Ley 'antimordida' cerrará el paso al lavado, confía diputado

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados, aseguró que la Ley Anticorrupción que aprobó esa instancia legislativa permitirá cerrarle el paso al lavado de dinero del crimen organizado.

"Es una ley de avanzada. Todo este tipo de corrupción comenzaba a entrelazarse con el crimen organizado y con el lavado de dinero, por eso su importancia", dijo.

En entrevista, el diputado del PVEM indicó que la próxima semana podría pasar a votación al Pleno la reforma y sería inmediatamente remitida al Senado de la República, ya que se le hicieron pequeñas modificaciones a la minuta original; sin embargo, añadió, existe el compromiso del Senado de avalarla en sus términos y remitirla al Ejecutivo para su publicación.

Detalló que la reforma tiene alcances trascendentales, que cierran el círculo anticorrupción, ya que será empleada junto con la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por lo que se podrán sancionar tanto a los funcionarios como a los particulares.

Subrayó que la ley permitirá que las prácticas de soborno se investiguen y sancionen, tanto a los particulares, denominados personas físicas, como a las empresas, personas morales.

"Esta normatividad anticorrupción en contrataciones lo que viene a hacer es sancionar a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera que están participando en procedimientos de adquisiciones o licitaciones en el gobierno federal, y que están tratando de sobornar a los funcionarios públicos", indicó.

Escudero Morales precisó que las sanciones serán de dos maneras, con multas contra las personas físicas de nacionalidad mexicana o extranjera, de 60 mil pesos a los casi 3 millones de pesos.

Por otro lado, a las personas morales se les sancionará con montos desde los 600 mil pesos a casi 128 millones de pesos. En ambos casos se procederá a la inhabilitación desde los cuatro meses a los 10 años para que no puedan contratar con el gobierno federal.