Lo deseable es que las reglas clásicas de la política local se dejen a un lado y se proceda, con imparcialidad, a lo que resulta obligatorio: investigar los hechos y, en su oportunidad, judicializar el caso

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional denunció anoche un presunto acto de abuso de poder por parte de un integrante del Poder Legislativo del Estado que implicaría la comisión del delito de lesiones. La gravedad de la denuncia obliga a la realización de una investigación seria por parte de las autoridades estatales.

El denunciado es Édgar Gerardo Sánchez Garza, quien llegó al Congreso del Estado de la mano del partido local Unidad Democrática de Coahuila, y del propio Acción Nacional, pero se declaró “independiente” tras cuestionársele su adhesión a las posiciones del PRI en las votaciones del Poder Legislativo.

Señalar el carácter de representante popular de Sánchez Garza es de la mayor relevancia, pues justamente la investidura que ostenta obliga a un mayor grado de reproche ante la conducta de la cual se le acusa.

Según informó anoche la dirigencia estatal del PAN, el legislador, originario del municipio de San Pedro, habría llegado hasta el domicilio particular del exdirigente municipal de Acción Nacional en aquel municipio, Elis Aarón Vázquez para agredir física y verbalmente a él y a su esposa, María de Lourdes Mendoza García, quien es integrante del Cabildo.

Con la información disponible al cierre de esta edición, Elis Aarón Vázquez habría sufrido un derrame en un ojo, producto de los golpes recibidos y su esposa habría sufrido también lesiones en el forcejeo con el agresor.

El caso, como corresponde a una sociedad en la cual el estado de derecho es la única ruta para hacer justicia, deberá investigarse y, si las evidencias que se obtengan sirven para demostrar la culpabilidad del acusado, deberá castigársele como corresponde.

La experiencia demuestra, sin embargo, que frente a las conductas ilegales de sus miembros, la clase política de nuestro País –y Coahuila no es la excepción– tiende a protegerse porque, aún cuando en público ventilen presuntas diferencias ideológicas, en privado practican los mismos vicios.

Lo deseable es que en casos como éste las reglas clásicas de la política local se dejen a un lado y se proceda, con imparcialidad, a lo que resulta obligatorio: investigar los hechos y, en su oportunidad, judicializar el caso.

Poco o nada podría hacerse en contra del diputado Sánchez Garza de forma inmediata, pues el fuero constitucional del cual disfruta impide emprender acciones legales en su contra. Pero quienes integran el Congreso del Estado harán bien dejando claro que no van a garantizarle impunidad a nadie.

No se trata de condenar a alguien antes de que sea juzgado, ni de violar la presunción de inocencia a que obliga nuestro sistema penal. Pero sí de advertir que este es uno de esos casos en los cuales la impunidad es el enemigo a combatir.

Es de esperarse que sobre el particular, y una vez que se concrete la denuncia correspondiente, se registre un pronunciamiento claro y sin ambigüedades de parte de la Legislatura estatal. De no hacerlo estarían abonando al descrédito de un Poder que debería ser fuente de confianza para los ciudadanos.