México abrirá totalmente las telecomunicaciones a extranjeros, advierte Wikileaks

La liberalización de servicios de telecomunicaciones que se negocia en el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) incluye la apertura total a la inversión extranjera en el sector, el trato diferenciado a los grandes proveedores, quienes entre otras obligaciones deben permitir la desagregación de sus redes para permitir la entrada de otros competidores, así como la apertura de todas las redes públicas de telecomunicaciones.

De acuerdo con el anexo sobre Telecomunicaciones proporcionado por Wikileaks, los países participantes en el acuerdo se comprometen a que en servicios de televisión por cable, programación de televisión abierta y radio se mantendrán restricciones.

mantener restricciones a la inversión y acceso Asimismo, asumen la obligación de dar a conocer el espectro del que disponen, en qué frecuencias, y establecer los mecanismos similares con el mercado para asignarlo.

El acuerdo señala que los países podrán establecer ciertas condiciones para mantener la "neutralidad tecnológica" que les permita legitimar sus políticas públicas, pero sin crear obstáculos al comercio.

El documento refleja una política de apertura absoluta en los servicios de telecomunicaciones, pero no se refiere en ningún momento a obligaciones de cobertura para los proveedores de servicios, y sólo menciona el servicio universal como un punto en el que cada país es libre de definir el tipo de servicio universal al que tendrán derecho los ciudadanos, y las obligaciones de los prestadores de servicios, pero, acotan los negociadores de TISA en el artículo 14 del anexo, la definición y las obligaciones deberán adoptarse en condiciones de transparencia, sin discriminación y en favor de la competencia.

Posiciones

Especialistas mexicanos en telecomunicaciones señalaron que la apertura total del sector es positiva en cuanto a que habrá más competencia y mejores tarifas, pero para quienes tiene acceso a esos servicios; mientras la población de escasos recursos o alejada de zonas urbanas quedará desprotegida porque no existen obligaciones de cobertura.

Ramiro Tovar Landa, consultor y asesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), destacó que un acuerdo como TISA no puede definir la actuación de un órgano regulador, y advirtieron que pese a que el gobierno mexicano piensa dar cobertura social a través de la red compartida que está por licitarse, no hay garantía de que lo logre, porque la reforma constitucional no estableció las bases para garantizar la cobertura; no existen obligaciones ni fondos de cobertura como en otros países.

El director de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, precisó que México está adelantado incluso a las negociaciones que se plantean en el anexo de telecomunicaciones de TISA, pero alertó que en Europa se realizaron 14 desagregaciones de bucles y eso dio por resultado una sobrerregulación.

Advirtió que la apertura de redes y su desagregación pueden llevar a que las empresas dejen de hacer la inversiones necesarias para el desarrollo de infraestructura. Destacó que en México puede haber apertura absoluta, más competencia, convergencia y tarifas bajas, pero sólo para la población que ya está conectada, no para 50 millones de mexicanos que todavía no tienen acceso.

Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dijo que un acuerdo como TISA probablemente no se pueda detener, incluso puede ser necesario, pero entonces gobiernos como el de México tienen que ver la manera de lograr la cobertura social para ese segmento de la población que no tiene acceso a servicios de banda ancha, ni los va a tener por interés propio de los proveedores de servicios, porque se trata de personas pobres y alejadas que no son un mercado atractivo.

El análisis que Wikileaks hizo sobre el anexo en materia de telecomunicaciones alerta que los entes reguladores deben ser independientes de las empresas que regulan, pero también de los gobiernos. Enfatiza que la regulación no debe ir sólo en favor de la competencia económica, sino también con miras a las necesidades de los usuarios de estos servicios.

Asimismo, advierte que la desagregación de la red del operador principal no es una política acertada para todos los países, porque si bien es cierto que ayuda a reducir costos y a evitar que se duplique infraestructura, también lleva a que el resto de los operadores no inviertan en su propia infraestructura de última milla, la que llega a los hogares a los que pretenden dar servicio.

El acuerdo TISA

El anexo de Telecomunicaciones del acuerdo refleja una serie de convenios que en México ya se practican o están en curso, como la desagregación de la red del mayor proveedor de servicios, la apertura de su red para servicios de transporte e interconexión, y la obligación de permitir el acceso a otros operadores en condiciones no discriminatorias.

Entre las obligaciones que se deben imponer a los operadores más grandes (aquí no se usa el término preponderante o con poder sustancial), figura la de ofrecer servicios de interconexión, estar sujetos a supervisión para evitar que practiquen subsidios cruzados, o que utilicen información confidencial de otros competidores que hayan obtenido al momento de establecer acuerdos o contratos.

Los negociadores llevan avances en temas como permitir la apertura de todas las redes públicas de telecomunicaciones, no sólo las de los operadores más grandes, a fin de que todos los interesados en acceder a ellas lo hagan con tarifas accesibles y en esa lógica haya condiciones de competencia. La apertura de redes deberá ser a cambio de una compensación económica.

De igual forma, hay consenso en la necesidad de que existan órganos reguladores independientes, que estén de acuerdo con lineamientos con los que se garantice su autonomía y mantengan la distancia de los regulados, y cuya función sea emitir sólo la regulación necesaria para propiciar el funcionamiento del mercado, nunca una sobrerregulación.

Los reguladores deben establecer obligaciones y sanciones para los operadores, pero también mecanismos de defensa. Las resoluciones deben darse en tiempos considerables, y deben existir también recursos de reconsideración.

El documento filtrado por Wikileaks destaca que los países se comprometen a garantizar la apertura de redes de cable submarino en el caso de que existan proveedores de este tipo de servicio, con la misma intención que tiene la apertura de las redes públicas de telecomunicaciones, esto es, permitir que otros proveedores accedan a esa infraestructura.

Los negociadores buscan que el otorgamiento de licencias y concesiones para ofrecer servicios de telecomunicaciones se haga de forma cada vez más ágil, "de ser posible" a través de una notificación simple, y también buscan que no haya límites sobre la cantidad de licencias o concesiones que pueda tener un operador.

Como parte de los acuerdos, los países han convenido temas que los propios operadores ya consideran dentro de sus estrategia, al menos en México, tales como el tratamiento al roaming internacional en telefonía móvil.