Nuevas reglas de Pensiones en Coahuila: regresivas y erróneas
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Durmiendo el sueño de los justos en algún cajón del Congreso del Estado aguarda ‘mejores tiempos’ para ser aprobada la “Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública” desde hace un mes
¿Y eso qué implica?
Muy fácil. Si los diputados locales no modifican las condiciones que propuso el Gobernador en la Iniciativa de Decreto, y votan el documento sin cambiarle una coma, los “trabajadores de la educación pública” de Coahuila (incluidos los de la UAdeC y la UAAAN) serán obligados a incrementar sus años de servicio si desean pensionarse; de 28 a 34 en el caso de las mujeres, y de 30 a 36 para los hombres. Además deberán aportar el 13% de su salario mensual a la causa; el doble de lo que hoy contribuyen (6.5%).
En resumen: tendrán que trabajar seis años más, y recibirán un sustancial descuento de nómina.
Se trata de una medida impopular y regresiva. Es evidente. Pero los argumentos en que se asienta no se sostienen. Me explico.
La Exposición de Motivos de la Ley Pensiones afirma que “es indispensable hacer cambios de fondo” pues la situación actual es “grave”, “compleja” e “inviable”. No obstante toca superficialmente un tema que debería ser amplia y profundamente abordado: “las reservas se han agotado”.
¿Desde cuándo?, ¿por qué?, ¿quién las agotó?, ¿cómo sucedió?
No sólo eso, el Ejecutivo enfoca la comunicación del caso como si les hiciera un favor a sus empleados: “Gobierno del Estado debe cubrir anualmente mil millones de pesos para que las pensiones puedan ser pagadas a los maestros”. Y es lo mínimo que debe hacer por una sencilla razón: es el patrón. No hacerlo significaría retroceder en una conquista laboral.
Otra lectura de la Exposición de Motivos infiere una lucha de generaciones entre ancianos y jóvenes: “más del 60% de la nómina de los trabajadores de la educación en activo se destina al pago de pensiones”. Aunque parece un asunto de lógica y proporcionalidad, no hay un trasvase de fondos de un grupo etario a otro como sugiere lo entrecomillado.
El punto clave para sostener los sistemas de pensiones que se financian a través de cotizaciones no es el número de activos versus el número de pasivos, sino el potencial recaudatorio del Estado. Y éste depende de la productividad; a más productividad más salario y más cotizaciones.
Cito un ejemplo para demostrar que la iniciativa es desproporcionada y, hasta cierto punto, clasista: para un profesor investigador de la UAAAN (una minoría en el mercado laboral que regulará la nueva Ley) retrasar su jubilación puede representar un beneficio.
Pero quien hace la limpieza de los baños en una secundaria, y realiza por tanto un trabajo repetitivo y poco gratificante, no pensará lo mismo. Al contrario: le supondrá un gran sacrificio ese retraso.
La Ley de Pensiones, por lo demás, se sustenta en una hipótesis errónea: que los ancianos de hoy viven mucho más que antes.
Esa idea está basada en una confusión. Decir que la esperanza de vida ha aumentado no significa que ahora los adultos mayores vivan más. En realidad el crecimiento de la expectativa se debe al descenso de la mortalidad entre niños y jóvenes, por lo cual mucha más gente llega a la vejez en 2015; aunque una vez ancianos los años de vida han aumentado muy poco.
Por ello aumentar el plazo para jubilarse significa también reducir los años de beneficio.
Cortita y al pie
¿Cuál es la solución entonces?
Aquí va una propuesta: aumentar la financiación procedente de los fondos del Estado. Sin embargo existe un problema, el mismo de siempre: no hay liquidez debido a la Deuda Pública.
“De no realizar las modificaciones”, advierte la Exposición de Motivos, “el costo de las pensiones magisteriales para el Gobierno del Estado crecería de mil a mil 700 millones anuales a finales de la próxima administración”, y “resultará impagable”.
La última y nos vamos
Para dimensionar: Gobierno del Estado, el patrón, no tendrá mil 700 millones al año para solventar las pensiones a sus trabajadores de la educación, en cambio está obligado a desembolsar 4 mil 163 millones de pesos anuales para pagar la Deuda Pública, de los cuales 2 mil 367 millones (según el Presupuesto de Egresos 2015) cubren sólo intereses a los bancos. Ni siquiera reducen el capital.
¿Quién desequilibró el barco entonces?, ¿los que se jubilan porque les corresponde?, ¿o los que pidieron 36 mil 726 millones de pesos a crédito y endeudaron por 30 años a la entidad?
¿Y deben ser los primeros quienes paguen los platos rotos?
@luiscarlosplata
