Hoy concluye el más productivo primer periodo ordinario de sesiones de las más recientes legislaturas. 

Aprobada una treintena de dictámenes y decretos, muchos de ellos con el voto unánime de los ocho partidos políticos —incluidos los de más reciente cuño como Morena y PES— la Cámara de Diputados acredita que es productiva y está abocada a la productividad de México; es decir, que no sólo cumple ampliamente su agenda legislativa, sino que procura que ésta sea conteste con los retos que el país enfrenta, como es ahora el desafío de crecer económicamente, a pesar del muy adverso entorno financiero internacional. 

Dos reformas constitucionales, 10 leyes nuevas y diversas reformas y adiciones a 17 leyes vigentes, dan cuenta de un marco jurídico que busca, principalmente, promover el ahorro y la inversión, incentivar las actividades económicas, incrementar el empleo formal, y mejorar y transparentar el manejo de los recursos públicos. 

Las leyes Federal de Derechos, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Impuesto sobre Producción y Servicios, de Ingresos, de Asociaciones Público Privadas, de Tesorería de la Federación, de la Economía Social y Solidaria, de Ciencia y Tecnología, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la de Zonas Económicas Especiales, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos y el Código Fiscal de la Federación, aprobadas o reformadas entre el 1 de septiembre pasado y el día de hoy, acreditan el interés de los legisladores de sentar bases sólidas sobre las que nuestra economía podrá sortear los retos por venir y, conforme a todos los pronósticos, mantener el año entrante su tendencia de crecimiento, para consolidarse como uno de los pocos países cuya economía crece, así sea modestamente, en el actual “desconcierto” de naciones. 

Merced al conjunto de esas medidas, para el año entrante aumentarán los ingresos del sector público en 52 mil millones de pesos más, respecto de 2015; los remanentes del Banxico serán utilizados para reducir la deuda pública; se uniformarán los criterios para la contabilidad de los municipios; el precio de la gasolina no será mayor al actual, en términos reales; los negocios más pequeños, que son la mayoría, no expedirán facturas por ventas de hasta 250 pesos; las pequeñas y medianas empresas podrán realizar transacciones en efectivo hasta por 5 mil pesos; el salario mínimo no deberá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza; se incorporará la firma electrónica en los trámites del Infonavit; investigadores de instituciones de educación, centros públicos o entidades de la administración pública, se vincularán con los sectores público, privado y social y conformar asociaciones estratégicas de base tecnológica; PensionISSSTE será la mejor Afore de México; y será posible abatir la desigualdad y cerrar las brechas del desarrollo regional en nuestro país, entre tantos otros beneficios. 

Haciendo política eficaz y constructiva es posible alcanzar numerosas y benéficas decisiones legislativas que, es preciso reconocer, derivaron del análisis y discusión de iniciativas presidenciales, con lo cual se demuestra también que el diálogo republicano entre poderes es intenso y rinde resultados positivos para México. 

@CCQ_PRI

Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política.