Periodistas mexicanos buscan sin éxito un refugio

MÉXICO, D.F.- El fotoperiodista morelense que hace tres meses se refugió en la Ciudad de México tras recibir una amenaza de muerte del crimen organizado, está desesperado por no encontrar trabajo: entrega su currículum por doquier, va a ferias del empleo, vendió artículos de Telcel en la calle, pero no le pagaron lo acordado y lo dejó. Ya considera convertirse en policía auxiliar. O regresar a Morelos.

"Han sido tres meses de frustración, tristeza y enojo por constatar el nulo financiamiento gubernamental a los periodistas desplazados en los programas de protección", dice el comunicador que pide el anonimato.

Su caso no es único. Reportes de diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión indican que por lo menos 50 periodistas de provincia, especialmente de Veracruz, Morelos, Durango, Coahuila y Guerrero, entre otros, buscaron refugio en la capital entre 2010 y 2012, pero la mayoría no pudo sobrevivir ahí y volvió a sus estados.

Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras, dice al respecto: "Los mecanismos federal y local tienen una gran deficiencia, al no considerar los desplazamientos forzados de periodistas, o no conocen su realidad o hacen caso omiso de la misma".

Los titulares de los mecanismos federal y capitalino rechazan ignorar el problema y argumentan, cada uno por su lado, que se trata de una realidad emergente que contará con programas para afrontarla.

Omeheira López, coordinadora del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, expone: "Todo estará dispuesto en el nuevo fondo de protección a periodistas".

El subsecretario de Gobierno capitalino, Juan José García, al frente del Mecanismo de Protección a Periodistas local, dice por su parte: "Estamos aprendiendo, es un fenómeno nuevo".



- Críticas a ley

Las críticas llueven sobre la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobada en junio de 2012, por centrarse en medidas reactivas de seguridad.

En casos de riesgo, la ley determina reubicar y dotar de medidas de protección: chalecos antibalas, un escolta, una cámara de vigilancia residencial. Si no se cumple el sistema beneficiario se cancela dicho esquema de protección.

La encargada de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CDHDF, Laura Salas, piensa que el mecanismo capitalino también tiene una perspectiva policial: poner escoltas y que la Procuraduría brinde atención sicológica.

"Cuando en realidad las necesidades primordiales son más sociales: vivienda, trabajo, salud, acompañamiento psicosocial, pero no de la Procuraduría o de su oficina de atención a víctimas, porque no estamos hablando de delitos comunes", comenta.

De igual forma, las organizaciones critican que en el caso del mecanismo federal no se contemple ayudar a los periodistas emigrados a otro país por su seguridad.

Artículo 19 documenta ocho casos de periodistas refugiados en Estados Unidos, Canadá y España, entre ellos una mujer, de 2008 a 2012. De estos, cinco ocurrieron en Chihuahua.

"Están totalmente abandonados", dice Elia Baltazar, cofundadora de la Red Reporteros de a Pie, "uno trabaja como conserje en una escuela, otro viajó con su hijo con una discapacidad".

Las organizaciones también cuestionan el manejo de recursos públicos destinado a la salvaguarda del gremio. El mecanismo federal en 2011 destinó 25 millones de pesos, del que hubo un subejercicio de 95% sin que exista claridad en lo erogado ni en quiénes fueron los beneficiados.

El gobierno capitalino, por su parte, destinó 10 millones de pesos a la protección de periodistas en 2011, de los cuales 7 millones se usaron para adquirir un inmueble histórico en la colonia Juárez que servirá como casa-refugio, y 3 millones para la asociación civil Casa de los Derechos de los Periodistas.

La casa-refugio tendrá una inversión superior a 13 millones de pesos y contará con seis departamentos para periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo medio. Además tendrá instalaciones generales y será la sede de la asociación civil.

Las organizaciones cuestionan que se destine tal presupuesto a una casa refugio cuya ubicación será pública y pondrá en riesgo a sus refugiados, cuando hay otras prioridades.