Los actos de corrupción fueron “el sello de la casa” en la administración de Enrique Peña Nieto, no sólo por el involucramiento del mismo mandatario, su familia y su gabinete, sino también por gobernadores de su partido quienes hoy están todavía con investigaciones pendientes.
El presidente Peña, con datos del 2017, termina su sexenio con la aprobación más baja desde que inició su mandato: apenas un 20 por ciento.
A nivel internacional, México está situado como los países de mayor impunidad, en el cuarto peldaño, mientras que en el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México retrocedió 29 lugares entre los años 2012 y 2017.
Gran parte de la corrupción gubernamental se dio con la aprobación de contratos a empresas ligadas a priistas, tanto en La Estafa Maestra como en el proyecto para el nuevo aeropuerto de la capital del país.
La cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México fue precisamente derivada de los presuntos hechos de corrupción: las empresas vinculadas son Transportaciones y Construcciones Tamaulipecas, propiedad del primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Higa, e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca de la pareja Peña Rivera y la residencia de Malinaco de Luis Videgaray.
En los casos de corrupción están involucrados gobernadores ligados al PRI, quienes vaciaron arcas estatales bajo complacencia de autoridades estatales.
LA CASTA CORRUPTA
NOMBRE ESTADO SITUACIÓN
César Duarte Chihuahua Prófugo, buscado por Interpol
Jorge Herrera Durango Investigado
Humberto Moreira Coahuila Investigado en España
Jorge Torres Coahuila Investigado en EU
Tomás Yarrington Tamaulipas Preso en Estados Unidos
Roberto Borge Quintana Roo Detenido
Egidio Torre Cantú Tamaulipas Investigado
Javier Duarte Veracruz En prisión
IMPUNIDAD PARA GOBERNADORES
El slogan del “nuevo PRI” funcionó sólo para avivar las críticas contra los gobernadores de ese partido.
En el sexenio de Peña Nieto creció el número de gobernadores relacionados con actos de corrupción y nexos con la delincuencia organizada.
Entre ellos destacan Roberto Borge, de Quinta Roo; César Duarte, de Chihuahua; Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y Javier Duarte, de Veracruz; aunque hay más señalados sin proceso.
En junio de 2017 se giró una orden de aprehensión contra Borge por presunto lavado de dinero; en la investigación se involucró a sus excolaboradores en el Gobierno de Quintana Roo.
Fue detenido en Panamá, a punto de salir a Francia, pero meses después fue extraditado a México y continúa en prisión, aunque con posibilidades de salir en libertad.
Tomás Yarrington Ruvalcaba fue acusado por un testigo protegido en los Estados Unidos por lavar dinero de la delincuencia organizada; fue detenido en abril de 2017 en Florencia, Italia.
El exgobernador de Tamaulipas fue extraditado a México y actualmente se le sigue un proceso penal por los señalamientos del testigo protegido de la agencia antidrogas de Estados Unidos.
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, tiene un proceso penal abierto en México por presuntos actos de corrupción.
El actual gobernador de ese estado, Javier Corral, presentó denuncias y en junio de 2017 le liberaron orden de aprehensión.
Duarte aparentemente sigue en Estados Unidos, aunque las autoridades federales y estatales libran batallas legales para su extradición.
En octubre de 2016 se liberó una orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por una denuncia interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En abril de 2017 fue capturado Duarte de Ochoa en Guatemala y posteriormente extraditado a México; el exgobernador se declaró culpable en septiembre de 2018 de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero con el fin de obtener una reducción de condena, la cual quedó en nueve años de prisión.
El asesinato y desaparición de periodistas es otra de las grandes “herencias” que deja Peña Nieto. Del 2012 al 2017, Artículo 19 documentó más de mil 986 agresiones contra periodistas y el asesinato de 42, así como el involucramiento de funcionarios y ex funcionarios públicos en más del 50 por ciento de los casos.
MÁXIMO DOLOR: LA INSEGURIDAD
Los asesinatos por parte de la delincuencia organizada, los feminicidios, la percepción de inseguridad, la violación de los derechos humanos, mantener el Ejército y la Marina en las calles y el notorio aumento en los casos de desapariciones es el saldo de un sexenio que continúo su lucha contra el narcotráfico.
Hasta octubre de 2018, el sexenio de Enrique Peña se convirtió en el más violento de la historia de México con homicidios con arma de fuego en la era moderna, con 122 mil casos.
Desde 1997 se lleva estadística de incidencia delictiva en México, y el sexenio de Peña superó al de Felipe Calderón, su antecesor, quien inició la llamada guerra contra el narcotráfico y registró poco más de 102 mil homicidios, la mayoría de éstos violentos.
También en el sexenio de Peña se utilizaron más armas de fuego que en ninguna otra administración, esto sin contar con que el Ejército y la Marina Armada de México se mantuvieron en las calles realizando labores de vigilancia correspondientes a las policías de los tres órdenes: municipal, estatal y federal.
‘SAQUEO’ AL BOLSILLO DE LOS MEXICANOS
La administración de Enrique Peña Nieto se caracterizó también por alzas descontroladas de diferentes productos que pusieron en duda su habilidad para dirigir al País en el aspecto económico.
Algunos datos que arroja el sexenio son la gasolina, que pasó de 9.30 a 21 pesos en la administración. Apoyado por legisladores de su partido y los aliados del PVEM, la gasolina dejó de tener subsidio, pero además se le agregaron impuestos que la hicieron más cara que en otros países no productores de petróleo.
Uno de los alimentos básicos de los mexicanos es la tortilla; el kilogramo de este producto pasó de 8 a 16 pesos, el doble. El dólar quedó fijado en 12.90 pesos por unidad al concluir la administración federal anterior y actualmente oscila entre los 21 pesos.
Otro producto de referente, sobre todo en el centro del País, es el bolillo, que pasó de costar 1 a 4 pesos en los seis años de Peña Nieto, en tanto que el kilogramo de huevo pasó de 12 a 27 pesos.
En el aspecto macroeconómico, México tuvo indicadores positivos, pero no un crecimiento sostenido. Su promedio de crecimiento fue de 2.5 por ciento y la meta planteada era de 4.5 por ciento.
Los indicadores negativos de Peña Nieto en el aspecto económico tienen que ver con el empleo formal, la productividad laboral, la deuda y el acceso al crédito.
Aunque la administración de Peña presume el logro de 3.5 millones de empleos generados en su sexenio, la realidad es que debieron haberse generado 6.4 plazas laborales para todos los mexicanos que están en edad laboral.
La deuda pública creció un 13.4 por ciento anual y la pobreza apenas si se redujo en 0.1 por ciento, de acuerdo con indicadores públicos de diferentes organizaciones civiles.
Las llamadas reformas estructurales de Enrique Peña no lograron el impacto a corto plazo y se quedaron en el limbo, señaladas por la sociedad como culpables de males.
La Reforma Energética hoy todavía se debate para la extracción del gas shale a través del método de fractura hidráulica, en tanto que la gasolina, el gas, el diesel y la electricidad aumentaron su precio de manera desmedida logrando impactar en la economía de los mexicanos.
La Reforma Educativa se logró tras el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, quien ahora está libre y reclama su titularidad en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña echar atrás la Reforma Educativa, lo cual aún resulta una incógnita sobre será de manera total o bien sólo en algunas partes que reclaman los maestros, como la evaluación docente.
