Persiste la impunidad por la matanza de Acteal; hay retroceso en la justicia: Frayba

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que a 15 años de la masacre de 45 indígenas ocurrida en Acteal, municipio de Chenalhó, "se ha profundizado la impunidad", por lo que la única esperanza de que se haga justicia está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría emitir un pronunciamiento sobre el caso en los primeros meses de 2013.

Víctor Hugo López, director del organismo, dijo en entrevista que en materia de justicia "se ve un claro retroceso en estos dos años recientes con la liberación de "50 de los 87 autores materiales", además de que 27 órdenes de aprehensión nunca fueron ejecutadas.

"En el año 2000 teníamos expectativas de que las cosas pudieran cambiar con el triunfo de Vicente Fox y de Pablo Salazar en los ámbitos nacional y estatal, pero después de dos sexenios vemos que los pendientes en materia de justicia para las víctimas continúa en la impunidad", agregó.

Los pendientes de Acteal están en dos planos: el nulo avance en las sentencias no ejecutadas contra los autores intelectuales y materiales de la masacre y la liberación de los autores materiales.

Ante estos hechos, señaló, el Frayba, que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, está en espera de que en enero o febrero de 2013 la CIDH se pronuncie sobre el caso. "La próxima semana entregaremos un informe general que nos han solicitado con una actualización", dijo.

"Para nosotros es la única esperanza ya; la demanda ante la CIDH afortunadamente trasciende periodos y personas; es decir, no tiene nada que ver con la demanda interpuesta ante la corte federal de Connecticut, Estados Unidos, donde un grupo de indígenas demandó al ex presidente Ernesto Zedillo por la reparación económica", aseveró López, quien recordó que "estamos ubicando ante la CIDH como responsable al Estado mexicano, por la aplicación de la estrategia contrainsurgente, con sujetos visiblemente responsables".

Por separado, Porfirio Arias Hernández, presidente de la organización de la sociedad civil Las Abejas, a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados, afirmó que "algún día se podrá juzgar a los criminales de Acteal porque hay mucha gente que está haciendo presión al gobierno".

Remarcó: "Aunque va a tardar, algún día serán juzgados, si no con la justicia de México, con los órganos internacionales, porque hay muchas organizaciones que ya han hecho una petición, como la que está en la CIDH, donde hay una petición admitida; como siempre hemos dicho: no confiamos en ninguna institución de gobierno en México, pero decimos que algún día serán juzgados en organismos internacionales".

De acuerdo con el Frayba, como consecuencia de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, fueron detenidos 87 indígenas, de los cuales alrededor de 50 fueron liberados en los dos años recientes porque se ampararon, además de otros nueve que fueron excarcelados previamente, porque el juez consideró que no existían elementos que acreditaran su responsabilidad y por razones de humanidad, debido a su edad.

Asimismo fueron detenidos 15 ex servidores públicos de bajo nivel, entre ellos el alcalde de Chenalhó, el priísta Jacinto Arias Cruz, que permanece en prisión junto con otras 10 personas.

El director del Frayba manifestó que una de las preocupaciones que tiene el organismo es que los "paramilitares liberados han regresado a Chenalhó, pese a que había el compromiso de las pasadas autoridades estatales de que no lo harían".

Añadió que Las Abejas "confirman que han regresado, que continúan con las armas en las manos y han realizado disparos. Nos parece que las condiciones previas a la masacre de 1997 son las mismas de ahora".

Comentó que a la fecha hay más de 15 personas sobrevivientes de la masacre que sufren los efectos de las lesiones que los paramilitares les ocasionaron.

"Por lo menos 10 de ellos acuden cada mes a la ciudad de México para recibir terapias y tratamiento médico con sus propios recursos y con el apoyo de médicos solidarios", aseveró, al tiempo de informar que desde hace varios años las autoridades estatales retiraron los apoyos para la curación de los sobrevivientes.

"Cuando ocurrió la división de Las Abejas, hace dos años, fue la última oferta que hizo el gobierno de Juan Sabines Guerrero de proporcionarles viviendas, seguro popular, reparación económica, proyectos productivos, apoyo para concesiones de transporte, cuotas preferentes en el pago de energía eléctrica y agua y becas para escuela", dijo.

Señaló que la condición era que con eso quedarían reparados todos los daños y, por tanto, "debían de cesar las denuncias y la continuación de la demanda ante la CIDH, lo que finalmente creó la división entre Las Abejas, porque no se proponía hacer justicia y un grupo no aceptó el ofrecimiento".