Comisión Indígena gasta más de mil 100 millones, pero no en los indígenas

México.- La Auditoría Superior de la Federación concluyó que las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fueron “insuficientes” para “planear y articular políticas públicas” que favorecieran a 11.9 millones de indígenas. Además, detectó que la CDI no acreditó cómo gastó más de 200 millones de pesos.

El gasto de mil 176 millones de pesos como presupuesto no fue suficiente para elaborar políticas públicas y planear acciones concretas que permitieran sacar del abandono a 11.9 millones de indígenas en México.

Así lo expone la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre el desempeño de labores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2014, en el que concluye que las acciones de esta Comisión fueron “insuficientes” para “planear y articular políticas públicas” que tuvieran un efecto, sobre el terreno, en el desarrollo de la población indígena.

La CDI no acreditó cómo gastó más de 220 millones de pesos

Según el órgano fiscalizador, la CDI gastó mil 176 millones 500 mil pesos a través del programa presupuestario P013 ‘Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas’.

Por capítulo de gasto, la Comisión destinó la mitad de ese presupuesto a pagar los sueldos de sus empleados más las compensaciones de ley: 522 millones 258 mil pesos (el 44.4%). El resto, lo distribuyó principalmente entre el programa ‘Servicios Generales’ -299 millones 260 mil pesos- y el capítulo de ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas’ -293 millones 133 mil pesos-.

Ahora bien, dentro del programa ‘Transferencias, Asignaciones…’, la Auditoría detectó dos anomalías:

1.- Del total de 293 millones 133 mil pesos de presupuesto para este rubro, 223 millones 065 mil pesos gastados “no se vinculan con las actividades del programa”, mientras que los 70 millones restantes sí fueron invertidos en subsidios para “apoyar la movilidad de los participantes de talleres, foros u otras actividades”-.

2.- Que la Comisión de Pueblos Indígenas “no acreditó la comprobación que sustenten dichos gastos” por un valor de 223 millones.

Es decir, que la CDI no aportó a la Auditoría pruebas documentales suficientes que dieran cuenta de en qué gastó más de 223 millones de pesos y de cómo contribuyó ese dinero a fomentar el desarrollo de la población indígena mexicana.

¿En qué gastó casi 60 millones la CDI Guerrero?

Sobre el gasto de las delegaciones de la Comisión de Pueblos Indígenas, la ASF evaluó a la delegación del estado de Guerrero, que en 2014 fue la que mayor monto de recursos invirtió: 59 millones 901 mil pesos.

Sin embargo, la Auditoría apunta que, a pesar de que se gastaron casi 60 millones de pesos, “no se identificaron reuniones con los pueblos indígenas de la región que abarca la delegación de Guerrero”.

Además –ahonda la ASF-, “tampoco se detectó que coordinara la acción pública para atender sus necesidades, ni que definiera criterios de atención prioritaria para atenderlas, aun cuando se ejercieron recursos destinados a este fin”.

Esto es, la Auditoría tampoco sabe en qué se gastaron casi 60 millones de pesos en Guerrero que, en teoría, estaban destinados al desarrollo de los pueblos indígenas de esta entidad.

Reuniones que terminan sin acuerdos ni estrategias

Por otra parte, según el órgano fiscalizador, la CDI realizó 135 reuniones en 2014 para detectar las necesidades de la población indígena, la cual, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), enfrenta en un 95% algún tipo de carencia, como falta de acceso a la seguridad social, falta de acceso a la vivienda y a la alimentación, o rezago educativo.

Sin embargo, la ASF detectó que tras la realización de esas 135 reuniones -79 fueron del Consejo Técnico, 52 se llevaron a cabo a través de las delegaciones de Oaxaca, Veracruz y Puebla-, “no se identificaron acuerdos relativos a la detección de necesidades específicas”.

Asimismo, en esos encuentros tampoco se acordaron estrategias para abordar las carencias, “con la intención de permitir la adecuada toma de decisiones”.

O en otras palabras, después de 135 encuentros, la CDI no informó en las minutas de las reuniones de ningún acuerdo establecido, ni de ninguna estrategia para aterrizar los acuerdos, a partir de los cuales beneficiar a la población indígena.

¿En qué capacitaron a 232 funcionarios? En mejorar la atención a indígenas, no

Por otra parte, la CDI informó que capacitó a 232 servidores públicos en 2014 en el ejercicio de sus funciones. No obstante, esto no se tradujo en una mejor atención a los ciudadanos indígenas, ya que según la Auditoría las capacitaciones “no se orientaron a desarrollar las capacidades para mejorar la atención de las necesidades y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

“Además, la CDI no dispuso un programa de capacitación para la formación y sensibilización a servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) y participantes de los pueblos indígenas”, abunda el informe.

Asimismo, sobre cómo la CDI evaluó y dio seguimiento a las acciones emprendidas para atender a la ciudadanía indígena, la ASF señala que la Comisión “no acreditó el seguimiento, ni evaluó el cumplimiento del objeto de cada convenio, y tampoco dispuso de los informes de evaluación realizada por los centros coordinadores de desarrollo indígena y las delegaciones estatales en la atención de la población indígena”.

Es decir, que la CDI no aportó ningún documento a partir del cual se pueda medir qué tan efectivas fueron sus acciones en beneficio de los indígenas, y si éstas tuvieron algún tipo de seguimiento para evaluarlas.

Recomendaciones

A partir de esta situación, la Auditoría Superior de la Federación determinó 12 observaciones, las cuales generaron hasta 25 recomendaciones al desempeño de la Comisión de los Pueblos Indígenas, entre las que destacan:

1.- Que la CDI incorpore las prioridades de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno.

2.- Que disponga de información de la participación de la población indígena en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo para la atención de sus necesidades.

3.- Que defina los procedimientos para la obtención de los apoyos del programa.

4.- Que defina con precisión la población objetivo del programa, y que disponga de indicadores e información sobre el cumplimiento de los objetivos del programa.