El IFT: una mala ocurrencia

"Se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula" (compromiso 40).

Así dice textualmente el documento del Pacto por México. Me pregunto ¿en qué momento decidieron los integrantes de su Consejo Rector desaparecer la Cofetel para dar paso a ese elefante blanco llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y dotarlo de autonomía constitucional?

Sostengo que es un error acabar con la Cofetel en lugar de reforzarla. Y más grave aún es la ocurrencia de crear nuevas instituciones con autonomía constitucional para realizar tareas que son propias del gobierno.

Los órganos con autonomía constitucional están hechos para contener al gobierno. A saber: en materia electoral, el Instituto Federal Electoral; ante posibles abusos del poder, la CNDH; para controlar la inflación, Banxico; para manejar con objetividad las cuentas nacionales, el INEGI; y próximamente para garantizar el acceso a la información pública gubernamental, el IFAI.

La actividad de los particulares, especialmente en el ámbito económico, debe ser parte de una política pública que va desde la planeación, regulación, supervisión y sanción hasta el otorgamiento de concesiones para la explotación de bienes del dominio público de la Federación. Eso le corresponde al gobierno y no a órganos autónomos del Estado. Cosa de leer con cuidado el artículo 27 Constitucional.
Ya si a esas nos vamos, pues tengamos órganos autónomos para la energía; la minería; los servicios financieros; el transporte aéreo, terrestre y marítimo; la recolección de impuestos; el aprovechamiento del agua y demás actividades donde participan los particulares. Y entonces, ¿para qué queremos al gobierno?

La Organización Mundial del Comercio recomienda la independencia del regulador en el sector de las telecomunicaciones, sí, pero respecto de los agentes regulados y no en relación con el gobierno. Prácticamente en todos los países el órgano regulador depende del ministerio o al menos del parlamento.
Y de lo que no se dan cuenta los genios que diseñaron el IFT es que estarían creando un monstruo que podría caer en las peores arbitrariedades y censuras sin contrapeso ni control. Dice el proyecto de reforma constitucional que las normas generales, actos u omisiones del IFT únicamente podrán ser impugnados mediante juicio de amparo indirecto y que no serán objeto de suspensión. No le reportará ni responderá a nadie. Sólo se prevé la presentación de un informe anual de actividades a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión y comparecencias "en los términos que dispongan las leyes". Punto.

La diferencia es que hoy las decisiones de la Cofetel están sujetas al recurso de revisión ante el titular de la SCT y a ulterior instancia ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; además del juicio de amparo, donde muchas de sus decisiones sí tienen el beneficio de la suspensión del acto reclamado. Cuenta con el contrapeso del Poder Legislativo, ante quien reportan actividades y comparecen periódicamente; la Cofetel participa de un Programa Sectorial y del Plan Nacional de Desarrollo y tienen un jefe responsable de todo ello, que es el presidente de la república.

Con la propuesta del IFT nada de eso ocurriría. Los comisionados decidirían a sus anchas sin más límite que su conciencia. Y si ninguna decisión podrá ser objeto de suspensión, ¿quién y cómo se hará responsable de los daños y perjuicios causados por una determinación que a la postre resulte ser amparada y protegida por la justicia federal?

Escoger a los comisionados del IFT a través del Comité de Evaluación a cargo de tres supuestos expertos en materia de telecomunicaciones, como lo son el gobernador del Banco de México, el presidente del INEGI y el titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es una burla. Además, proponen que sólo puedan aspirar a ser comisionados los que tengan carrera directamente relacionada con las telecomunicaciones (los abogados quedamos fuera de facto); que en los últimos cinco años no hayan trabajado en empresas del sector; ni sido secretario de Estado, procurador, gobernador, jefe de gobierno, diputado o senador pero, eso sí, que tengan reconocida experiencia en el sector.

Del Comité de Evaluación iría una terna al Ejecutivo Federal, quien escogería a un candidato y lo enviaría para ratificación del Senado por mayoría calificada. ¿De veras creen que los nuevos comisionados de peluca blanca, una vez que lleguen a ese encargo inamovible de nueve años, no serán presionados o capturados por agentes regulados o por partidos políticos?

Y el colmo es que, en el proyecto, ni siquiera tendría autonomía plena el IFT. Para otorgar y revocar concesiones habría que pedir opinión al titular de la SCT; para cobrar contraprestaciones, a la Secretaría de Hacienda, y, para ordenar el espectro radioeléctrico, esperar a ver qué dice el Plan Nacional de Desarrollo.

Lo dicho: el IFT es una mala ocurrencia.

Por Javier Lozano