Desde hace meses la PGR suspendió el contacto con familias de desaparecidos

Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político

Familiares de personas desaparecidas, cuyos casos son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), denunciaron que esta institución suspendió –desde febrero pasado– el mecanismo de seguimiento a las indagatorias para dar con el paradero de sus seres queridos.

Desde entonces, subrayaron, dichas pesquisas están detenidas.

El mecanismo de seguimiento, explicó Guadalupe Fernández –mamá del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Coahuila desde 2009– permitía a cada familia celebrar reuniones periódicas con el responsable en turno de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como con los agentes del Ministerio Público y con los fiscales que llevaban cada caso.

Este mecanismo de vigilancia a las investigaciones, señaló Fernández, se instauró en 2012, tras detectarse que no había coordinación en el trabajo de cada área de la SEIDO, por lo que se acordó que cada una de dichas áreas presentara un informe mensual de sus avances ante las familias de las víctimas, y ante el titular de la Subprocuraduría.

A partir del análisis conjunto de dichos informes, las familias y el titular de la SEIDO establecían las nuevas acciones que debían emprenderse en cada investigación, y se llamaba a cuentas a los agentes y fiscales que fueran responsables de eventuales retrasos u omisiones.

Sin embargo, este septiembre se cumplieron siete meses sin que el titular de la Subprocuraduría reciba a las familias con las que se había entablado esta interlocución desde 2012.

(Los familiares) nos hemos quedado callados todo este tiempo –señaló la señora Fernández–, porque teníamos la esperanza de que sería algo temporal, todo este tiempo hemos estado pensando mañana ya nos van a recibir pero no es así, y ya me cansé. Somos muchas familias a las que la SEIDO nos ha cerrado las puertas.

Con el objetivo de que se retome este mecanismo de seguimiento, explicó la señora Guadalupe Fernández, les hemos llamado por teléfono innumerables veces, y en todas las ocasiones la secretaria nos anuncia que nos devolverán la llamada, sin cumplirlo; luego solicitamos audiencia con el titular de SEIDO a través de una petición formal entregada a la Oficialía de Partes de PGR, y nuevamente nos volvieron a prometer una cita en junio, que tampoco fue cumplida, nos dejaron plantados.

El 9 mayo, se le notificó de esta situación directamente la actual procuradora General de la República, Arely Gómez, pero tampoco hizo absolutamente nada, y por último se pidió la intervención de Roberto Campa (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), quien personalmente nos había ofrecido todo su apoyo en lo que fuera necesario, pero él tampoco cumplió su palabra: la interlocución se cerró completamente.

Según los registros del gobierno mexicano, al menos 662 casos de desaparición forzada son investigados desde el fuero federal, por la Procuraduría General de la República.

Sin este proceso de vigilancia a las investigaciones, subrayó la señora Fernández, éstas quedan prácticamente congeladas, y con ello queda también suspendido el seguimiento al proceso penal que se sigue contra los presuntos responsables de desaparición forzada, que han sido detenidos.

Este gobierno ha sido totalmente insensible, y está provocando retrocesos en todo lo conseguido en el pasado: en el caso de mi hijo, hay varios detenidos que participaron en su secuestro, y que ya están tramitando amparos en contra del auto de formal prisión. Y mientras ellos se están moviendo legalmente para salir libres, la PGR no está haciendo prácticamente nada.

Para conocer la postura de esta institución pública ante estas denuncias, Animal Político solicitó desde principios de septiembre una entrevista con un representante oficial, sin que se obtuviera respuesta favorable.

Gobierno mexicano, de ojos cerrados: ONU

El pasado 11 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU determinó que, a cuatro años de que presentara al Estado Mexicano distintas recomendaciones para enfrentar esta problemática, ninguna de éstas ha sido plenamente implementada.

El Grupo de Trabajo de la ONU lamentó que las autoridades nacionales ni siquiera admiten que en México existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio.

Esta falta de reconocimiento respecto de la dimensión del problema, señaló el Grupo de Trabajo de la ONU, ha derivado en la falta de un diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición forzada de personas, que permita desarrollar las medidas integrales y efectivas para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación.

Las investigaciones tardías y deficientes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son un ejemplo del tipo de anomalías que se presentan en México para enfrentar el problema de la desaparición forzada, destacó el organismo de la ONU, el cual se describió como consternado ante la alarmante impunidad que prevalece en México.

De hecho, se subrayó que las autoridades mexicanas han incurrido en abandono de las investigaciones sobre desapariciones forzadas de los años 70 y 80, a grado tal que parecería que, en este tema, el Estado (Mexicano) ha renunciado al cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Incluso, se subrayó, se han dado retrocesos, como impedir el acceso a documentación conservada en el Archivo General de la Nación, y que da cuenta de la responsabilidad de funcionarios públicos en la comisión de estos crímenes.

En México, concluyó el organismo de la ONU sobre desapariciones forzadas, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación.