Por miedo a ser detenido, Torres López quiso declarar vía video ante Corte de EU

Saltillo, Coahuila. Por miedo a ser detenido, el ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, solicitó declarar ante el Distrito Sur de Texas vía “control remoto” desde México, moción que le fue negada por la jueza de Distrito Janice Ellington, con sede en Corpus Christi, según copia de la demanda civil 2:13-CV-294.

En la demanda que promovió en su momento el ex gobernador junto a su esposa María Carlota Llaguno, para evitar que les confiscaran dos millones 762 mil 66 dólares de una cuenta en el paraíso fiscal de las Bermudas, en el banco Old Mutual, Torres López aseguró que estaba dispuesto a declarar y estaba obteniendo los documentos para demostrar que los fondos provenían de fuentes lícitas. 

Sin embargo, como estaba enfrentando el posible arresto sin garantía de fianza, solicitó que la declaración se llevara a cabo a través de videoconferencia desde México, para no viajar a Estados Unidos por miedo a ser arrestado cuando cruzara la frontera.

Lee: Jorge Torres: el ‘temor’ a ser detenido Otro argumento de Jorge Torres para no presentarse a declarar en Estados Unidos fue que todos los documentos necesarios estarían en México, por lo que si las partes determinaran que se necesitan presentar documentos adicionales, “sería más fácil obtenerlos si todas las partes están en México”. 

Además, el ex gobernador afirmó que “sería menos costoso” hacer las declaraciones en México que viajar a Corpus Christi.

“El miedo a ser arrestado no es un argumento legítimo para realizar una declaración remota”, resolvió la jueza Ellington. “Fueron notificados el 4 de abril de 2014 y tuvieron seis semanas para conseguir los documentos. No hay razón para creer que pueden obtener los documentos mientras se llevan a cabo las declaraciones”, agregó.

El 13 de mayo de 2014, la jueza magistrada Janice Ellington negó la intención de Jorge Torres de declarar vía video conferencia. Torres López nunca se presentó a las audiencias del juicio que él mismo interpuso; como consecuencia, el 5 de junio la jueza Ellington resolvió declarar al coahuilense prófugo de la justicia y negó su derecho a reclamar la fortuna por tratarse presuntamente de dinero ilícito.   

Lee: Se investiga si dinero confiscado a Jorge Torres salió del erario estatal: RMV El gobierno presentó una declaración jurada de Luis Reyna, un agente especial del Internal Revenue Service (IRS). Reyna declaró que en base a registros migratorios, tanto Jorge Torres como su esposa “viajaron rutinariamente” de México a Estados Unidos antes de la presentación de la demanda por la confiscación de la cuenta y la acusación penal. En 2012, Torres viajó nueve veces desde México a los Estados Unidos y en 2013 viajó a los Estados Unidos en cinco ocasiones. La última vez que cruzó la frontera fue el 12 de julio de 2013. Además, Reyna afirmó que Torres y su esposa poseen una residencia ubicada en el Distrito Sur de Texas y varios lotes de tierra en Texas.

Esposa de Torres solicitó orden de protección

En el mismo juicio, la esposa de Jorge Torres solicitó una orden de protección, pero tenía que demostrar que asistir a las declaraciones en Corpus Christi causaría “molestia, vergüenza, opresión, carga o gasto indebido”. Sin embargo, Carlota Llaguno no presentó ninguna prueba en apoyo de su solicitud. Además, según los informes, Llaguno también cuenta con bienes inmuebles en Texas y contrató a un abogado en esa entidad. “Ella parece estar acostumbrada a hacer negocios en el Distrito Sur de Texas”, se lee en el dictamen del 5 de junio de 2014, donde también le fue negada la orden de protección.

El Gobierno norteamericano previó y dio aviso a Llaguno para aparecer en cuatro declaraciones y no apareció en ninguna. En dos de las cuatro ocasiones las declaraciones fueron continuadas por la Corte. 

Lee: Investiga PGJE al ex gobernador Jorge Torres López El 8 de julio de 2014, Llaguno promovió una orden de protección, pidiendo más tiempo para asegurar los documentos de prueba. El abogado de Llaguno también declaró que no acudió a las declaraciones por temor a ser detenida si cruzaba la frontera; en cambio, justificó que estaba tratando de obtener documentos del banco. No se le concedió la protección pero sí el tiempo a cambio de que pagara los gastos por la audiencia a la que no acudió. El 12 de septiembre pidió otra ampliación argumentando que su papá había muerto. El 29 de agosto, a través de su abogado declaró que no acudiría por temor a que fuera detenida y fuera obligada a “declarar que su esposo había hecho algo ilícito”.