Gustavo de Hoyos Walther, la voz que incomoda a la 4T

A Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se le conoce como una de las voces más críticas del sector privado respecto a las acciones del gobierno de la actual y la anterior administración.

Se ha convertido en uno de los pocos que se atreven a alzar la voz, ya sea a través de sus redes sociales o por medio de comunicados, e incluso por imponer amparos contra decisiones de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes.

Ahora expresa las críticas de los empresarios que no se atreven a hacer señalamientos. Quizá por ello, los integrantes de la Coparmex decidieron hacer unos cambios en sus estatutos para que su líder pueda quedarse un quinto año.

Aun con los señalamientos que recibió en redes sociales por parte de diversos actores que cuestionaron la decisión de mantenerlo como líder de la Coparmex, entre los cambios a los estatutos  se aprobó que podrá reelegirse para  un sexto año, algo que se decidirá hasta agosto de 2020, lo que le abre la puerta para seguir siendo el principal detractor del gobierno.

Entre los empresarios no hay ninguno que se haya enfrentado tan fuertemente a las decisiones de gobierno, algo que es parte de la filosofía del  líder de origen regiomontano, quien creció en Baja California.

Las críticas contra el régimen también fueron para la administración de Enrique Peña Nieto, ya que para De Hoyos Walther es parte de sus principios criticar las malas decisiones que tome el gobierno y reconocer las que sean benéficas para el país.

Por ello, desde el inicio de 2019 atacó en diversas ocasiones la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar  el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, interponiendo incluso un amparo. También cuestionó el cierre de guarderías, así como las decisiones que frenaron la participación privada en el sector energético.

A mediados de este año emitió fuertes declaraciones contra el gobierno por el cambio en los contratos de  gasoductos, pues la certidumbre de las inversiones estaba en entredicho, y alertó que habría una caída de los proyectos de inversión.

Entre sus pronunciamientos más recurrentes está la incertidumbre que generan las decisiones del gobierno actual en materia económica, porque dice que la falta de crecimiento es producto de "señales claras y acciones contundentes".

Para el líder empresarial de 53 años  y abogado de profesión, el mayor problema de México es la inseguridad y la falta de apego al Estado de derecho, por lo que reprocha que no haya resultados claros de la administración. Además, considera que el gobierno federal "no va en serio" contra la corrupción, al verse casos como el de Manuel Bartlett Díaz.

En materia política, De Hoyos Walther atacó fuertemente la Ley Bonilla que permitió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, extender su mandato de dos a cinco años, a pesar de que la convocatoria electoral era por dos años.

Entre los principales desencuentros que tuvo este año con el presidente   López Obrador están la reforma para la revocación de mandato, la liberación del hijo del Chapo Guzmán luego del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, para capturarlo.

Uno de los últimos altercados se originó por el resultado de la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que De Hoyos Walther acusó al Presidente de aceptar acuerdos que afectan al país, algo que comparó con actitudes como las de Antonio López de Santa Anna.

Sus críticas no han sido ignoradas por el mandatario, quien lo acusó de ser de facto un líder de partido de oposición, algo que negó el empresario, quien respondió que la administración muestra intolerancia.

Entre las decisiones que aplaudió están la que hizo en torno a la creación de la Guardia Nacional, pues a través de un tuit afirmó que "siempre apoyaremos las acciones del @GobiernoMX que mejoren la seguridad, restauren el control pleno del territorio y promuevan la paz".

Otro de los temas que apoyó fue el incremento al salario mínimo general que se acordó a mediados de mes, al pasar de 102 a 123 pesos diarios, y que busca reducir la pobreza y que los mexicanos alcancen la línea mínima de bienestar.