Exhorta Cepal a erradicar discriminación por orientación sexual

México, DF. Representantes de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas aprobaron el "Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo", texto particularmente relevante para las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, pues hace clara referencia a la necesidad de erradicar la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Las naciones instaron a generar estadísticas sobre la realidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT) y a asegurar el ejercicio de los derechos sexuales, el acceso universal a la salud, así como hacer efectivas políticas actuales sobre igualdad y crear nuevas propuestas focalizadas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género.

El documento destaca que la elaboración de estadísticas públicas realizada por los distintos organismos del Estado debe seguir la lógica inclusiva y de ampliación de derechos planteada desde la política pública. Agrega que la generación de información sobre población afrodescendiente, población indígena, personas con discapacidad, personas LGBT, género, desigualdades y brechas sociales, envejecimiento, y otros temas, constituyen insumos básicos para elaborar políticas públicas y son importantes en aras del monitoreo de los objetivos planteados en las agendas nacionales y regionales".

Sobre el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, los países se comprometieron a "promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva".

Los representantes ante la Cepal plantearon la necesidad de desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género.

Durante la reunión, titulada "Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para la agenda después de 2014", se establecieron en el Consenso de Montevideo 120 medidas para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.

Además, los asistentes se comprometieron a garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad sin demeritar las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGTB, personas mayores y personas con discapacidad.

El texto advierte que pese a los avances para prevenir y tratar el VIH/sida, la eliminación del estigma y la discriminación es aún un desafío generalizado, sobre todo los que rodean a las personas LGBT, las trabajadoras del sexo, las mujeres que viven con la epidemia, y las personas usuarias de drogas.

En torno a la igualdad de género, los representantes de 38 naciones ante la Cepal apuntaron que la violencia contra las niñas, mujeres, personas LGBT y la violencia sexual en particular constituye un "indicador crítico de marginación, desigualdad, exclusión y discriminación de género contra las mujeres, que tiene implicaciones en la autonomía, la autodeterminación, la salud individual y colectiva y el ejercicio de los derechos humanos.

A la vez, subrayaron que la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual e identidad de género sitúan a las personas LGBT en una posición de vulnerabilidad que les impide acceder a la igualdad y al ejercicio pleno de su ciudadanía.

El texto fue aprobado en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada entre el 12 y 15 de agosto pasado por la Cepal y el Gobierno de Uruguay, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.