No sólo es la mariguana, soya transgénica también será analizada

Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

Luego de que la semana pasada las resoluciones quedaran en suspenso, este miércoles 4 de noviembre diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirán por un lado, la posibilidad de dar luz verde a la producción individual de mariguana para consumo recreativo, y por el otro, el frenar la producción de soya transgénica en Campeche y Yucatán.

El debate será simultáneo, privado y en dos salas distintas con cinco ministros cada una. En la Primera Sala, presidida por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se discutirá el tema de la legalización de la mariguana, mientras que en la Segunda Sala, que encabeza el ministro Alberto Pérez Dayan, se analizarán los amparos en contra de la siembra de la soya modificada genéticamente.

Aunque las discusiones son privadas, la votación de cada uno de los temas estará abierta al público. Se necesita solo una mayoría simple de tres votos para que un asunto pudiera quedar resuelto en cualquier sentido.

También existe la posibilidad de que alguno de los amparos sea enviado al pleno de la Corte para su discusión por los 11 ministros (incluyendo a su presidente), o que de nueva cuenta se aplacen para una semana más de análisis.

Los abogados que promovieron estos amparos reconocieron, en entrevistas con Animal Político, que la postergación que se ha presentado con los dos temas evidencia que hay opiniones encontradas entre los ministros, pero confiaron en que habrá resoluciones favorables pese a las posturas divididas.

En el caso de la mariguana, el abogado Fabián Aguinaco Bravo adelantó que de obtener una resolución positiva, el siguiente paso será buscar la posible legalización de la comercialización de la droga. Por el contrario, se mostró en desacuerdo de que el debate se vaya al pleno de la Corte o a una consulta pública, pues esto alargaría el tema por lo menos hasta 2017.

Respecto a la soya transgénica, si la Corte resuelve en favor de que la empresa Monsanto continúe con la producción, el caso sería llevado hasta los tribunales internacionales, señaló Jorge Fernández, representante legal de quienes están en contra de la siembra de esta semilla modificada.

Se prevé que sea a las 11 de la mañana cuando las dos salas de la Corte comiencen a sesionar para el análisis de estos y otros asuntos.
Mariguana: proyecto a favor, resultado en duda

La batalla legal inició en el 2014 con la demanda de amparo que interpusieron cuatro activistas y la organización denominada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable, en contra de la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para expedir un permiso de producir mariguana con fines recreativos.

Luego de las múltiples apelaciones el amparo llegó hasta la Corte y fue turnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien concluyó que la prohibición total sobre la producción de la mariguana es anticonstitucional, pues atenta contra el libre desarrollo de la personalidad.

En su proyecto, que se puede consultar públicamente, Zaldívar revisó primero si la política de prohibir en su totalidad cualquier forma de consumo de la mariguana realmente era una medida válida para fortalecer la salud y el orden público, y después, si se justifica la medida frente a la limitación que esto signifique en el desarrollo de la personalidad.

Tras el análisis, el ministro concluyó que aunque sí existe cierto beneficio en el impedir el consumo de mariguana la medida es excesiva, pues el daño que ocasiona es mínimo en comparación con otras drogas incluso legales (alcohol o tabaco), y existen alternativas menos excesivas como campañas informativas, restricciones en zonas de consumo y con límite de edad, entre otros.

“Esta Primera Sala considera que se trata de una medida que no sólo innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar” concluye el ministro.

El pasado miércoles 27 de octubre los cinco ministros de la Primera Sala debatieron el proyecto pero no se alcanzó un consenso. A solicitud del ministro José Ramón Cossío, el tema se dejó en la lista de asuntos pendientes, lo que extendió su posible resolución hasta este miércoles.

El abogado Fabian Aguinaco Bravo, que junto con su hermano llevan la estrategia legal para impulsar el amparo, no quiso especular en torno a las posibilidades del resultado. Subrayó que el único voto seguro con el que cuentan hora es el del ministro Zaldívar, pero confió en que se lograrán por lo menos otros dos.

“Sabemos que están haciendo un mejor estudio. Siempre es positivo que se sumen argumentos para debatir sobre el tema (…) tenemos pleno convencimiento que se está haciendo un análisis serio incluso para llegar a un mejor proyecto. Hay la confianza de que se resolverá en beneficio de un derecho humano vital que es la libertad de las personas”, dijo en entrevista.

Sobre la posibilidad de que el caso pudiera ser enviado al Pleno o una consulta pública, el abogado no está de acuerdo. Recordó que el país decidió configurar una Suprema Corte para definir estos asuntos, por lo que al resolución debe recaer en los ministros que son personas “plenamente preparadas” para su estudio.

Respecto a la posible comercialización de la mariguana que ya se permite en otros sitios como Washington y Colorado, en Estados Unidos, según se menciona en el propio proyecto de Zaldívar, Aguinaco adelantó que ese será el siguiente paso si avanza la producción para el autoconsumo.

“No lo incluimos originalmente (en el amparo) porque queríamos que el tema fuera más sencillo de resolver. En el comercio entran muchos otros factores que hay que estudiar (…) Pero sí podría ser nuestro siguiente paso si es que los ministros no lo abordan por si solos en el debate que van a sostener” señaló.
Soya transgénica: división en busca de un consenso

En 2012 comunidades y organizaciones de apicultores indígenas de Campeche y Yucatán, principalmente de origen maya, presentaron siete amparos en contra de la siembra y producción de soya transgénico, a cargo de la empresa Monsanto y con la autorización del gobierno federal.

Los amparos se sustentaron en tres dictámenes emitidos por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), que concluyen que la cosecha de la soya modificada pone en riesgo el medio ambiente y por ende a las comunidades.

Los jueces federales resolvieron a favor de los demandantes y por un año se suspendió la siembra de soya genéticamente modificada; sin embargo, las apelaciones interpuestas por el gobierno federal y Monsanto ante un tribunal terminaron por levantar la suspensión. Así, el caso llegó a la Segunda Sala de la Corte.

Jorge Fernández, uno de los abogados impulsores de los amparos, dijo que los amparos recayeron en tres ministros de la segunda sala, José Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora, quienes por separado elaboraron proyectos de resolución distintos. Esta situación ha retardado una resolución.

“Los ministros aún no se ponían de acuerdo sobre el alcance de la sentencia y los puntos a discutir y decidieron posponer una semana la discusión pero esperamos que esto ya se resuelva. Los ministros pueden aplazar las veces que ellos consideren pero no creemos que esto vaya a suceder. Creemos que se ha trabajado un proyecto conjunto” dijo el litigante.

Fernández subrayó que, desde los juicios iniciales, se han presentado múltiples pruebas que evidencian el presunto daño que origina la siembra de soya transgénica con los procesos químicos que conlleva, y que van desde la contaminación al agua hasta el daño a la biodiversidad, lo que además pone en riesgo actividades productivas esenciales para los habitantes como la apicultura.

Se trata, agregó, de una violación a los derechos tanto a un medio ambiente sano como al de una consulta pública al que tiene derecho el pueblo maya.

“Los dictámenes de la Conabio, Conanp y el INE son claros en que no había ninguna condición para que se pueda llevar a cabo la siembra de soya transgénica en los polígonos en los que fueron actualizados y aun así el gobierno a través de SEMARNAT y SAGARPA otorgó permisos a Monsanto que son claramente ilegales” dijo el abogado.

Pese a lo anterior, Fernández reconoció que existe la posibilidad de que la Segunda Sala de la Corte vote en contra del amparo y se mantenga la producción de soya transgénica en Yucatán y Campeche. De ser así, subrayó, llevarán el caso a tribunales internacionales como un caso de daño ambiental y también de riesgo para comunidades indígena enteras.