Que se jodan los ciudadanos

Con gran verdad y con igual valor, Jacqueline Peschard, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, en el "Sexto Seminario Internacional Poder, Corrupción e Impunidad", señaló que, "los actores políticos en México tienen un pacto de impunidad que impide que el combate a la corrupción sea efectivo y que se desmantelen las estructuras con las que operan desde distintas instituciones".

A partir de este pacto es que nos podemos explicar casi todo, por ejemplo, por qué Odebrecht, acompañó "de tiempo completo" y financió la campaña presidencial de Enrique Peña y por qué la remoción del ex fiscal, Santiago Nieto, fue una determinación política-autoritaria y no jurídica.

Queda claro, por qué cada día hay más pobreza, desigualdad, violencia, feminicidios y más víctimas de trata.

Encontramos, desde luego, una explicación que ilustre por qué a pesar de que las y los ciudadanos y empresas pagaron sus impuestos histórica y oportunamente, el gobierno cierra con finanzas débiles y un endeudamiento de 470 mil 53 millones de pesos. Es evidente cómo pudo consumarse el último gasolinazo. Una historia que muestra de cuerpo completo ese pacto que una y otra vez agravia a las y los mexicanos.

En marzo de este año, después del gasolinazo, producto de la reforma energética, lograda a base de mentiras y falsas promesas, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió una Iniciativa Ciudadana, encabezada por Ivonne Ortega Pacheco, acompañada por más de 400 mil firmas, la cual proponía bajar el IEPS para que no fueran los ciudadanos, sino el esfuerzo del gobierno, quien asumiera el costo extra de las gasolinas.

Las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, omitieron darle trámite y la metieron al cajón del olvido. En consecuencia, los firmantes promovieron ante el máximo Tribunal una demanda de juicio para la protección de sus derechos políticos en contra de la Cámara de Diputados, exigiendo que fuera discutida y votada.

El Tribunal otorgó razón a los ciudadanos y ordenó a la Cámara que la Iniciativa Ciudadana fuera discutida y votada en cuanto iniciara el reciente periodo de sesiones en el Pleno.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva se pasó por el "arco del triunfo" el mandato del Poder Judicial, no la puso a discusión, y a pesar de estar imposibilitadas legalmente para ello, las Comisiones referidas dictaminaron en contra de la propuesta y la votaron hace dos días por 45 votos a favor del PRI y sus aliados PVEM, Panal, PES, contra 36 votos de las demás fuerzas políticas que nos oponíamos.
Los legisladores de Morena alegaron la ilegalidad y el desacato a la sentencia del Tribunal. Dieron razones suficientes para explicar el golpe que significaría para la economía de las familias dicha decisión, sin embargo, ganó de nuevo el pacto, y la respuesta fue: que se jodan los ciudadanos.

Simplemente y haciendo gala de impunidad, 45 diputadas y diputados se pusieron por encima de la Constitución, de las leyes, del mandato del Poder Judicial, de la decisión de los otros 455 legisladores y del pueblo de México.

Lo anterior fue posible debido a ese pacto cínico, oprobioso, sucio y corrupto del que hablábamos al inicio de este artículo. Sólo un pacto de esta naturaleza puede explicar el silencio del Tribunal, cuando 45 personajes le dicen, voz en cuello, tú no mandas y no vales nada.

Twitter: @laraPaola1