Hacinamiento y negligencia plagan cárceles de las América Latina

Washington, EU.- El hacinamiento, "serias deficiencias" estructurales, la corrupción y, en general, la "negligencia estatal" hacen que en buena parte de las cárceles de las América Latina no sólo se violen los derechos fundamentales de los presos, sino que éstas no cumplan su función de readaptarlos a la sociedad, dijo hoy la CIDH.

La sobrepoblación y hacinamiento, las "deficientes" condiciones de reclusión, los "altos índices" de violencia carcelaria unidos a la "falta de control efectivo de las autoridades", así como el "empleo de la tortura con fines de investigación criminal" y el "uso excesivo de la fuerza" y de la detención preventiva, son algunos de los problemas "más graves y extendidos" en las cárceles de la región.

Así lo sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su primer "Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las América Latina", presentado este jueves en Washington.

En éste, el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) también denuncia la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables y la falta de programas laborales y educativos, además de "corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria".

Todo ello demuestra la existencia de "serias deficiencias estructurales" que "afectan gravemente a derechos humanos inderogables" como el derecho a la vida y la integridad personal de los reclusos, advierte la CIDH, según la cual esta situación además impide que en la práctica las sentencias de cárcel cumplan con su "finalidad esencial: la reforma y readaptación social de los condenados".

Algo, añade, especialmente grave dada la juventud de buena parte de la población carcelaria.

Este hecho "hace aún más imprescindible el que se desarrollen políticas efectivas de rehabilitación, que incluyan oportunidades de estudio y trabajo, toda vez que se trata de una población que puede tener una vida productiva por delante y que, de no ser así, corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal", advierte en su informe.

Para la CIDH, esta realidad generalizada de las cárceles de la región es resultado tanto de "décadas de desatención del problema carcelario" por parte de los gobiernos de la región, como por una "apatía de la sociedad" que prefiere "no mirar" hacia el problema carcelario.

Ello hace que estos centros de privación de libertad se hayan convertido en "ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización, en los que impera la arbitrariedad y la corrupción", alerta la CIDH.

La falta de un "control efectivo" de los centros penales por parte de las autoridades estatales provoca además "graves" situaciones, como el "autogobierno" o de "gobierno compartido" de las cárceles, producto a su vez también de la "corrupción endémica en muchos sistemas". Asimismo, es una de las causas de los altos índices de violencia carcelaria y de que desde las cárceles se organicen y dirijan hechos delictivos, añade la Comisión.

Las cárceles latinoamericanas han sido reiteradamente noticia en los últimos meses, entre otros por dramas como el incendio que se registró a mediados de febrero en el centro penal de Comayagua, en Honduras, en el que murieron más de 300 personas.

"Independientemente de que la causa inicial de estos incendios haya sido un brote de violencia (...) o que se hayan generado espontáneamente por otras razones, la mayoría se produjeron en cárceles sobrepobladas, con instalaciones físicas deterioradas, en las que no había mecanismos ni protocolos para hacer frente a estas situaciones", señala al respecto la CIDH.

Y, agrega como agravante, "en circunstancias en las que las autoridades fueron manifiestamente negligentes en controlar esa situación de emergencia" pese a que "en la mayoría de los casos estaban ya en conocimiento de estas condiciones y del nivel de riesgo presente".