutren la criminalidad".

Brownfield comentó al comité que el éxito de una estrategia antinarcóticos es imposible a largo plazo "a menos de que se integre con el desarrollo económico y social" en la región, o sea, que incluya escuelas, clínicas y programas de apoyo comunitario y de sectores marginados en la región.

Buscan designar como terroristas a cárteles

Por otro lado, el presidente del subcomité de supervisión e investigaciones del Comité sobre Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, el republicano Michael McCaul, presentó una iniciativa de ley cuyo propósito es obligar al Departamento de Estado a designar oficialmente como "terroristas" a seis cárteles mexicanos.

McCaul, al presentar su propuesta, declaró que "los cárteles usan violencia para obtener influencia política y económica. Han tomado control de gran parte del norte de México y el crimen derramado (del lado estadunidense) ha resultado en el abandono de propiedades y pérdida de seguridad del lado estadunidense de la frontera".

La propuesta busca incluir a los cárteles de los Arellano Félix, Los Zetas, el de Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, el de Sinaloa y el del Golfo en la Lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del gobierno estadunidense. La designación oficial en esta lista permite que las autoridades tomen diversas acciones contra los bienes y negocios de estas organizaciones, como también aplicar sanciones más extremas no sólo contra ellas sino con sus colaboradores.